El expresidente Álvaro Uribe Vélez generó una fuerte controversia nacional tras publicar un video desde Segovia en el que advierte a las principales organizaciones armadas ilegales que no confíen en las promesas del candidato presidencial Iván Cepeda

El escenario político en Colombia ha entrado en una fase de alta volatilidad y confrontación directa de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

En un giro inesperado que ha sacudido las estructuras de debate sobre la seguridad nacional y la paz del país, el expresidente Álvaro Uribe Vélez encendió las alarmas institucionales tras publicar una declaración en video desde el municipio de Segovia, Antioquia.

El pronunciamiento, dirigido explícitamente a las principales estructuras criminales que operan en las regiones periféricas colombianas, generó inmediatas acusaciones por parte de sectores alternativos que interpretan el mensaje como un intento desesperado por dinamitar la campaña presidencial de la izquierda, liderada por Iván Cepeda, y apuntalar la aspiración de la derecha con Paloma Valencia.

La declaración de Uribe Vélez, grabada en una de las zonas tradicionalmente más golpeadas por el conflicto minero y la violencia armada en el departamento antioqueño, fue tajante al cuestionar las garantías que el candidato del Pacto Histórico ofrecería a los grupos en una eventual negociación.

Frente a la cámara, el exmandatario envió un recado directo a las organizaciones delincuenciales manifestando: “Aquí en Segovia un mensaje al LN, a la FAR, a las autodefensas gaitanistas, al clan del Golfo. No se confíen de Cepeda. Apenas sienta un apretón de Estados Unidos, los entrega. Ellos saben de la traición, como en Cuba y en Venezuela. Con palomas las cosas son en serio. Un sometimiento a la justicia de acuerdo con la Constitución y de frente”.

Este emplazamiento provocó la indignación del Pacto Histórico y encendió las alertas sobre los supuestos canales de comunicación cruzados entre la dirigencia tradicional y la denominada “Junta del Narco”.

El cruce discursivo también salpicó de gravedad al representante a la Cámara Hernán Muriel, a quien Uribe señaló previamente de coordinar supuestos sabotajes a su agenda en Segovia mediante falsedades sobre la histórica venta de los activos mineros locales a multinacionales canadienses en el año 2010.

Ante la vulnerabilidad de su seguridad, Muriel reaccionó con firmeza exigiendo una retractación por parte del jefe del Centro Democrático y expresando: “Me preocupa en serio la salud mental de Álvaro Uribe.

Pareciera que no se da cuenta de que cada uno de los ataques que me sigue lanzando con mentiras gigantescas y gravísimas, en donde incluso me vincula con grupos armados y terroristas, pone en peligro mi integridad y la de mi familia.

Es como si Álvaro me viera como una persona a la que hay que eliminar físicamente.

En cambio, yo a él lo veo como un adversario político.

Estamos en 2026, no en 2006 de su gobierno.

Haga una plana con la siguiente frase: ‘No se elimina a quien piensa diferente’.

Entienda que Antioquia ya cambió, no acepta más sus políticas de muerte, desigualdad social y de ejecuciones extrajudiciales”.

En paralelo a la tormenta local, la campaña electoral de 2026 adquirió dimensiones diplomáticas críticas tras las declaraciones del senador estadounidense de origen colombiano Bernardo Moreno.

El congresista republicano sugirió públicamente la posibilidad de una intervención militar internacional o el desconocimiento institucional si el electorado colombiano “tomaba el camino equivocado” votando por Iván Cepeda.

Esta advertencia de fuerza externa motivó una enérgica respuesta de soberanía por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, quien utilizó los canales del Estado para neutralizar lo que consideró una intromisión ilegal en el derecho a la autodeterminación del pueblo.

El primer mandatario cortó de raíz las especulaciones de hostilidad internacional precisando los alcances de la misión de supervisión extranjera en territorio nacional: “Le solicito al senador Bernardo Moreno, ciudadano estadounidense, no hacer comentarios diferentes a los de su misión de veeduría electoral.

Las indicaciones de tipo político sobre el voto de la ciudadanía son intromisión ilegítima en la decisión libre del pueblo.

Con el presidente Donald Trump tenemos una buena relación personal y no habrá intervenciones y enemistad entre las dos naciones”.

Frente a la narrativa de la oposición, que insiste en el retorno a una política de confrontación total y erradicación forzada, Iván Cepeda defendió la validez de los programas alternativos de pacificación en un foro universitario, argumentando la necesidad de cambiar de enfoque ante el fracaso transnacional de la guerra contra las drogas.

Cepeda argumentó con vehemencia que la economía del narcotráfico se ha globalizado y cuestionó por qué la nación que paga los costos más altos no tiene una posición autónoma.

Para refrendar este cambio de modelo económico del gobierno progresista, el Ejecutivo confirmó la salida del primer cargamento de exportación agrícola hacia Norteamérica con productos de sustitución voluntaria en zonas cocaleras.

Gustavo Petro celebró este hito agrario y económico manifestando: “Comenzamos a exportar los productos legales del exitoso programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos proveniente de las áreas con mayor extensión de cultivos de hoja de coca.

Del mundo consumidor de harinita blanca dependerá que este programa se acelere y el campesinado colombiano, víctima de varias generaciones de la violencia, logre la confianza en su futuro de progreso con las economías lícitas y la exportación de deliciosa comida a los países en donde se compra es el producto de la mafia internacional, la harinita blanca.

A comprar mejor licor de cacao, excelente café al consumidor, aceite de coco”.

Las cartas hacia la primera vuelta están echadas en un ambiente de polarización irreversible.