La Fiscalía General de la República interrogó en Ciudad Juárez a cerca de 50 agentes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua por la presunta participación de elementos estadounidenses en un operativo antidrogas realizado en la Sierra del Pinal

La investigación federal por la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en Chihuahua entró en una fase decisiva después de que alrededor de 50 agentes de la Agencia Estatal de Investigación comparecieran ante la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez.

El caso, que ya provocó un fuerte choque político entre el Gobierno federal y la administración de la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos, se ha convertido en uno de los episodios más delicados de seguridad nacional en los últimos años.

Desde temprana hora, elementos estatales comenzaron a llegar a las instalaciones de la FGR bajo un fuerte resguardo de la Guardia Nacional.

Las comparecencias forman parte de la investigación abierta por la presunta presencia de agentes de la CIA en el operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, donde fue localizado un gigantesco narcolaboratorio clandestino.

La Fiscalía busca determinar quién autorizó la presencia de extranjeros en territorio mexicano, bajo qué condiciones participaron y qué autoridades estatales tenían conocimiento de la operación.

El fiscal especial Ulises Lara advirtió días atrás que, de acreditarse violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, “se aplicará todo el peso de la ley”.

El operativo terminó convertido en un escándalo internacional luego de que cuatro personas murieran en un accidente carretero ocurrido tras la intervención en la sierra Tarahumara.

Entre los fallecidos se encontraban dos ciudadanos estadounidenses identificados por distintas investigaciones periodísticas como presuntos agentes vinculados con labores de inteligencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum endureció el tono contra el Gobierno de Chihuahua y negó que la Federación hubiera autorizado la participación de personal extranjero.

“Ellos decidieron colaborar con el gobierno de Estados Unidos fuera de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, declaró durante su conferencia matutina.

La mandataria fue todavía más contundente al afirmar: “No puede haber gente de Estados Unidos trabajando en campo, eso es claro”.

Las declaraciones presidenciales fueron una respuesta directa a los señalamientos de Maru Campos, quien acusó un trato desigual por parte del Gobierno federal.

La gobernadora defendió el operativo argumentando que permitió desmantelar una enorme infraestructura de producción de drogas sintéticas.

“Pues se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestras niñas y a nuestros niños”, expresó ante medios locales.

Sin embargo, el Gobierno federal sostiene que el problema no es el aseguramiento del laboratorio, sino la posible actuación de agentes extranjeros sin autorización oficial.

La polémica creció todavía más después de que la FGR tomara control total del inmueble y revelara la magnitud del hallazgo.

De acuerdo con el inventario federal, en el predio fueron asegurados más de 55 mil litros de sustancias químicas líquidas, más de 50 toneladas de precursores sólidos y cerca de 2 mil litros de metanfetamina.

También fueron localizados reactores industriales, centrifugadoras, contenedores, cilindros de gas LP y equipo especializado para la fabricación de drogas sintéticas.

Aunque hasta ahora no hay detenidos relacionados directamente con el laboratorio, investigaciones locales apuntan a que la instalación pertenecería a una facción del cártel de Sinaloa vinculada con Los Chapitos.

La FGR ya inició el proceso legal para destruir los químicos decomisados mientras continúa la búsqueda de los responsables.

El caso ocurre en medio de una creciente tensión diplomática entre México y Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Apenas unos días antes, el mandatario estadounidense amagó nuevamente con intervenir en territorio mexicano si no se contenía a los grupos criminales.

Sheinbaum respondió defendiendo la soberanía nacional.

“Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos”, afirmó.

La presidenta aseguró además que México mantiene operativos permanentes contra el narcotráfico y destacó la destrucción de más de 2 mil 500 laboratorios clandestinos durante los últimos meses.

La tensión bilateral aumentó todavía más por las recientes acusaciones lanzadas desde Estados Unidos contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

Entre los nombres señalados figura el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, además de otros exfuncionarios sinaloenses.

Durante la misma conferencia, Sheinbaum exigió pruebas formales al Gobierno estadounidense.

“Porque el tratado de extradición o de colaboración tiene que ver con que se envíen pruebas”, sostuvo.

También aclaró que ninguna persona puede ser detenida en México únicamente por acusaciones provenientes del extranjero sin sustento judicial conforme al sistema penal mexicano.

Mientras tanto, en Sinaloa continúan desplegados más de 13 mil elementos federales como parte de operativos reforzados contra organizaciones criminales.

En los últimos días se reportaron cateos, aseguramientos de armas, detenciones y fuertes movilizaciones militares en distintos puntos de Culiacán.

En paralelo, un juez federal concedió suspensión provisional al exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, para evitar cualquier captura con fines de extradición mientras se desarrolla un juicio de amparo.

Estados Unidos lo acusa de presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos durante el periodo en que encabezó la seguridad estatal.

El escándalo en Chihuahua continúa escalando políticamente.

Senadores y diputados de Morena, PT y Partido Verde cerraron filas con Sheinbaum durante una reunión en Palacio Nacional.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reveló parte del mensaje presidencial: “Hay que cerrar filas en defensa de la soberanía nacional”.

Por ahora, la FGR mantiene abiertas múltiples líneas de investigación.

Las declaraciones de los agentes estatales son apenas el inicio de una indagatoria que podría alcanzar a mandos superiores del Gobierno de Chihuahua y que amenaza con convertirse en uno de los mayores conflictos diplomáticos y políticos entre México y Estados Unidos en los últimos años.