La polémica defensa de la captadora ilegal DMG por parte de Abelardo de la Espriella finalizó abruptamente tras la captura de David Murcia Guzmán en noviembre de dos mil ocho

La caída de la pirámide financiera DMG en el año 2008 no solo dejó a miles de familias colombianas en la quiebra, sino que también sepultó alianzas jurídicas que parecían inquebrantables y destapó un presunto entramado de favores políticos al más alto nivel del poder ejecutivo.

En el centro de esta tormenta se encuentra el mediático abogado Abelardo de la Espriella, quien pasó de ser el defensor más encarnizado de David Murcia Guzmán, cerebro de la captadora ilegal de dinero, a convertirse en una figura cercana al gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, justo después de que se consolidara la captura de su cliente.

Esta drástica transición ha sembrado serias dudas sobre un posible conflicto de intereses y transacciones de favores que involucraron el otorgamiento de notarías públicas a la familia del polémico jurista.

Durante los meses previos al colapso definitivo de la captadora, De la Espriella asumió la defensa de DMG con una vehemencia que rozaba el ataque directo a las instituciones del Estado.

Ante los medios de comunicación, el abogado calificaba la intervención gubernamental como un acto inconstitucional, ilegal y un auténtico “linchamiento en el circo romano” promovido por el propio presidente Uribe Vélez.

Aseguraba con firmeza que contra Murcia Guzmán no existía un solo expediente real y que las autoridades le habían armado un expediente exprés de miles de folios en cuestión de días.

No obstante, las investigaciones judiciales y las interceptaciones telefónicas revelaron posteriormente una realidad mucho más oscura: presuntos maletines con sumas cercanas a los 760 millones de pesos destinados, según las grabaciones de la época, a “mover fichas” y presionar a congresistas con el fin de hundir proyectos de ley que buscaban prohibir el manejo masivo de dinero en efectivo, el combustible principal del emporio de DMG.

La lealtad jurídica del abogado, que cobró multimillonarias sumas por sus servicios, se desvaneció de forma abrupta coincidiendo con la captura de David Murcia Guzmán en Panamá en noviembre de 2008.

Fue en ese momento crucial cuando la estrategia de defensa dio un giro radical, abriendo paso a especulaciones sobre prebendas ofrecidas desde la Casa de Nariño para desmantelar la estructura desde adentro.

El propio Murcia Guzmán señalaría tiempo después desde su reclusión que el gobierno nacional estaba ofreciendo incentivos económicos y beneficios judiciales a quienes delataran las propiedades de la organización, sembrando la sospecha de que su propio apoderado habría negociado a sus espaldas un pacto de no agresión con el uribismo a cambio de favores familiares y contratos estatales de defensa jurídica.

La prueba documental que sustenta estas acusaciones se encuentra plasmada en los registros oficiales de la presidencia de la república a través de decretos de nombramiento notarial.

Aunque inicialmente se intentó desvincular la relación temporal argumentando un nombramiento previo bajo el Decreto 4374 de 2005, la línea cronológica de finales de 2008 resulta demoledora.

Tan solo un mes después de la detención del líder de DMG, en diciembre de ese mismo año, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez expidió el Decreto 4616, mediante el cual nombró a Abelardo Gabriel de la Espriella, padre del famoso abogado, como Notario 28 del círculo de Bogotá.

Investigaciones posteriores y denuncias en plataformas de veeduría ciudadana revelaron que el beneficio familiar no se limitó a un solo despacho, sino que incluyó designaciones previas y posteriores en las notarías 45 y 28 de la capital, evidenciando un patrón de favorecimiento político que coincidió milimétricamente con el abandono de la defensa de la pirámide y el posterior florecimiento de una estrecha relación mediática y contractual entre el jurista y el mandatario de la época.