La revelación de una investigación judicial en Miami expone que el candidato presidencial de derecha Abelardo de la Espriella se benefició de giros bancarios por más de 370.000 dólares provenientes de empresas fantasmas de Alex Saab para la compra de un lujoso apartamento en Brickell Avenue

La carrera hacia la Casa de Nariño ha alcanzado un punto de ebullición sin precedentes a escasos días de que los ciudadanos acudan a las urnas para la primera vuelta presidencial del próximo domingo 31 de mayo.

En las últimas horas, el debate político se ha visto sacudido por dos acontecimientos de alto impacto institucional y judicial: la revelación de una serie de transferencias bancarias de origen ilícito que vinculan directamente al candidato de la derecha radical, Abelardo de la Espriella, con el entramado financiero del cuestionado empresario barranquillero Alex Saab, y el fuerte abucheo público sufrido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante un accidentado acto de campaña en el departamento de Antioquia.

La tormenta jurídica y política estalló tras la publicación de una rigurosa investigación periodística del reportero Daniel Coronell, quien sacó a la luz pública documentos judiciales de una corte civil de Miami, Florida.

Las evidencias, que incluyen cartas firmadas por el propio Abelardo de la Espriella y registros del sistema transnacional Swift, demuestran que el hoy aspirante presidencial se benefició directamente de giros financieros que suman más de 370.000 dólares.

Estos fondos provinieron de dos de las firmas más cuestionadas de Alex Saab, señalado por la justicia internacional como el principal testaferro del régimen venezolano de Nicolás Maduro y recientemente recluido en los Estados Unidos bajo cargos de lavado de activos.

De acuerdo con los documentos oficiales fechados en abril y mayo de 2014, los millonarios recursos fueron transferidos desde cuentas del Global Bank of Commerce, una entidad financiera con sede en Antigua y Barbuda, utilizando como intermediario al Wells Fargo en California, hasta llegar finalmente a las cuentas fiduciarias de la firma legal de Timothy Richards en el Bank of America en Miami.

La primera de las empresas involucradas es Group Grand Limited, corporación fundada en Hong Kong que obtuvo contratos de unos 350 millones de dólares para proveer alimentos en mal estado y con fechas de expiración vencidas al programa estatal de subsidios alimentarios en Venezuela.

La segunda compañía remitente es el Consorcio de Estructuras Metálicas, filial del Fondo Global de Construcción, una firma que recibió cerca de 700 millones de dólares para edificar proyectos de vivienda popular de los cuales solo ejecutó el 5% del total contratado.

La gravedad del hallazgo radica en que, a pesar de que las certificaciones bancarias intentaron justificar los desembolsos bajo el concepto de asesoría fiscal internacional, las anotaciones manuscritas y las instrucciones explícitas dejadas por De la Espriella confirman que el dinero se utilizó para financiar de forma parcial la adquisición de un lujoso apartamento ubicado en la codiciada Brickell Avenue de Miami, específicamente en el exclusivo edificio Bristol Tower.

Esta revelación ha generado un hondo cuestionamiento ético sobre la coherencia del discurso antipatriótico y moralista que abandera el polémico abogado de la Espriella, quien ahora afronta serios señalamientos de haber edificado parte de su patrimonio mediante el flujo de capitales vinculados al desfalco y al hambre de los ciudadanos del vecino país.

El caso guarda preocupantes similitudes con los antecedentes del profesor estadounidense Bruce Bagley y del antiguo informante Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, ambos condenados por la justicia norteamericana por su participación activa en el lavado de millonarias sumas de las mismas cuentas de Saab.

De forma simultánea al escándalo financiero que golpea a De la Espriella, el panorama electoral de las vertientes de la derecha tradicional sufrió un duro revés territorial en el municipio de Segovia, al nordeste del departamento de Antioquia.

El expresidente y máximo líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se vio obligado a suspender un discurso público en medio de un fuerte clima de indignación popular.

Durante el mitin político organizado para impulsar la debilitada aspiración de la candidata Paloma Valencia, un sector de la comunidad local increpó al exmandatario recordándole polémicas decisiones de su gestión gubernamental, como la liquidación en el año 2008 de la histórica empresa minera Frontino Gold Mines, cuyos títulos laborales pertenecían de forma legítima a los trabajadores tradicionales tras la salida de los antiguos concesionarios británicos y que terminó en manos de una multinacional canadiense.

En medio de una fuerte tensión civil, los manifestantes calificaron a Uribe Vélez de “ladrón” y le lanzaron duros cuestionamientos asociados al paramilitarismo.

La indignación ciudadana se agudizó por las recientes declaraciones del propio Uribe, quien emitió un ambiguo mensaje público dirigido a grupos armados al margen de la ley, tales como el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las FARC y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, sugiriendo un eventual esquema de sometimiento a la justicia nacional que excluiría la extradición a territorio estadounidense si apoyaban la propuesta de su colectividad.

Este giro retórico fue catalogado por los sectores progresistas como una muestra evidente de hipocresía política, contrastando con las sistemáticas campañas de estigmatización digital coordinadas en plataformas de redes sociales para asociar erróneamente al candidato oficialista Iván Cepeda con grupos subversivos.

Ante este panorama de revelaciones judiciales y desgaste territorial de la oposición, la campaña del Pacto Histórico liderada por el senador Iván Cepeda ha redoblado esfuerzos instando a las bases sociales y a la ciudadanía en general a acudir de forma masiva a las urnas para consolidar la victoria en primera vuelta.

Los estrategas de la campaña progresista alertaron sobre el uso de sondeos de opinión y encuestas sesgadas impulsadas por firmas como Atlas Intel, diseñadas presuntamente para distorsionar la percepción pública y generar desmovilización popular, por lo que recalcaron la imperiosa necesidad de ejercer un control civil y una veeduría estricta sobre el software de la Registraduría Nacional durante la decisiva jornada electoral.