El presidente Gustavo Petro denunció desde Nueva York que la polémica orden de suspensión en su contra emitida por la congresista Gloria Arizabaleta constituye un presunto delito de extorsión y ordenó a sus ministros declarar bajo juramento ante la Corte Suprema de Justicia

La recta final de la campaña presidencial en Colombia ha entrado en un terreno de confrontación institucional absoluto, tras destaparse un presunto entramado de chantaje político y manipulación mediática que buscaba apartar temporalmente de su cargo al mandatario Gustavo Petro.

Desde Nueva York, donde cumple compromisos oficiales ante las Naciones Unidas, el jefe de Estado denunció abiertamente que la sorpresiva orden de suspensión provisional emitida en su contra por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes no es más que una “extorsión criminal”.

Según el mandatario, esta maniobra fue ejecutada por la congresista Gloria Arizabaleta en represalia por no haber cedido a presiones burocráticas y prebendas que la legisladora exigía de forma irregular a diversos ministerios del despacho ejecutivo.

Para contener los efectos de lo que el Gobierno califica como un atentado contra el orden constitucional a pocos días de la decisiva segunda vuelta electoral entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, la Embajada de Colombia en los Estados Unidos emitió un contundente comunicado oficial.

El despacho diplomático aclaró con vehemencia que Gustavo Petro se encuentra en el pleno y legal ejercicio de sus funciones presidenciales.

La delegación enfatizó que las informaciones difundidas masivamente por los principales medios de comunicación locales no reflejan los procedimientos de rango constitucional, puesto que una medida de tal magnitud solo puede ser adoptada y ratificada formalmente por la plenaria del Senado de la República tras un riguroso juicio político, y jamás por la determinación unilateral de una sola congresista.

La génesis de este sismo político radica en la actuación de la representante Gloria Arizabaleta, quien ingresó originalmente a la coalición oficialista Pacto Histórico por su vínculo familiar como exesposa del político Roy Barreras, pero que en los últimos meses ha mantenido una distancia radical con las banderas progresistas del candidato Iván Cepeda.

En su contraofensiva, el presidente Petro ordenó de manera perentoria a todos los ministros de su gabinete que hayan recibido peticiones de Arizabaleta presentarse ante la Corte Suprema de Justicia para declarar bajo la gravedad del juramento.

El objetivo del Ejecutivo es demostrar ante el máximo tribunal que las solicitudes de la congresista cruzaron la línea de la gestión regional legítima para convertirse en un chantaje abierto, utilizando su posición estratégica dentro de la Comisión de Acusaciones para golpear al Gobierno si sus exigencias no eran complacidas.

La gravedad del escenario se acentúa al descubrirse los hilos jurídicos y políticos que conectan este documento con la campaña de la oposición derechista.

Revelaciones del periodismo de investigación confirmaron que el apoderado y asesor legal de Arizabaleta en este proceso es Holman Ibáñez, un reconocido abogado que en el pasado fue socio directo del actual candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Ibáñez, quien previamente actuó como conjuez del Consejo Nacional Electoral para frenar ciertas aspiraciones del progresismo, habría sido la mente jurídica detrás de la redacción de este controvertido auto de suspensión, el cual carece de cualquier validez procedimental pero que funcionó con precisión quirúrgica como una herramienta de propaganda.

De forma paralela a la emisión de la fallida orden de suspensión, las redes sociales y los portales de opinión se vieron inundados por una fotografía que pretendía demostrar un pacto secreto entre Gustavo Petro, Roy Barreras y la propia Gloria Arizabaleta para propiciar este escenario.

No obstante, análisis técnicos e informáticos demostraron rápidamente que la imagen fue burdamente adulterada mediante el uso de herramientas avanzadas de inteligencia artificial para incluir el rostro de la congresista en una captura tomada hace más de un año.

El propio Roy Barreras salió al paso de la manipulación rechazando la veracidad del material y calificando las maniobras de la campaña de De la Espriella como un “delirante autoatentado jurídico” diseñado para victimizarse ante la opinión pública y revertir las tendencias desfavorables en las encuestas de votación.

La estrategia de la oposición, secundada por un sector de la prensa tradicional, consistía en posicionar una narrativa de “autogolpe de Estado” o “autoatentado legislativo”.

Según los ideólogos de la derecha, el propio Gobierno habría propiciado la suspensión de Petro para permitirle abandonar temporalmente el palacio presidencial y dedicarse con total libertad a recorrer las plazas públicas del país haciendo campaña abierta en favor de Iván Cepeda sin incurrir en una sanción por participación en política.

No obstante, las evidencias demuestran que Arizabaleta actuaba de la mano de sectores contrarios al Ejecutivo, desatando en las últimas semanas una ofensiva procesal sin precedentes que incluye la apertura de investigaciones penales contra el mandatario por la adquisición de los aviones de combate Gripen y solicitudes de compulsa de copias hacia la primera dama, Verónica Alcocer.

El presidente de la República defendió con firmeza su derecho constitucional al buen nombre, señalando que sus pronunciamientos públicos no constituyen una indebida participación electoral, sino una respuesta legítima frente a los ataques y denuncias interpuestas por Abelardo de la Espriella, incluso ante instancias judiciales de los Estados Unidos.

Petro fustigó la actitud de su detractor, afirmando que es inaceptable que quien aspire a dirigir los destinos de Colombia ignore las instituciones nacionales y pretenda someter la soberanía del país a tribunales extranjeros.

Con la denuncia penal por extorsión ya encaminada hacia la Corte Suprema de Justicia contra Arizabaleta, el Gobierno busca neutralizar este uso político de la justicia, dejando en claro que las instituciones democráticas colombianas no pueden ser utilizadas como moneda de cambio ni como instrumentos de desestabilización electoral en beneficio de intereses particulares.