Félix Martínez devela cómo la fragmentación del gasto en las EPS diluye los recursos públicos a través de múltiples niveles de utilidades privadas, afectando la calidad del servicio a los pacientes.

El debate sobre la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia ha dado un giro radical tras las recientes declaraciones de Félix Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), y los análisis técnicos del profesor Shamel. Ambos expertos han puesto al descubierto el complejo entramado operativo y financiero de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), un modelo fuertemente defendido por sectores políticos de oposición liderados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora Paloma Valencia, pero que hoy enfrenta duras críticas debido a su ineficiencia estructural.

Según el informe técnico, el argumento recurrente de las EPS sobre la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se contradice con la existencia de una cadena de hasta seis niveles de intermediación privada, donde cada eslabón extrae un margen de ganancia comercial antes de que el recurso llegue al usuario final.

“El gobierno contrata con la EPS, la EPS con una unión temporal, esta con el hospital, el hospital subcontrata la unidad renal o el laboratorio, y allí se vuelve a subcontratar al personal médico. Cuando el dinero pasa por seis intermediaciones y cada una busca rentabilizar un 10%, el capital real para la prestación del servicio se reduce a su mínima expresión. Esto no es eficiente; es la mayor ineficiencia del mundo”, argumentó Martínez.

El análisis pormenorizado de las órdenes de compra de Colombia Compra Eficiente revela cómo las patologías crónicas se han transformado en nichos de alta rentabilidad para capitales extranjeros. En el caso de los pacientes con insuficiencia renal, las EPS subcontratan los servicios especializados con firmas como Davita, una entidad privada con ánimo de lucro controlada en un 100% por una corporación de origen neerlandés.

Los anexos técnicos evidencian que un paquete integrado para la atención de accesos vasculares y diálisis de un grupo reducido de tan solo 81 pacientes puede llegar a facturar más de 1.257 millones de pesos. En total, este tipo de contrataciones alcanzaron sumas de 1.768 millones de pesos, permitiendo que la multinacional reportara utilidades netas superiores a los 21.400 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2025, recursos públicos que terminan fuera del circuito económico nacional.

El sector farmacéutico hospitalario y ambulatorio también se sitúa bajo el foco del escrutinio público. Empresas distribuidoras como Audifarma han registrado participaciones de hasta el 95% en consorcios como el Convenio Hospitalar SAS, obteniendo ganancias que superan los 5.000 millones de pesos.

No obstante, las auditorías estatales señalan que este proveedor ha sido objeto de severas sanciones administrativas por vulnerar los regímenes de control de precios instituidos por el Ministerio de Salud. De manera específica, se detectaron sobrecostos que duplicaban el precio máximo permitido en medicamentos esenciales para la diabetes, tales como la insulina Lispro, afectando la estructura de costos de los hospitales donde los pacientes se encuentran internados.

El modelo de tercerización obligada e incentivos de mercado ha fragmentado la operación interna de los centros hospitalarios públicos y privados en múltiples micro-negocios independientes:

Atención Ambulatoria: Contratada con firmas externas como Hell Farma, que extraen su respectivo margen de utilidad.

Diagnóstico Avanzado: Los exámenes e imágenes diagnósticas se derivan a laboratorios privados como Cedimet.

Cuidados Críticos: La operación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se delega en operadores especializados como Serviusis.

Logística y Abastecimiento: Las instituciones se ven obligadas a contratar plataformas digitales de intermediación de compras como Bionexo, cuyos costos ascienden a 60 millones de pesos por contratos de apenas seis meses de vigencia.

Servicios Transversales: La alimentación de los pacientes (Kinmar), el aseo y desinfección (Conlima), la vigilancia privada (Miro) y la gestión de residuos hospitalarios peligrosos (Bioresiduos) operan bajo esquemas de subcontratación donde cada empresa privada retiene una fracción del presupuesto de salud.

La conclusión de los expertos académicos y de la dirección de la ADRES es unívoca: el modelo actual adolece de una dispersión estructural del gasto. Mientras las corporaciones de servicios complementarios capturan jugosas tajadas de capital amparadas en el marco normativo vigente, el derecho fundamental a la salud de la población colombiana queda supeditado a un sistema financiero asfixiado por la proliferación de intermediarios con fines de lucro.