El candidato presidencial califica la medida cautelar de intento de censura e insta a sus seguidores a desoír la restricción en redes sociales a dos semanas de la segunda vuelta.

Un nuevo frente judicial sacude la recta final de la carrera hacia la Casa de Nariño.

El Tribunal Superior de Bogotá ha encendido las alarmas en el panorama político colombiano al admitir una acción de tutela que impone severas restricciones a la campaña del candidato derechista Abelardo de la Espriella y a su movimiento, ‘Defensores de la Patria’.

La decisión judicial, de carácter provisional, ordena la retirada inmediata en un plazo de 24 horas de toda la propaganda electoral que contenga símbolos patrios, imágenes o emblemas alusivos a las Fuerzas Militares.

La medida cautelar responde a una acción constitucional interpuesta por el ciudadano Dylan Lizarazo. Según el demandante, la utilización de la bandera, el escudo nacional y de consignas como “Firmes por la patria” vulnera la libertad electoral.

Argumenta, además, que dicha iconografía transmite un mensaje implícito según el cual cualquier oposición a la candidatura de De la Espriella constituiría un supuesto acto de deslealtad hacia el Estado soberano de Colombia.

La respuesta del candidato no se ha hecho esperar. Desde la Plaza de la Aduana, en el centro histórico de Cartagena de Indias, y arropado por su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, De la Espriella ha reaccionado con vehemencia y ha trasladado la presión a las bases de su movimiento.

«Nos han prohibido utilizar el nombre de nuestro movimiento popular y el símbolo de “Firmes por la patria”. Desde hoy necesito la ayuda de cada uno de ustedes. Que cada celular, cada camiseta de la Selección y cada vídeo sea un grito de libertad», clamó el aspirante ante sus simpatizantes.

El equipo jurídico de la campaña, liderado por el letrado Germán Calderón España, ya ha anunciado la interposición de una contra-tutela y la presentación de denuncias penales y disciplinarias contra el magistrado ponente de la decisión.

Asimismo, fuentes de la campaña aseguran que el candidato mantendrá el uso de la indumentaria de la Selección Colombia de fútbol, desafiando otra restricción judicial dictada la semana pasada: «Y si me decretan el arresto, con gusto lo cumplo», llegó a afirmar el presidenciable.

El fallo ha generado un profundo debate sobre las competencias judiciales en el ámbito electoral. Analistas políticos señalan la contradicción de que los tribunales prohíban el uso de expresiones que forman parte del nombre oficial del partido (‘Defensores de la Patria’), el cual fue debidamente avalado y registrado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), permitiéndole participar legítimamente en la primera vuelta.

De hecho, en octubre de 2025, el mismo tribunal había declarado improcedente una tutela similar presentada por la ex-precandidata Marta Viviana Bernal —quien compitió en la consulta interpartidista de marzo frente a figuras como Roy Barreras y Daniel Quintero—, argumentando entonces que se debían agotar primero las instancias ante el CNE.

El cambio de criterio del tribunal a pocos días de los comicios añade incertidumbre al proceso.

Este choque institucional se produce en un clima de máxima polarización y a menos de dos semanas de que se abran las urnas en el exterior para la segunda vuelta.

La tensión entre De la Espriella y su rival, Iván Cepeda, se ha trasladado casi exclusivamente a la red social X, donde ambos se han cruzado acusaciones cruzadas de planear “autoatentados” para alterar el orden público.

Las negociaciones para un debate electoral televisado se encuentran en un punto muerto debido a la falta de consenso sobre las reglas del juego.

Mientras Cepeda propone un único bloque retransmitido por las grandes cadenas nacionales (Caracol, RCN y RTVC) sin la presencia de los vicepresidentes, De la Espriella exige que se incluya a las fórmulas vicepresidenciales y que los medios fijen los criterios.

Con las papeletas ya impresas con el nombre de ‘Defensores de la Patria’ y las votaciones en el extranjero a punto de comenzar el próximo lunes, Colombia se encamina hacia una jornada electoral histórica marcada por la judicialización de la política.