El candidato de la oposición exige la inclusión de las fórmulas vicepresidenciales en los encuentros televisivos tras una serie de fuertes acusaciones cruzadas sobre orden público y presunto constreñimiento al sufragante en el Caribe.

La carrera hacia la Casa de Nariño de cara a la segunda vuelta del próximo domingo 21 de junio de 2026 ha alcanzado su punto de mayor tensión política debido a la parálisis en la organización de los debates presidenciales obligatorios.

El candidato de la oposición conservadora, Abelardo de la Espriella, ha modificado su postura inicial —que exigía un debate único bajo el formato de un medio tradicional específico— para condicionar ahora su participación a la presencia simultánea de su fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo.

Esta decisión ha provocado una respuesta inmediata por parte del aspirante progresista Iván Cepeda, quien lidera las proyecciones institucionales.

Cepeda acusó a su contrincante de falta de idoneidad técnica para asumir la jefatura del Estado de manera individual y de ocultarse detrás de asesores para evitar el escrutinio directo de la ciudadanía colombiana en los principales canales nacionales y en el sistema público RTVC.

A través de sus canales oficiales, Iván Cepeda enfatizó que la tradición democrática del país exige que el debate principal sea un careo exclusivo entre los aspirantes a la presidencia de la República, dado que son ellos quienes asumirán la conducción directa de la nación, sin intermediarios ni vocerías delegadas.

El debate sobre los encuentros televisivos se produce en un contexto de alta crispación social.

De la Espriella emitió un mensaje a nivel nacional en el que vinculó directamente a los estudiantes de la Universidad del Valle (Univalle) con supuestos planes de desestabilización urbana y actos de vandalismo similares a las protestas sociales de años anteriores, acusando al actual Gobierno de auspiciar un ambiente de temor en la ciudad de Cali ante un eventual resultado adverso para el oficialismo.

Estas declaraciones despertaron un enérgico rechazo entre los movimientos estudiantiles y las organizaciones defensoras de derechos humanos, que tildaron el señalamiento de perfilamiento criminal y estigmatización peligrosa.

Voceros de la campaña de Cepeda denunciaron que este tipo de discursos ya está provocando incidentes de violencia civil, reportando agresiones físicas y asaltos con armas blancas y de fuego por parte de simpatizantes de la extrema derecha contra los vehículos y misiones de propaganda del Pacto Histórico a lo largo del país.

Por su parte, de la Espriella reaccionó con dureza ante los emplazamientos, calificando a Cepeda de cobarde y acusándolo de beneficiarse históricamente de sectores al margen de la ley.

Asimismo, el abogado barranquillero defendió la obligatoriedad de incluir a su fórmula vicepresidencial argumentando que la única función constitucional del vicepresidente es asumir el poder ante faltas absolutas o temporales del mandatario, por lo que instó a ambas campañas a presentarse a los debates provistos incluso de sus historias clínicas.

A la par de la disputa por los debates presidenciales, las misiones de observación electoral e independientes han encendido las alarmas en la Costa Caribe.

La concejal María José Navarro y el equipo jurídico liderado por el abogado Miguel Ángel del Río anunciaron el inicio de acciones penales y disciplinarias debido a una supuesta red de constreñimiento al elector que operaría desde la Alcaldía Distrital de Santa Marta, bajo la dirección del actual mandatario Carlos Pinedo Cuello.

Según las denuncias formalizadas, diversos funcionarios locales estarían ejerciendo presiones indebidas sobre el personal contratista de la administración municipal, exigiéndoles cuotas de votantes en favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella bajo la amenaza de la no renovación de sus vínculos laborales.

Frente a este panorama, los sectores alternativos contrastaron la situación recordando la inversión histórica del gobierno central en Santa Marta, que supera los 3,3 billones de pesos destinados a infraestructura de agua potable, plantas desalinizadoras y gratuidad educativa en la Universidad del Magdalena.

Finalmente, el equipo de campaña del Pacto Histórico señaló que la lista de supuestos compradores de votos presentada recientemente por de la Espriella ante agencias internacionales carece de sustento judicial, y afirmaron que la verdadera estructura de corrupción electoral en el Caribe se encuentra ligada a los clanes tradicionales Char y Gnecco, quienes habrían volcado sus recursos logísticos y financieros en favor de la oposición para asegurar su supervivencia en el mapa político nacional.