El avance del candidato de izquierda Roberto Sánchez frente a Keiko Fujimori agita el debate sobre el voto regional. Paralelamente, revelaciones periodísticas vinculan financiamientos cuestionables con el entorno de Abelardo de la Espriella.

Los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en el Perú han generado un inmediato efecto dominó en el panorama político colombiano.

El vertiginoso ascenso del candidato de izquierda, Roberto Sánchez, quien logró revertir una ventaja inicial de casi cinco puntos porcentuales sostenida por la derechista Keiko Fujimori durante las primeras horas del preconteo, ha sido interpretado por diversos analistas como el preludio de la próxima contienda electoral del 21 de junio en Colombia.

El fenómeno, impulsado por el voto masivo del campesinado, las comunidades indígenas y las regiones históricamente marginadas frente al dominio urbano de Lima, provocó una enérgica reacción del presidente Gustavo Petro.

El mandatario colombiano no tardó en calificar el hecho como un triunfo del progresismo sobre “la fuerza más de extrema derecha de ese país”.

«Si usted pierde las elecciones en el Perú, no es por el color de mi piel. Si pierde es por su padre, que fue un criminal de lesa humanidad», manifestó el presidente Petro a través de sus canales oficiales, respondiendo a cuestionamientos previos de la candidata peruana.

El vuelco electoral ha dejado en una posición incómoda a prominentes figuras de la derecha colombiana.

La senadora María Fernanda Cabal y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella habían manifestado públicamente y con vehemencia su respaldo a la heredera del fujimorismo.

De la Espriella, incluso, difundió una conversación telefónica reciente en la que proyectaba una agenda bilateral conjunta entre ambos países enfocada en la “lucha contra el crimen transnacional”.

Sin embargo, sectores de la centro-izquierda colombiana han salido al paso para señalar lo que consideran una profunda “contradicción ética y conceptual” en dicho discurso.

De acuerdo con datos refrendados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las extintas FARC cometieron crímenes atroces contra más de 18.000 menores en Colombia.

Paradójicamente, la historia judicial de la región demuestra que fue Alberto Fujimori —padre y mentor político de la aliada de De la Espriella— quien, junto a su asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, orquestó el desvío ilegal de cerca de 10.

000 fusiles AK-47 hacia las filas de dicha organización guerrillera a finales del siglo pasado a través del denominado ‘Plan Siberia’.

La captura en 2023 del ciudadano ucraniano Dimitro Chorji en la frontera de Albania, miembro de la tripulación que lanzó en paracaídas el armamento en zonas de control guerrillero, refrescó la memoria histórica sobre un negocio pagado con dineros del narcotráfico que dificultó por años la derrota militar de la insurgencia.

Mientras la derecha local ataca los hallazgos de la JEP en Colombia, respalda en el exterior al entorno político del hombre que facilitó el armamento para cometer tales delitos.

A la par de la crisis internacional, el debate doméstico se ha encendido tras las recientes revelaciones del periodista Daniel Coronell en su columna “La huella de Alex Saab”.

Según los documentos públicos presentados por el comunicador, se han identificado nexos financieros que vinculan de forma directa los dineros manejados por el señalado testaferro del régimen venezolano con el entorno del candidato De la Espriella.

Los giros de Group Grand Limited: Registros públicos de Hong Kong revelan que el colombiano Javier Ernesto Betancur Valle (antiguo cónsul en Nueva York durante el gobierno de Álvaro Uribe) fungió como director de la firma utilizada por Saab para desviar 350 millones de dólares destinados a la alimentación en Venezuela.

La prueba de las transferencias: Coronell expuso correos electrónicos donde el propio Alex Saab relacionaba dos transferencias monetarias provenientes de dicha firma que habrían beneficiado directamente los intereses económicos del hoy aspirante presidencial de la derecha.

Ante la gravedad de las pruebas que evidencian transferencias hacia los Estados Unidos, el comité de campaña de De la Espriella ha optado por el silencio administrativo, evitando emitir declaraciones oficiales durante la última semana.

En su lugar, estrategas digitales afines han intentado desviar la atención reactivando ataques mediáticos contra el senador Iván Cepeda, utilizando fotografías de sus gestiones humanitarias y de paz para ligarlo falsamente con actividades insurgentes.

La tensión política continuará en ascenso a medida que la autoridad electoral peruana consolide el voto del exterior, un escrutinio que podría definir no solo el rumbo de la nación inca, sino también consolidar las tendencias de voto de cara a las urnas colombianas el próximo 21 de junio.