Los esquemas de seguridad para candidatos presidenciales en Colombia superan los 1.000 millones de pesos mensuales por aspirante, con más de 4.351 efectivos desplegados entre Policía y UNP

La carrera presidencial en Colombia vuelve a estar marcada por la controversia, esta vez por el elevado costo de los esquemas de seguridad, el uso intensivo de transporte aéreo y las dudas sobre la financiación real de varias campañas.

En el centro del debate se encuentra el candidato Abelardo De la Espriella, cuyo discurso de austeridad contrasta con los gastos revelados en las últimas semanas.

Durante una reciente intervención pública, Armando Benedetti expuso cifras detalladas sobre el costo de proteger a los aspirantes a la presidencia.

Según explicó, más de 4.351 efectivos han sido destinados a garantizar la seguridad de los candidatos, incluyendo personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de la Policía Nacional.

“Cada vez que un candidato se desplaza, no tiene menos de 40 efectivos de la Policía acompañándolo”, afirmó.

Los datos son contundentes: 107 personas de la UNP, 160 policías, 29 vehículos convencionales, 39 blindados y 29 chalecos hacen parte de los esquemas actuales.

En el caso de los candidatos con campañas más robustas, el costo mensual de seguridad supera los 500 millones de pesos por parte de la UNP, a lo que se suma una cifra similar en recursos policiales.

En total, proteger a un solo candidato puntero puede costar cerca de 1.000 millones de pesos mensuales.

Estas cifras han generado críticas, especialmente hacia quienes han basado su discurso político en la reducción del gasto público.

“Si quieren ahorrarle plata al país, ¿por qué no pagan su propia seguridad?”, cuestionó uno de los análisis difundidos en redes y espacios digitales.

El foco se intensificó sobre De la Espriella tras conocerse que, durante la recolección de firmas, su campaña habría gastado cerca de 387 millones de pesos únicamente en vuelos.

A esto se suman nuevos señalamientos por el uso frecuente de helicópteros, incluso para trayectos cortos entre Bogotá y municipios cercanos como Cajicá.

Las imágenes de su llegada en helicóptero a la Universidad de La Sabana provocaron reacciones inmediatas, especialmente porque otros candidatos realizaron el mismo recorrido por vía terrestre.

“La campaña no ha escatimado en gastos para que el candidato se mueva en helicóptero, inclusive en recorridos cortos”, se señaló en distintos análisis políticos.

El uso de este tipo de transporte ha sido defendido por simpatizantes bajo argumentos de seguridad.

“Si ustedes fueran candidatos presidenciales y tuvieran el nivel de amenazas que tiene Abelardo, ¿en qué se transportarían?”, planteó un seguidor.

Sin embargo, la crítica persiste al recordar que el Estado ya cubre una parte significativa de su protección.

Otro elemento que ha generado inquietud es la contratación de servicios aéreos con la empresa Helistar, propiedad de un ex piloto de la Policía que, según documentos de inteligencia citados en investigaciones judiciales, fue mencionado como presunto colaborador de carteles del narcotráfico en el pasado.

El empresario ha negado dichas acusaciones.

Mientras tanto, el debate sobre la financiación de campañas también alcanzó a la periodista y candidata Vicky Dávila.

Los reportes indican que su proceso de recolección de firmas tuvo un costo cercano a los 2.378 millones de pesos.

Una parte significativa de estos recursos habría sido aportada por Gabriel Gilinski, a través de empresas vinculadas a su grupo económico.

Cuando anunció su candidatura, Dávila defendió su independencia: “Los aportes van a tener un límite, no es que me van a dar miles de millones”.

No obstante, los registros financieros muestran aportes que superan los 2.100 millones de pesos, incluyendo inversiones en publicidad digital, consultorías y logística.

El caso ha reavivado el debate sobre el papel de los grandes grupos económicos en la política.

“Se vendía como un movimiento ciudadano, pero la financiación proviene de las élites”, señalan críticos del proceso.

A esto se suma la figura de la reposición de votos, mecanismo mediante el cual el Estado reembolsa a los candidatos parte de los gastos de campaña según los resultados electorales.

Esto implica que, independientemente del origen inicial de los recursos, una porción significativa podría terminar siendo cubierta con dinero público.

“Puede decir lo que quiera, pero esa reposición la pagaremos todos los colombianos”, advierten analistas.

En paralelo, también han surgido controversias por declaraciones de fórmulas vicepresidenciales.

En medio del debate, uno de los aspirantes afirmó: “Claramente un vicepresidente no sirve para montar en helicóptero.

Yo no voy a montar en helicóptero”, comentario que generó críticas por su tono y por el contexto político en el que se produce.

El panorama deja en evidencia una tensión creciente entre el discurso político y la práctica real de las campañas.

Mientras algunos candidatos promueven la austeridad y la eficiencia del gasto público, los datos revelan inversiones millonarias en logística, seguridad y publicidad.

A medida que avanza el proceso electoral, las cifras, los contratos y los movimientos financieros continúan bajo escrutinio.

La pregunta sobre quién financia realmente las campañas y cómo se utilizan los recursos públicos se perfila como uno de los ejes centrales del debate político en Colombia.