El Gobierno colombiano ofrece hasta 50 millones de pesos por denuncias efectivas de corrupción al sufragante. Paralelamente, una investigación de medios independientes revela el presunto uso de una estructura piramidal para la recolección de datos en la campaña de Abelardo de la Espriella.

A medida que se aproxima la decisiva jornada de la segunda vuelta presidencial, el panorama político colombiano se ha visto sacudido por graves denuncias de irregularidades, estrategias de desinformación digital y una fuerte contraofensiva institucional liderada por el Poder Ejecutivo.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció de manera oficial la activación de un robusto paquete de incentivos económicos destinados a mitigar los delitos electorales, una medida que ha generado intensos debates en las plataformas digitales debido a las reacciones de las autoridades sectoriales encargadas de la transparencia de los comicios.

El plan gubernamental establece una línea directa de atención ciudadana (Línea 157) y el uso de la plataforma virtual Uriel, mediante las cuales se otorgarán recompensas de hasta 50 millones de pesos a los ciudadanos que aporten material probatorio contundente —como registros fílmicos o fotográficos— sobre redes dedicadas a la compra de votos.

Asimismo, el jefe de la cartera de Defensa precisó que los incentivos ascenderán hasta los 200 millones de pesos para frustrar cualquier iniciativa de carácter terrorista encaminada a alterar la normalidad de las votaciones, y hasta los 1.

000 millones de pesos para garantizar la seguridad física de los aspirantes presidenciales.

Según el balance oficial provisto por el Ministerio, los departamentos con mayor vulnerabilidad e incidencia en denuncias previas son Antioquia, Nariño, Atlántico, Valle del Cauca y Tolima, con focos críticos en capitales como Bogotá, Barranquilla, Pasto, Cali y Popayán.

Las autoridades confirmaron además la incautación reciente de 3.878 millones de pesos en efectivo que presumiblemente iban a ser inyectados de manera irregular en las dinámicas locales de votación.

Frente a este escenario, la campaña del candidato de centro-izquierda Iván Cepeda designó al reconocido abogado penalista Miguel Ángel del Río para liderar un equipo de auditoría jurídica en territorio.

El foco principal de esta comitiva se encuentra actualmente en la región del Caribe, un área que los analistas consideran el principal margen de maniobra remanente para los sectores de la oposición.

Del Río arremetió públicamente contra las estructuras políticas tradicionales de Barranquilla, señalando directamente al denominado Clan Char de haber participado históricamente en la manipulación de electorados, y anunció un acompañamiento estricto por parte de la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, para judicializar a los intermediarios locales conocidos como “mochileros”.

De igual forma, el jurista encendió las alarmas en la frontera sur de Colombia tras reportar denuncias ciudadanas sobre el tránsito sospechoso de vehículos oficiales en los límites con Ecuador.

Según los señalamientos de la campaña, una camioneta de alta gama habría cruzado el puente hacia San Lorenzo con el presunto fin de ingresar divisas destinadas al financiamiento ilícito de campañas derechistas, una situación que el presidente Gustavo Petro vinculó con los recientes incrementos en los índices de contrabando provenientes de la administración del mandatario ecuatoriano Daniel Noboa.

El debate sobre la transparencia sumó un capítulo de alta complejidad técnica tras la difusión de una investigación conjunta realizada por el consorcio de medios independientes integrados por Borágine, Cuestión Pública, Ruta del Conflicto y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El informe detalla el funcionamiento de la plataforma digital vinculada al movimiento “Defensores de la Patria”, base de apoyo de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

La plataforma opera bajo un esquema de mercadeo multinivel o piramidal, en el cual los usuarios registrados acumulan puntos y bonificaciones mediante enlaces de referidos.

Los participantes con mayor cantidad de registros accedían a incentivos que incluían pasajes con gastos pagos para asistir a la Copa Mundial de Fútbol en México y accesos exclusivos a los camerinos del candidato en Barranquilla.

No obstante, las irregularidades técnico-legales señaladas por la investigación periodística apuntan a fallas severas en el tratamiento de datos personales y a la inclusión anómala de identidades sin autorización previa:

Inclusión de altos funcionarios: La base de datos, que cuenta con aproximadamente 1.

4 millones de registros, contiene las cédulas y nombres de figuras opuestas a dicha corriente política, tales como el propio presidente Gustavo Petro y magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Uso de dominios estatales: Se identificaron 5.848 registros asociados directamente a correos electrónicos institucionales (.gov.co) pertenecientes a miembros activos de la Policía Nacional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Casos específicos de participación indebida: La investigación resalta el registro de Elania Redondo Peña, secretaria de Gestión Humana de la Alcaldía de Barranquilla, quien figura en el portal como la responsable de haber aportado 1.337 referidos a la plataforma.

Asimismo, se detectaron nexos de funcionarios vinculados a contratos públicos suscritos entre los años 2025 y 2026 en alcaldías como las de Cúcuta, Medellín, Los Patios y Pamplona.

De manera simultánea, especialistas en seguridad informática e informática forense han detectado una campaña masiva de suplantación de identidad digital orientada a desestimular la participación de los electores en las urnas.

Diversos ciudadanos reportaron la recepción de correos electrónicos fraudulentos que simulan la identidad visual de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Los mensajes, titulados bajo el concepto de “Cambio de puesto de votación – validación exitosa”, redirigen a los usuarios a un subdominio apócrifo que emplea de manera irregular servidores de la rama judicial.

La plataforma falsa exige claves de seguridad informática y tiene como objetivo aparente la recopilación ilegal de credenciales de los ciudadanos y la promoción del abstencionismo mediante datos de zonificación falsos.

Las alertas se extienden también a servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, donde se han denunciado ofertas impersonales que prometen transferencias económicas de hasta 300.000 pesos a través de plataformas de billetera digital a cambio de confirmaciones videográficas del voto en favor de candidaturas específicas.

El Consejo Nacional Electoral y la Superintendencia de Industria y Comercio ya han sido notificados para iniciar las averiguaciones pertinentes sobre las malas prácticas de manejo de datos de cara a la jornada definitiva de votación.