El sindicato policial Jupol denunció públicamente que el Ministerio del Interior mantiene un despliegue de más de diez agentes de contravigilancia para proteger a la tertuliana Sara Santaolalla

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha expuesto una situación que ha generado un hondo malestar en el seno de las fuerzas de seguridad del Estado y ha reabierto el debate sobre los criterios institucionales en la asignación de escoltas.

De acuerdo con las denuncias de la organización sindical, el Ministerio del Interior, bajo la dirección del ministro Fernando Grande-Marlaska, ha reestructurado de manera controvertida sus efectivos, retirando personal dedicado de forma específica a la custodia de testigos protegidos con el objetivo de mantener y reforzar el dispositivo de seguridad asignado a Sara Santaolalla, una tertuliana y colaboradora mediática abiertamente vinculada a las tesis del partido de Gobierno.

Las críticas de los representantes de los agentes apuntan a una preocupante politización en la gestión de la seguridad pública.

Desde Jupol señalan que el departamento del ministro prioriza el amparo de perfiles con relevancia mediática y cercanía ideológica, generando un claro agravio comparativo hacia ciudadanos anónimos que sufren amenazas reales, objetivas y debidamente acreditadas en su vida cotidiana.

Esta redistribución de agentes ha dejado bajo mínimos el nivel de protección operativa en unidades altamente sensibles de la Policía Nacional, cuyos integrantes alertan sobre el riesgo extremo al que se expone a personas clave en procesos judiciales complejos al desmantelar sus equipos de vigilancia habituales.

El aspecto más controvertido del despliegue radica en que se mantiene y amplía a pesar de no contar con el respaldo de las autoridades judiciales competentes.

Los portavoces sindicales confirman que, a fecha de hoy, Santaolalla dispone de un equipo superior a los diez agentes dedicados a labores de contravigilancia, un operativo técnico desmesurado que incluye vehículos camuflados destinados a controlar minuciosamente cada ruta, acceso y rutina de la comunicadora.

El origen de este despliegue se remonta al pasado mes de marzo, a raíz de un tenso altercado verbal ocurrido en las instalaciones del Senado entre la tertuliana y el periodista Vito Quiles.

En aquel momento, la cartera de Interior asignó inicialmente una escolta permanente de cuatro agentes asignados a su sombra, con un coste directo estimado en unos 12.

000 euros mensuales para el erario público.

Posteriormente, la afectada intentó judicializar el conflicto solicitando formalmente una orden de alejamiento ante los tribunales.

Sin embargo, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 23 de Madrid desestimó de manera categórica las pretensiones de la tertuliana tras comprobar que no existían indicios de agresión física ni elementos objetivos que hicieran peligrar su integridad física, procediendo al archivo definitivo de la causa penal.

Pese a que la justicia desmontó la existencia de una situación de riesgo real para Santaolalla, el Ministerio del Interior adoptó la decisión política de prorrogar e incrementar este blindaje de seguridad, una medida que los agentes catalogan como un trato de favor injustificado.

La indignación en el estamento policial se agrava al contrastar estos privilegios con las severas carencias materiales que experimentan los programas de protección a colectivos vulnerables, especialmente en el ámbito de la violencia de género.

Los datos aportados por los propios sindicatos evidencian un desolador desequilibrio operativo: mientras una analista de televisión dispone de una decena de agentes asignados para su uso particular, en el sistema de protección a mujeres maltratadas la ratio apenas alcanza un policía por cada centenar de víctimas inscritas.

Los agentes denuncian que en estas áreas críticas el Ministerio sí escatima recursos de forma sistemática, dándose situaciones extremas en las que un funcionario saliente de vacaciones debe traspasar de manera provisional su terminal telefónica a un único compañero, quien termina asumiendo la responsabilidad técnica y el seguimiento de hasta 200 mujeres simultáneamente.

Este escenario ha sembrado la frustración en las plantillas policiales, donde se critica abiertamente que la gestión interna de Interior prefiera priorizar el amparo y la comodidad de su entorno político y mediático antes que optimizar la distribución de recursos humanos especializados para salvaguardar vidas humanas en situaciones de emergencia real.