El caso de la desaparición forzada de la periodista veracruzana Roxana Guzmán ha tomado un rumbo acelerado tras la captura de seis personas presuntamente vinculadas con el crimen.

Desde el mediodía de este lunes, el Centro Integral de Justicia del municipio de Coatzacoalcos se convirtió en el epicentro de la expectativa social y mediática tras dar inicio la audiencia inicial de control de detención.

El juez Daniel García es el encargado de dirigir esta importante diligencia jurídica, en la cual se revisan de manera minuciosa los elementos probatorios y las carpetas de investigación presentadas por los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

El veredicto del juez determinará de manera formal la situación legal de cada uno de los seis señalados y si existen los fundamentos necesarios para dictarles la vinculación a proceso.

De acuerdo con las declaraciones del corresponsal Jesús Olivares para Grupo Fórmula, el operativo que derivó en la captura de las primeras cuatro personas se llevó a cabo alrededor de las 3:00 a.m. del pasado sábado en el fraccionamiento residencial Sección 9, ubicado en el municipio de Nanchital, Veracruz, lugar donde la comunicadora fue privada ilegalmente de su libertad.

A las afueras del Centro Integral de Justicia, un grupo de familiares de los detenidos se manifestó de forma pacífica para denunciar ante la opinión pública presuntas irregularidades en el actuar de los elementos policiales.

Los manifestantes aseguraron bajo consignas que sus parientes son completamente inocentes y ajenos al plagio de la periodista, describiéndolos como personas honestas, trabajadoras y de familia.

Según la información aportada por las familias, los perfiles de los capturados corresponden a:

Cuatro empleados activos: Trabajadores operativos pertenecientes al complejo petroquímico de “Cangrejera”.

Un profesional del derecho: Un abogado litigante de la región.

Otras personas civiles: Ciudadanos que afirman haber sido encañonados, amenazados con armas de fuego y detenidos de manera arbitraria durante el despliegue de las fuerzas del orden.

A pesar de las versiones contrapuestas entre la defensa de los ciudadanos detenidos y la parte acusadora del Ministerio Público, la sociedad civil y el gremio de comunicadores en el estado de Veracruz mantienen una exigencia unánime y urgente hacia las corporaciones de seguridad.

Más allá de los debates jurídicos sobre la culpabilidad o inocencia de los seis investigados, la prioridad absoluta e inmediata de las mesas de paz y del gobierno local sigue siendo localizar con vida a la periodista Roxana Guzmán y lograr su pronto retorno a casa sana y salva. Las autoridades ministeriales continúan desahogando las pruebas correspondientes mientras la audiencia legal se mantiene bajo desarrollo restrictivo.