Un demoledor informe técnico elaborado por la división de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina ha sacudido los cimientos del poder político y judicial.

El documento, que ya ha sido incorporado formalmente al expediente liderado por el fiscal Eduardo Taiano, aporta una prueba científica irrefutable que contradice la versión pública del presidente Javier Milei, quien en su momento se autodefinió como un “tecno-optimista fanático” que simplemente había “difundido” un hallazgo casual en las redes.

Según el peritaje oficial, el token “Libra” tuvo un origen único mediante un evento de generación total (Coin Generation) dentro de la blockchain de Solana, manteniendo una asignación inicial concentrada de forma absoluta en una sola dirección electrónica bajo un control primario y anónimo.

El informe es categórico: al momento exacto en que el mandatario realizó su publicación en la red social X (Twitter) —aquel recordado Día de los Enamorados a las 19:01—, el activo digital no figuraba en ningún exchange centralizado.

Esto significa que era técnicamente imposible que Milei hubiera “pescado” la información de manera casual en la web. La información era exclusiva de los creadores del proyecto y sus socios, lo que sitúa al Presidente en el círculo íntimo de acceso inicial a la presunta estafa.

La investigación de las querellas ya había detectado un flujo sospechoso de comunicaciones contemporáneas al posteo presidencial.

Los registros telefónicos revelan un intercambio de mensajes y llamadas entre Javier Milei y Mauricio Gaspar Novelli, un hombre de estrecha confianza del entorno libertario, quien a su vez coordinaba acciones con Heiden Davis.

Los denunciantes afirman que la maniobra consistió en utilizar la enorme influencia digital del mandatario para darle un “empujón” publicitario al token, disparar su cotización y convertirlo en un negocio multimillonario para unos pocos, bajo la falsa premisa de que los fondos recaudados —estimados en unos 286 millones de dólares— serían destinados a la ayuda de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que hoy afrontan una dura crisis.

Mientras el destino de la millonaria suma sigue siendo una incógnita, la situación de los implicados se vuelve cada vez más tensa:

Mauricio Novelli: Según fuentes de la causa, se encuentra bajo un estricto esquema de custodia y seguridad privada tras haber recibido amenazas de muerte de sectores libertarios indignados por el impacto negativo que este caso ha generado sobre la figura presidencial.

Terrones Godoy: Continúa operando activamente a través de escuelas de trading en Argentina, aunque las sospechas apuntan a que las recaudaciones son desviadas hacia estructuras jurídicas opacas (LLC) radicadas en Miami.

Martín Romeo, uno de los principales damnificados y querellantes activos de la causa, alzó la voz para denunciar la alarmante parsimonia del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.

Romeo reveló que, a pesar de la gravedad de los hallazgos técnicos que confirman la existencia de una asociación ilícita de base, el fiscal demoró más de un mes y medio en incorporar el crítico informe de 14 páginas al expediente.

La querella denuncia además el enorme costo institucional y económico que este proceso está costando al Estado argentino, estimando un gasto cercano a los 4 millones de dólares en recursos de investigación debido a la negativa del Presidente a presentarse a declarar de forma espontánea para aclarar el origen de los datos.

Con las pruebas técnicas sobre la mesa, la presión social y judicial se incrementa de manera insostenible, y los damnificados exigen que, de manera inmediata tras el receso de la feria judicial, el fiscal Taiano proceda a citar a Javier Milei a una declaración indagatoria formal.