Más de 300 elementos federales desplegados en la sierra de Durango lograron la captura de diez integrantes clave del grupo de Aureliano Guzmán, incluyendo a su operador financiero y jefe de seguridad

Un amplio despliegue de fuerzas federales en la sierra de Durango asestó un golpe significativo a la estructura operativa de Aureliano Guzmán Loera, conocido como “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Aunque el objetivo principal logró evadir el cerco, autoridades confirmaron la captura de diez integrantes de su organización, entre ellos figuras clave como su operador financiero, su jefe de seguridad y uno de sus colaboradores más cercanos.

El operativo se llevó a cabo el 21 de abril en la comunidad de La Cebadilla, municipio de Tamazula, una zona de difícil acceso enclavada en el llamado Triángulo Dorado, región montañosa que abarca territorios de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Más de 300 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina participaron en acciones coordinadas por aire y tierra, respaldadas por labores de inteligencia que permitieron ubicar a los objetivos.

De acuerdo con reportes oficiales, durante la intervención fueron aseguradas al menos diez armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos y artefactos explosivos.

Habitantes de la zona relataron haber escuchado intensas detonaciones y observar el sobrevuelo de helicópteros.

“Se oían ráfagas y luego vimos pasar las aeronaves muy bajo”, comentó uno de los pobladores, reflejando la magnitud del despliegue.

Entre los detenidos destacan individuos identificados como Abel, considerado hombre de confianza de “El Guano”; Ever Israel, señalado como responsable de la logística y financiamiento, incluyendo la adquisición de armamento, drones y explosivos; y Etir Lugo, identificado como jefe de seguridad del grupo.

Las autoridades sostienen que estas capturas afectan directamente la capacidad operativa de la facción.

Pese al alcance del operativo, el líder criminal no fue localizado.

Fuentes de seguridad señalan que la compleja geografía del Triángulo Dorado continúa siendo un factor determinante para la evasión de objetivos prioritarios.

Se trata de una región históricamente vinculada a la producción y tráfico de drogas, donde las condiciones montañosas dificultan el acceso y favorecen la movilidad de grupos delictivos.

Este territorio ha sido escenario de múltiples operativos en las últimas décadas y ha estado ligado a figuras emblemáticas del narcotráfico en México.

Su relevancia estratégica radica tanto en su ubicación como en la infraestructura clandestina que permite la producción y traslado de sustancias ilícitas.

En paralelo a las acciones en México, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 23 personas y entidades relacionadas con una red global de suministro de opioides sintéticos vinculada al Cártel de Sinaloa.

Según el comunicado oficial, la red involucra proveedores de precursores químicos, principalmente desde Asia, utilizados para la fabricación de sustancias de alta potencia.

“El objetivo es interrumpir toda la cadena de producción y distribución”, indicaron autoridades estadounidenses.

Mientras tanto, en Chihuahua, otro operativo derivó en una escalada de violencia en el municipio de Ojinaga.

Fuerzas estatales detectaron un convoy de civiles armados, lo que desencadenó enfrentamientos, persecuciones y bloqueos carreteros.

Los agresores utilizaron vehículos robados e incendiaron propiedades para obstaculizar el avance de las autoridades.

“Se colocaron filtros y se retiraron objetos peligrosos de la vía para restablecer la circulación”, informaron autoridades de seguridad estatal.

Sin embargo, el foco de atención también se ha centrado en otro operativo realizado en Chihuahua, donde surgió una fuerte polémica por la presunta participación de agentes estadounidenses en acciones operativas sin autorización del gobierno federal.

El caso cobró relevancia tras un accidente en la sierra Tarahumara en el que fallecieron dos agentes mexicanos y dos ciudadanos estadounidenses.

La presidenta de México se refirió al tema señalando: “No hay razón para que este hecho afecte la relación bilateral, pero se deben respetar los procedimientos y la ley”.

También confirmó que intentó comunicarse con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sin éxito inmediato, ya que la mandataria se encontraba fuera de su oficina.

Por su parte, autoridades estatales han sostenido que los extranjeros no participaron directamente en el operativo, versión que contrasta con reportes que indican una posible intervención en campo.

El fiscal estatal declaró: “No había agentes norteamericanos en el operativo que condujo al aseguramiento”, mientras que otras versiones apuntan a una participación más activa.

El caso ha escalado al ámbito legislativo.

El Senado de la República aprobó invitar a la gobernadora y a funcionarios estatales a una reunión para esclarecer los hechos.

“Es una invitación respetuosa”, señalaron legisladores, aclarando que no implica sanción en caso de inasistencia.

En este contexto, también surgieron llamados a investigar posibles responsabilidades políticas.

Un legislador afirmó: “La soberanía no está a negociación”, subrayando la importancia de respetar el marco constitucional en materia de seguridad.

Mientras continúan las investigaciones y se esperan definiciones sobre posibles sanciones, los recientes operativos reflejan la complejidad del combate a las estructuras criminales en regiones estratégicas del país, así como los desafíos en la coordinación entre distintos niveles de gobierno y la cooperación internacional.