Las declaraciones de Keiko Fujimori sobre gobernar como su padre reabren el debate sobre las políticas laborales aplicadas en el Perú durante la década de 1990

En medio del clima político peruano, las declaraciones de Keiko Fujimori sobre su intención de “gobernar como lo hizo su padre” han reabierto heridas profundas en un sector de la población que aún lucha por justicia.

A más de tres décadas de las reformas aplicadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, miles de trabajadores despedidos continúan reclamando reparación por lo que consideran ceses ilegales y masivos.

En una reciente entrevista, el dirigente sindical Hilson Ramos —quien vivió en carne propia aquellos procesos— ofreció un testimonio que mezcla memoria, denuncia y advertencia.

“Nosotros somos víctimas de un procedimiento duro, de un genocidio laboral”, afirmó con contundencia.

Según su relato, más de 300.000 trabajadores del sector público fueron despedidos durante la década de 1990, en el marco de políticas de reestructuración del Estado.

Ramos explica que estos despidos no solo fueron masivos, sino también irregulares.

“El mismo Estado ha reconocido, mediante leyes como la 27803, que fueron ceses irregulares”, señaló, subrayando que no se respetaron los procedimientos legales establecidos en la carrera administrativa.

Muchos trabajadores, aseguró, fueron forzados a firmar renuncias bajo presión o sometidos a evaluaciones que calificó como “punitivas”.

El impacto social de estas decisiones, según el dirigente, fue devastador.

“Se constituyó un ejército de desocupados”, relató, describiendo cómo miles de familias quedaron sin sustento de un día para otro.

En su testimonio, las consecuencias no se limitan al ámbito económico: habla de jóvenes que cayeron en la delincuencia, el consumo de drogas o el abandono escolar, y de hogares fracturados por la precariedad.

“El dolor es muy duro, hasta puede partirme el alma”, confesó Ramos al recordar a compañeros fallecidos en condiciones de abandono.

Narró incluso el caso de un ex trabajador cuyo cuerpo permaneció en una morgue durante semanas sin que nadie lo reclamara.

“Es una realidad que no se puede ignorar”, insistió.

Actualmente, aunque el Estado peruano ha reconocido a unos 65.

000 trabajadores como cesados irregularmente, una gran mayoría aún espera una reparación efectiva.

Ramos sostiene que más del 70% de los afectados no ha recibido compensación ni reincorporación.

“No estamos pidiendo un derecho nuevo, estamos exigiendo que se cumpla lo que ya está reconocido por ley”, enfatizó.

En ese contexto, la afirmación de Keiko Fujimori de replicar el estilo de gobierno de su padre genera preocupación entre estos sectores.

Para Ramos, el mensaje es claro: “Estaría aplicando el mismo proceso de reorganización del Estado, lo que podría significar una segunda ola de despidos masivos”.

El dirigente también vinculó estas políticas con tendencias actuales en la región, mencionando casos como el del presidente argentino Javier Milei, en referencia a recortes y despidos en el sector público.

“Es un modelo que prioriza al empresariado y deja de lado a los trabajadores”, opinó.

En contraste, Ramos destacó la gestión del expresidente Pedro Castillo, a quien calificó como el único mandatario que recibió a los trabajadores despedidos en el Palacio de Gobierno.

“Fue el único jefe de Estado que nos escuchó”, afirmó.

Durante su administración, según explicó, se creó una comisión multisectorial que permitió revisar casos con mayor transparencia, logrando reconocer a un porcentaje significativamente mayor de afectados.

Más allá de las posturas políticas, el testimonio refleja una realidad persistente en el Perú: la lucha por la memoria y la justicia laboral.

“No guardamos odio ni rencor”, aclaró Ramos, “pero son hechos que quedan marcados profundamente en cada familia”.

El llamado final del dirigente no es a la confrontación, sino a la reflexión.

“Invocamos a un voto de reivindicación, no de venganza”, expresó, dirigiéndose al pueblo peruano en un momento clave del escenario político.

Sus palabras resumen el sentir de miles que, tras años de lucha, aún esperan que el Estado cumpla con sus compromisos.

Así, mientras el país se enfrenta a nuevas decisiones electorales, las voces del pasado vuelven a resonar con fuerza, recordando que las políticas públicas no solo se miden en cifras, sino en las vidas que transforman —o dejan atrás.