Líderes sindicales y mineros artesanales acusan al expresidente de orquestar el despojo de sus recursos en favor de capitales extranjeros y denuncian nexos con estructuras del paramilitarismo en el Nordeste antioqueño.

Los municipios de Segovia y Remedios, ubicados en la subregión del Nordeste del departamento de Antioquia, revivieron con crudeza las tensiones históricas derivadas de la liquidación y venta de la emblemática empresa Frontino Gold Mines.

En un tenso encuentro público, representantes de la Mesa Minera y trabajadores locales increparon directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalándolo como el principal responsable político del desmantelamiento de la economía aurífera tradicional de la región y exigiéndole la devolución de los activos mineros.

“Queremos decirle, señor Uribe, que usted debería estar condenado junto con su hermano.

Que nos devuelva la empresa que nos quitó.

Usted nos robó la empresa, usted es un ladrón y se lo digo en la cara”, manifestó de forma vehemente un portavoz comunitario durante la accidentada comparecencia del exmandatario, reflejando el profundo resentimiento de una población que vincula las políticas estatales de su gobierno (2002-2010) con la pérdida de su sustento ancestral.

Durante décadas, Frontino Gold Mines operó como el eje vertebrador del desarrollo socioeconómico del nordeste antioqueño.

Sin embargo, amparado en un discurso de eficiencia fiscal, modernización tecnológica y atracción de disciplina empresarial, el gobierno de Uribe Vélez inició en el año 2004 el proceso formal de liquidación de la compañía.

Para el año 2008, la privatización se promovió abiertamente desde el Ejecutivo como la única alternativa viable para “salvar” los yacimientos.

La operación culminó en el año 2010 con la venta de los activos mineros a conglomerados de capital canadiense, ligados inicialmente a la firma Medoro Resources y posteriormente consolidados bajo la multinacional Gran Colombia Gold (conocida en la actualidad como Aris Mining).

Esta transacción implicó la entrega de un título a perpetuidad sobre más de 2.000 hectáreas del subsuelo de Segovia, vedando la explotación independiente a los mineros tradicionales que operaban en la zona mediante métodos artesanales.

El descontento de las agremiaciones sindicales, tales como Sintraenergética, trasciende el plano meramente laboral.

Informes comunitarios recopilados por organizaciones sociales y medios alternativos asocian la llegada de la multinacional extranjera con el recrudecimiento de la violencia y el accionar de estructuras paramilitares que comenzaron a asediar a los trabajadores de los socavones.

Las denuncias penales apuntan a que en el año 2003, la Presidencia de la República constituyó una comisión especial destinada a intervenir la Frontino Gold Mines.

Entre los integrantes de dicho comité figuraba Raúl Alinde, quien posteriormente fue señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto socio comercial de las empresas controladas por el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, extraditado a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Según los líderes de la Mesa Minera, Alinde resultó beneficiario directo de los esquemas de producción de la mina Cristales tras la intervención estatal.

El impacto humanitario en la región ha sido severo.

Se registran múltiples muertes violentas de trabajadores y, en el año 2015, los miembros de la Mesa Minera de Segovia fueron declarados formalmente como “objetivo militar” a través de panfletos intimidatorios que circularon apenas cuarenta y ocho horas después de que se realizaran debates de control político en la Asamblea Departamental de Antioquia.

En octubre de ese mismo año, el reconocido líder de la explotación artesanal de la mina Providencia, Fernando Augusto Silva, fue asesinado mediante impactos de arma de fuego en las afueras de su domicilio, en un contexto marcado además por atentados con artefactos explosivos (granadas) al interior de los túneles y cobros extorsivos.

La implementación de los nuevos marcos contractuales propuestos por la multinacional, que según los afectados reducen en más de un 60% los ingresos de las unidades mineras tradicionales, desató paros cívicos masivos en los años 2017 y 2018.

Las jornadas de protesta contaron con la adhesión de sectores mineros de municipios vecinos como Caucasia, bajo consignas que rechazaban la criminalización y estigmatización de la actividad ancestral por parte del Estado.

“Aquí no hay criminales, aquí hay un pueblo dolido por el atropello de una multinacional que desde que llegó ha intentado criminalizar a nuestra gente”, declaraban los manifestantes durante las movilizaciones.

A la problemática de la tenencia de la tierra y los títulos mineros se suma el impago de pasivos laborales.

Un sector de jubilados y exempleados de la antigua Frontino Gold Mines sostiene que desde el año 2005 las liquidaciones de ley se encuentran congeladas por los liquidadores designados, sin que se ofrezcan respuestas claras sobre el destino de los fondos de contingencia laboral, lo que cronifica el conflicto social en una de las regiones con mayor producción de oro de Sudamérica.