Un polémico vídeo de José Manuel Restrepo en el páramo de Chingaza desata duras críticas por daños a la flora endémica, mientras el candidato presidencial niega sus antiguas posturas a favor del fracking intensivo.

A escasos días de celebrarse la segunda vuelta presidencial, la agenda ambiental se ha situado en el centro del debate político colombiano tras la difusión de un controvertido material audiovisual.

En la grabación, el candidato vicepresidencial de la oposición conservadora, José Manuel Restrepo, aparece junto a una especialista transitando por fuera de los senderos regulados de la cuenca del páramo de Chingaza.

Organizaciones de veeduría ecológica y diversos sectores civiles han denunciado que dicha acción provocó el pisotear y destruir ejemplares de frailejones, una especie vegetal endémica de vital importancia para la regulación del ciclo hídrico en el país.

El incidente ha generado una ola de indignación debido a las características biológicas del Espeletia (frailejón), una planta que requiere entre 100 y 200 años para alcanzar un solo metro de altura y que ejerce de guardiana de las reservas de agua dulce que abastecen a millones de ciudadanos.

El representante electo a la Cámara, José Luis Bórquez, junto con otros portavoces del Pacto Histórico, señalaron el hecho como una muestra de la “incoherencia y falta de sensibilidad ecológica” de la candidatura opositora, comparando el impacto de sus propuestas con las políticas de desregulación ambiental implementadas por el Ejecutivo de Javier Milei en Argentina.

De forma paralela a la controversia en los páramos, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella protagonizó un tenso momento radiofónico al ser interpelado sobre su política minero-energética.

Durante el transcurso de una extensa entrevista de dos horas, el aspirante conservador modificó de manera sustancial la retórica que venía manteniendo desde el inicio de la contienda electoral, cuando defendía abiertamente la implantación del fracking bajo la premisa de ejecutarlo “a lo que diera” en reservas naturales.

Ante los cuestionamientos sobre si su eventual Gobierno intervendría zonas especialmente vulnerables, De la Espriella negó categóricamente haber pronunciado tales declaraciones y atribuyó las críticas a una “campaña negra de desinformación” diseñada para perjudicar sus opciones electorales.

“Bajo ninguna circunstancia vamos a intervenir páramos ni lugares protegidos. No vamos a desconocer decisiones judiciales ni la ley ambiental”, afirmó el candidato, quien definió el fracking no como un peligro ecológico, sino como una “obra civil” comparable a la edificación de un puente o un inmueble, fundamentada en tecnologías de precisión petrolera.

De acuerdo con sus proyecciones económicas, dicha técnica resulta imprescindible para elevar la producción de Ecopetrol de 700.000 a 1,3 millones de barriles diarios, una medida que considera vital para sanear el déficit fiscal de la nación.

La justificación de un “fracking responsable” expuesta por la campaña de la oposición ha sido rebatida con firmeza por el bloque progresista liderado por Iván Cepeda.

Los equipos técnicos del Pacto Histórico invocaron el consenso científico internacional para recordar que no existen tecnologías capaces de garantizar la ausencia de impactos ambientales severos, citando ejemplos recientes de contaminación por lodos y emisiones de metano en yacimientos no convencionales de la región de Vaca Muerta, en Argentina.

Asimismo, recordaron que naciones europeas como Francia mantienen una prohibición legal estricta sobre estas prácticas desde el año 2011 debido a los riesgos de degradación de las fuentes hídricas subterráneas.

El debate ha reactivado el interés de los colectivos ecologistas de regiones con alta riqueza hídrica, como el departamento de Boyacá, donde se concentran algunos de los santuarios naturales más significativos de Colombia.

En este escenario de polarización discursiva, el sector oficialista ha hecho un llamamiento urgente a la ciudadanía para que se inscriba masivamente antes del próximo viernes 12 de junio como testigos electorales, con el propósito de custodiar la transparencia de los comicios y defender el modelo de preservación de la biodiversidad que promueve la candidatura de Cepeda frente a los proyectos de explotación hidrocarburífera de la oposición.