Una medida cautelar ordena el retiro inmediato de toda la propaganda digital del candidato derechista. El fallo genera un fuerte sismo logístico y político a las puertas de los comicios presidenciales frente a Iván Cepeda.

El proceso electoral colombiano ha entrado en una fase de máxima tensión jurídica y política.

En las últimas horas, el magistrado Rafael Albeiro, integrante del Tribunal Superior de Bogotá, admitió una acción de tutela y decretó una severa medida cautelar que ordena la suspensión y el retiro inmediato de la publicidad política de la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, su fórmula vicepresidencial José Manuel y el grupo significativo de ciudadanos “Defensores de la Patria”.

La providencia judicial otorga un plazo perentorio de 24 horas a partir de su notificación para que la campaña proceda a remover de su página web oficial, redes sociales y medios de comunicación masiva cualquier propaganda que utilice la bandera de la República de Colombia, el escudo nacional u otras figuras representativas de la soberanía estatal.

Asimismo, el fallo prohíbe el uso de imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales, emblemas castrenses y las frases de campaña “Firmes por la patria” y “Defensores de la patria”.

La acción judicial fue promovida por el ciudadano Dylan, quien en octubre de 2025 ya había radicado una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin obtener una respuesta oportuna.

El demandante argumenta que la apropiación de la simbología soberana del Estado por parte de una campaña específica vulnera la libertad electoral y coacciona al electorado, al transmitir el mensaje implícito de que cualquier postura de oposición al candidato equivale a un acto de deslealtad hacia la propia nación.

A diferencia de debates previos —como la controversia en torno al uso de la camiseta de la Selección Colombia de fútbol, la cual no posee la categoría jurídica de símbolo patrio—, la restricción impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá se fundamenta de manera estricta en el ordenamiento legal vigente.

El artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, que regula la propaganda electoral en Colombia, explicita de forma taxativa:

«En la propaganda electoral solo podrán utilizarse los símbolos, emblemas o logotipos previamente registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, coaliciones o comités promotores, los cuales no podrán incluir o reproducir los símbolos patrios.»

Esta prohibición legal ha sido ratificada de manera consistente por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por la Corte Constitucional en la sentencia C-490 de 2011.

La normativa busca evitar que los elementos distintivos de la identidad nacional sean monopolizados por facciones políticas particulares para obtener ventajas electorales indebidas.

Además de ordenar el retiro de las piezas publicitarias, el magistrado ha dispuesto que la campaña de De la Espriella archive, preserve y remita todo el material retirado al CNE, absteniéndose de redistribuirlo bajo cualquier modalidad.

El fallo ha provocado un hondo impacto en las filas de la oposición.

Figuras clave del Centro Democrático y del entorno de la campaña, como el concejal y abogado Daniel Briceño y el político Rodrigo Lara, calificaron la medida de “atropello” y afirmaron de manera vehemente que, bajo ese criterio, las autoridades tendrían que “llevar preso a medio país”.

Los analistas locales señalan que estas declaraciones buscan capitalizar el revés judicial para generar una corriente de solidaridad y victimización en el electorado.

Desde el sector gubernamental y los sectores que respaldan la candidatura de centro-izquierda de Iván Cepeda, se ha cuestionado duramente la postura de la campaña afectada.

Voceros del oficialismo recordaron que, mientras en el pasado se criticaba severamente al presidente Gustavo Petro por cuestionar argumentativamente ciertos fallos judiciales, el mandatario siempre acató de manera estricta las decisiones de las altas cortes que tumbaron decretos o reformas.

En contraste, señalaron que la resistencia de la campaña de De la Espriella a cumplir la medida cautelar pone en entredicho su compromiso con el principio de separación de poderes y el respeto a la institucionalidad.

El escenario político se ha complejizado aún más con la irrupción de dinámicas ajenas al debate programático.

En las últimas horas, el debate se encendió tras la difusión de un mensaje atribuido al exmiembro del Cartel de Medellín, Carlos Lehder, quien tras cumplir su condena en los Estados Unidos regresó al país e hizo un llamado público a participar en los comicios del próximo 21 de junio, utilizando una retórica marcadamente anticomunista orientada a confrontar al progresismo.

El presidente Petro reaccionó con dureza en sus canales oficiales, vinculando el apoyo de figuras históricas del narcotráfico con los sectores de la extrema derecha local.

Por otra parte, las redes sociales han sido escenario de duras críticas hacia Abelardo de la Espriella por presunto oportunismo político.

Tras la reciente consagración del Junior de Barranquilla en el torneo local, el candidato publicó mensajes de felicitación presentándose como un ferviente seguidor del equipo y de la cultura popular.

Sin embargo, usuarios digitales revivieron rápidamente entrevistas de archivo del propio abogado donde declaraba de forma explícita su profunda aversión hacia el fútbol:

«Detesto el fútbol. Me parece muy aburrido, no me gusta, nunca he estado en un partido.»

La difusión de estas contradicciones ha debilitado la narrativa de cercanía popular que la campaña buscaba proyectar en la Costa Caribe, una región clave donde el abogado penalista Miguel Ángel del Río ya coordina comités de auditoría jurídica para vigilar la transparencia de las votaciones y prevenir delitos de corrupción al sufragante.

Con la publicidad digital suspendida y los plazos logísticos en contra, la campaña de la oposición enfrenta su hora más crítica en el tramo definitivo hacia la Casa de Nariño.