La Agencia Nacional de Tierras recuperó un predio baldío de más de 6.000 hectáreas en Vichada ocupado durante casi dos décadas por Nicolás La Cerna y Gustavo Londoño, con más de 900 cabezas de ganado

El Gobierno colombiano, a través de la Agencia Nacional de Tierras, concretó la recuperación de un extenso predio rural en el departamento del Vichada que había sido ocupado durante años de manera indebida.

La propiedad, conocida como finca Buenavista, cuenta con una extensión superior a las 6.000 hectáreas y estaba en manos de Nicolás La Cerna, familiar de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, y del excongresista Gustavo Londoño García.

En el terreno se registraban además cerca de 1.000 cabezas de ganado, lo que evidenciaba su explotación económica prolongada.

La recuperación del predio se llevó a cabo el 5 de mayo, cuando funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras llegaron al municipio de La Primavera para ejecutar la decisión administrativa que había sido respaldada previamente por instancias judiciales.

Según los registros oficiales, se trata de un terreno baldío de la nación, es decir, una tierra que por ley no puede ser objeto de compraventa entre particulares y que está destinada exclusivamente a programas de reforma agraria para beneficiar a campesinos sin tierra.

El origen del conflicto sobre esta propiedad se remonta a varias décadas atrás.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, el terreno había sido ocupado desde los años setenta por un colono sin título legal.

Posteriormente, en 2008, Nicolás La Cerna y Gustavo Londoño habrían adquirido el predio mediante una transacción económica, pese a que la normativa colombiana establece que los baldíos no pueden ser comercializados.

Se estima que el valor pagado en ese momento fue cercano a los 50 millones de pesos, lo que equivaldría a aproximadamente 8.000 pesos por hectárea.

Años más tarde, en 2014, los ocupantes intentaron formalizar la propiedad del terreno mediante la figura de prescripción adquisitiva del dominio, un mecanismo legal que permite reclamar la propiedad de un bien tras ocuparlo durante un tiempo determinado.

Sin embargo, esta figura no aplica para tierras baldías, ya que su adjudicación corresponde exclusivamente al Estado.

A pesar de ello, en 2017 un juzgado de Puerto Carreño falló inicialmente a favor de los ocupantes.

La Agencia Nacional de Tierras, al no haber sido vinculada al proceso judicial, presentó una acción legal en 2019 para revertir esa decisión.

El Tribunal Superior de Villavicencio resolvió a favor de la entidad, y posteriormente la Corte Suprema de Justicia ratificó que el predio no podía ser adquirido por particulares, confirmando su condición de baldío de la nación.

Finalmente, en diciembre de 2023, la Agencia emitió una resolución formal declarando la ocupación como indebida.

Uno de los elementos clave del caso fue la extensión del terreno frente a los límites establecidos para la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que en esa región está fijada en aproximadamente 1.000 hectáreas.

El predio recuperado superaba ampliamente ese límite, lo que reforzó la decisión de las autoridades de intervenir.

Además, se conoció que entre 2020 y 2021 los ocupantes realizaron una división interna del terreno, distribuyéndose cerca de 2.

895 hectáreas para Nicolás La Cerna y alrededor de 1.

890 para Gustavo Londoño, mientras que otras áreas permanecían bajo propiedad compartida.

Estas acciones no modificaron la condición jurídica del predio ni impidieron el proceso de recuperación por parte del Estado.

Gustavo Londoño García, uno de los ocupantes, ha tenido trayectoria política en el departamento del Vichada, donde fue elegido representante a la Cámara en 2018.

En 2023 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción al sufragante, tras comprobarse que ofreció beneficios como títulos educativos a cambio de votos durante su campaña electoral.

La pena impuesta fue de cinco años de prisión, que cumple bajo detención domiciliaria.

Por su parte, Nicolás La Cerna es reconocido como empresario del sector agrícola, con actividades en ganadería y cultivo de arroz.

La senadora Paloma Valencia ha manifestado en diferentes escenarios que se trata de un familiar lejano y ha defendido públicamente su actuación, argumentando que muchos predios en los Llanos Orientales tienen antecedentes similares de ocupación histórica.

El caso de la finca Buenavista no es el único que involucra a familiares de la dirigente política en la región.

En el mismo municipio de La Primavera se han identificado otros predios baldíos vinculados a personas cercanas a su entorno familiar.

Entre ellos se encuentra el terreno conocido como Cachicamo, adquirido por Pablo Valencia Iragorri, quien también ha sido relacionado con operaciones similares junto a socios empresariales.

Estas propiedades, en conjunto, sumarían cerca de 3.800 hectáreas.

Las investigaciones sobre estos predios han señalado que, en algunos casos, se realizaron adquisiciones mediante documentos informales o cartas de venta, sin contar con títulos legales válidos.

Asimismo, se ha documentado la participación de empresas y figuras del sector empresarial en la consolidación de estas tierras, lo que ha generado debates sobre la concentración de la propiedad rural en Colombia.

La legislación colombiana establece que los baldíos deben ser adjudicados exclusivamente a campesinos sin tierra como parte de la política de reforma agraria.

En este sentido, el Gobierno ha reiterado que el objetivo de la recuperación de estos predios es redistribuir la tierra y garantizar el acceso equitativo a recursos productivos en el campo.

En paralelo a este proceso, se han conocido testimonios de ciudadanos colombianos en el exterior que han destacado otras acciones del Gobierno, como el envío de vuelos para repatriar connacionales desde centros de detención en Estados Unidos.

Según relatos recientes, estos vuelos se realizan aproximadamente una vez por semana y permiten el regreso de personas que han cumplido procesos judiciales o migratorios, aunque la demanda supera ampliamente la capacidad disponible.

La recuperación de la finca Buenavista marca un nuevo avance en la política de tierras impulsada por el Gobierno, en un contexto donde la distribución agraria continúa siendo uno de los temas centrales del debate nacional.

Las autoridades han señalado que el predio será incorporado a programas de adjudicación para campesinos, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución y las leyes vigentes.