Destacados líderes de opinión y sectores vinculados al Centro Democrático anuncian su voto por Iván Cepeda o el rechazo al candidato penalista. Una ola de acciones legales por presunta calumnia debilita la campaña de la oposición en el Caribe.

A menos de dos semanas para la jornada electoral decisiva del 21 de junio de 2026, la estructura política que sostiene la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella ha comenzado a registrar fisuras estratégicas e ideológicas de alta gravedad.

Lo que los modelos demoscópicos iniciales interpretaron como una consolidación unificada de las fuerzas de derecha de cara a la segunda vuelta, se ha transformado en un escenario de deserción de votantes independientes, intelectuales y figuras públicas de corte civilista, quienes rechazan el programa radical del abogado barranquillero y anuncian su respaldo al aspirante de centro-izquierda Iván Cepeda.

Entre los movimientos más significativos de las últimas horas destaca el pronunciamiento de Ángela Benedetti, militante de derecha y antigua aliada de la senadora Paloma Valencia en la primera vuelta electoral.

Benedetti criticó con dureza el núcleo del programa económico de De la Espriella, el cual contempla la reducción del 40% del aparato estatal, la fusión de 19 ministerios a solo nueve y la supresión de aproximadamente 700.000 puestos de trabajo y contratos públicos.

Según la analista, estas medidas generarían un choque social intolerable y el desmantelamiento de las garantías laborales mínimas de miles de familias colombianas.

A esta postura se sumó de manera explícita Luis Colmenares, reconocido líder de opinión de origen guajiro y cuyo hijo ejerció como concejal de Bogotá por el Centro Democrático.

Colmenares confirmó públicamente que depositará su voto en favor de Iván Cepeda bajo la premisa de resguardar los principios de la democracia liberal frente a lo que considera una propuesta de corte autocrático e inestable.

El desgaste discursivo de la campaña opositora también ha provocado reacciones adversas en los sectores económicos del liberalismo doctrinario.

Periodistas y analistas de derecha, como Sebastián Nora, han puesto de manifiesto las profundas contradicciones técnicas contenidas en el programa de De la Espriella, señalando que sus propuestas carecen de coherencia macroeconómica y chocan con las dinámicas de los mercados globales contemporáneos.

En el plano estrictamente judicial, la campaña de De la Espriella enfrenta un severo cerco legal tras la difusión de un material audiovisual en el que el candidato acusaba, de manera nominal y sin aportar material probatorio, a diversos congresistas y líderes locales del Pacto Histórico de coordinar redes de corrupción al sufragante en la Costa Caribe colombiana.

La reacción judicial ha sido inmediata. El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Carlos Felipe Quintero, el senador Antonio Correa y el dirigente Felipe Hernández radicaron de manera formal denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación en contra del candidato presidencial por los presuntos delitos de injuria y calumnia.

Los afectados señalaron que estas acusaciones infundadas constituyen un “perfilamiento criminal” que pone en riesgo directo su integridad física y la de sus familias en un contexto de alta polarización política.

«El candidato de la extrema derecha ha optado por reemplazar el debate democrático con la estigmatización y el señalamiento criminal infundado… He puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía y espero que actúe con celeridad», afirmó Hernández tras formalizar su denuncia.

Paralelamente, se han multiplicado las denuncias ciudadanas y de veeduría electoral coordinadas por el abogado Miguel Ángel del Río en los departamentos de Córdoba y Magdalena.

Registros audiovisuales expusieron el despliegue de caravanas de vehículos de alta gama portando la publicidad de De la Espriella en las inmediaciones de las propiedades del senador conservador Marcos Daniel Pineda, un hecho que, a juicio de la campaña de Cepeda, demuestra los vínculos orgánicos del candidato con los clanes políticos tradicionales que formalmente prometió combatir.

La tensión electoral trascendió las fronteras colombianas luego de que De la Espriella hiciera un llamamiento público a altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos —mencionando directamente al subsecretario Landau— para que intervengan de manera activa en la vigilancia de los comicios mediante la revocación de visados a dirigentes políticos colombianos.

Esta solicitud fue catalogada por congresistas independientes y voceros oficiales como un acto de subordinación diplomática que lesiona de forma directa la soberanía del Estado.

Sectores políticos tradicionales recordaron que apelar a la injerencia de agencias extranjeras para dirimir controversias domésticas desvirtúa la legitimidad del sistema judicial propio y contradice el discurso nacionalista de la campaña de la oposición, configurando un escenario de debilidad política ante el avance de las fuerzas alternativas en las urnas.