Ocho policías municipales de Manzanillo fueron detenidos tras ser acusados de integrar una red que filtraba información operativa de seguridad al crimen organizado durante varios años

Ocho policías municipales de Manzanillo fueron detenidos tras una investigación que reveló una presunta red interna dedicada a filtrar información sensible de seguridad al crimen organizado.

Los elementos, con entre 8 y 25 años de servicio dentro de la corporación, contaban con acceso a sistemas estratégicos y, de acuerdo con las autoridades, habrían utilizado esa posición para beneficiar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un periodo prolongado.

Los detenidos formaban parte activa de la estructura policial del puerto y desempeñaban sus funciones de manera aparentemente normal.

Cumplían turnos, elaboraban reportes y participaban en operativos sin levantar sospechas.

Sin embargo, las investigaciones indican que, de manera paralela, transmitían información en tiempo real sobre operativos, retenes, órdenes de aprehensión y movimientos estratégicos de las fuerzas de seguridad.

El caso salió a la luz a partir de un hecho violento cuya investigación condujo a un cateo autorizado judicialmente.

Durante ese procedimiento, autoridades aseguraron dispositivos móviles que posteriormente fueron sometidos a análisis forense.

Fue en ese proceso donde se detectó el uso de una aplicación de mensajería cifrada conocida como Threema, la cual no requiere número telefónico ni correo electrónico para su registro y cuenta con sistemas avanzados de seguridad y eliminación automática de mensajes.

Dentro de esta aplicación, los investigadores localizaron un grupo de conversación denominado “Group Reportes”, en el que los policías intercambiaban información clasificada.

Según la Fiscalía, los datos compartidos solo podían provenir de fuentes internas de las instituciones de seguridad, lo que evidenciaba un acceso directo a sistemas como el C5i, encargado de coordinar inteligencia y videovigilancia en el estado de Colima.

El análisis de los dispositivos permitió cruzar los horarios de los mensajes con eventos específicos, como operativos fallidos, rutas modificadas por grupos delictivos y detenciones que no se concretaron.

Esta coincidencia fue considerada una prueba clave para establecer la relación entre las filtraciones y los resultados adversos de diversas acciones de seguridad.

La investigación escaló rápidamente a nivel federal, con la participación de la Fiscalía estatal en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y la Policía Estatal.

A partir de ese momento, se identificó plenamente a los implicados: siete hombres y una mujer con distintos rangos dentro de la corporación, pero todos con acceso privilegiado a información estratégica.

Entre los detenidos se encuentran elementos con amplia trayectoria, incluyendo un policía con 25 años de servicio, así como otros con más de dos décadas dentro de la institución.

Este aspecto llamó particularmente la atención de las autoridades, ya que no se trataba de infiltraciones recientes, sino de una red que presuntamente operó durante años dentro del sistema.

Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas de manera simultánea en distintos puntos de Manzanillo, con el objetivo de evitar cualquier filtración previa que permitiera a los sospechosos evadir la justicia.

El operativo fue coordinado desde la capital del país y se llevó a cabo sin incidentes.

Los ocho policías fueron detenidos al mismo tiempo y trasladados al centro de reinserción social del municipio.

Los delitos que enfrentan incluyen asociación delictuosa y uso indebido de información de instituciones de seguridad pública.

Tras su captura, fueron dados de baja de la corporación de manera inmediata.

Las autoridades también señalaron que la red habría operado al menos desde diciembre de 2023, aunque existen indicios de que su actividad podría remontarse a varios años atrás.

Este dato ha generado preocupación, ya que implicaría una infiltración prolongada que logró mantenerse activa a pesar de cambios administrativos, evaluaciones de control de confianza y revisiones internas.

De manera paralela, se iniciaron investigaciones financieras que apuntan a la existencia de pagos constantes hacia los implicados.

Según los primeros hallazgos, no se trataría de sobornos aislados, sino de ingresos sostenidos a lo largo del tiempo, lo que sugiere la existencia de una estructura organizada de compensación por los servicios prestados al grupo criminal.

Tras las detenciones, las autoridades locales anunciaron el despliegue de nuevas estrategias de seguridad en Manzanillo, incluyendo el refuerzo de patrullajes, la incorporación de unidades adicionales y la revisión exhaustiva de toda la corporación policial.

Asimismo, se iniciaron nuevos exámenes de control de confianza para otros elementos, incluyendo pruebas de polígrafo, análisis patrimonial y revisión de comunicaciones.

El caso ha generado un fuerte impacto tanto dentro de la corporación como entre la población.

Compañeros de los detenidos han manifestado sorpresa ante los hechos, mientras que ciudadanos expresan preocupación al considerar que durante años pudieron haber estado expuestos a una falsa sensación de seguridad.

Las autoridades también analizan si esta red forma parte de un patrón más amplio que podría extenderse a otras regiones.

La utilización de herramientas tecnológicas como la aplicación cifrada detectada en este caso ha sido identificada previamente en otros hechos delictivos, lo que sugiere la existencia de protocolos operativos estandarizados por parte del crimen organizado.

Actualmente, las investigaciones continúan con el objetivo de determinar si existen más implicados y, especialmente, identificar a las personas que habrían reclutado e integrado a los policías en esta red.

Este punto es considerado clave para entender el alcance real del caso y desarticular posibles estructuras similares.

Mientras tanto, los ocho detenidos permanecen bajo proceso judicial.

En caso de que se acrediten los cargos en su contra, podrían enfrentar penas severas.

Sin embargo, más allá del ámbito legal, el caso ha puesto en evidencia los desafíos que enfrentan las instituciones de seguridad frente a la infiltración del crimen organizado.

El puerto de Manzanillo, considerado uno de los más importantes del país por su actividad comercial y estratégica, se encuentra ahora bajo una revisión profunda de sus mecanismos de seguridad.

Las autoridades han reiterado que las acciones de depuración continuarán y que no se descarta la posibilidad de nuevos hallazgos en el marco de esta investigación.