La justicia federal de Argentina evalúa reabrir una causa contra Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en más de 6.402 ejecuciones extrajudiciales registradas entre 2002 y 2008 bajo el principio de jurisdicción universal

La justicia federal de Argentina programó para este 14 de abril una audiencia decisiva que podría marcar un punto de inflexión en una de las controversias judiciales más sensibles de América Latina: la posible apertura de un proceso bajo el principio de jurisdicción universal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.

El caso, impulsado por víctimas y organizaciones de derechos humanos, fue presentado en noviembre de 2023 ante tribunales argentinos.

La acción judicial busca que se investigue la eventual responsabilidad del exmandatario en crímenes que, según los demandantes, constituyen delitos de lesa humanidad.

La audiencia de este martes se realiza tras la apelación contra una decisión previa que había ordenado archivar el expediente en octubre de 2025.

El proceso se desarrolla en el marco del principio de jurisdicción universal, una figura del derecho internacional que permite a tribunales de un país investigar crímenes graves —como genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad— incluso si estos fueron cometidos fuera de su territorio.

Este principio ha tenido precedentes emblemáticos, como el caso del exdictador chileno Augusto Pinochet, cuya detención en Londres en 1998 a solicitud de la justicia española marcó un hito en la aplicación de este mecanismo.

Las organizaciones querellantes —entre ellas el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Jurídica Libertad y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo— sostienen que en Colombia no se han adelantado investigaciones penales efectivas contra el exmandatario por estos hechos.

Según argumentan, la falta de avances en instancias nacionales justificaría la intervención de tribunales extranjeros.

De acuerdo con cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 2002 y 2008, periodo en el que gobernó Álvaro Uribe Vélez, se registraron al menos 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales.

Estas prácticas consistían en presentar civiles asesinados como bajas en combate, en el marco del conflicto armado interno colombiano.

“El recurso de la jurisdicción universal es un mecanismo subsidiario para evitar la impunidad cuando los sistemas judiciales nacionales no actúan”, han señalado representantes de las víctimas.

La decisión que adopte la Cámara Federal argentina determinará si la causa continúa su curso o queda definitivamente archivada.

En paralelo a este desarrollo judicial internacional, el debate político en Colombia se intensifica.

El senador Iván Cepeda Castro, reconocido por su papel en la defensa de derechos humanos y en investigaciones relacionadas con el conflicto armado, reiteró recientemente su propuesta de endurecer la legislación anticorrupción en el país.

Durante una intervención en el departamento del Huila, Cepeda planteó la necesidad de “tipificar la gran corrupción como delito grave, sin beneficios judiciales ni casa por cárcel”.

El senador insistió en la creación de un sistema nacional anticorrupción con capacidad de prevención, investigación y sanción efectiva, así como en la protección de denunciantes.

“Es indispensable que la ciudadanía participe activamente en la denuncia de los corruptos. Sin esa presión social, las estructuras de impunidad seguirán intactas”, afirmó.

Por otro lado, la controversia política también ha alcanzado el ámbito educativo.

La senadora Paloma Valencia generó polémica al afirmar que más de 725.000 estudiantes colombianos repitieron el año escolar en 2025, señalando una supuesta crisis en el sistema educativo.

El Ministerio de Educación respondió aclarando que esa cifra corresponde en realidad al año 2022, durante el gobierno del expresidente Iván Duque Márquez.

Según datos oficiales, en años posteriores se ha registrado una reducción significativa en los niveles de repitencia.

“La cifra citada no corresponde al periodo actual.

Hemos logrado disminuir el número de estudiantes que repiten el año gracias a políticas de permanencia y acompañamiento”, indicaron voceros de la cartera educativa.

Este cruce de declaraciones evidencia la creciente tensión política en el país, en un contexto marcado por debates sobre reformas estructurales, seguridad, economía y transición energética.

Mientras sectores de oposición proponen medidas como el impulso a la explotación de hidrocarburos y el fracking, el gobierno actual defiende una transición hacia energías limpias.

En medio de este panorama, el caso en Argentina añade un componente internacional a la ya compleja dinámica política colombiana.

La eventual reactivación del proceso contra Álvaro Uribe Vélez podría tener repercusiones tanto jurídicas como políticas, reabriendo discusiones sobre responsabilidad estatal, justicia transicional y el alcance de los mecanismos internacionales para combatir la impunidad.

La audiencia de este 14 de abril no solo definirá el futuro de la causa en tribunales argentinos, sino que también podría sentar un precedente relevante sobre la aplicación de la jurisdicción universal en América Latina.

Mientras tanto, las víctimas continúan esperando que sus casos sean escuchados en cualquier instancia donde exista la posibilidad de verdad y justicia.