El juez Gerardo Osco González declaró infundado el pedido de prisión preventiva y ordenó la liberación de 11 presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Despiadados de Ancón’

El pasado 29 de mayo, el juez Gerardo Osco González tomó una decisión controvertida que ha generado gran preocupación en la sociedad peruana.

Este magistrado, a cargo del tercer juzgado de investigación preparatoria de Puente Piedra y Ventanilla, decidió declarar infundado el pedido de prisión preventiva contra un grupo de once extorsionadores pertenecientes a la organización criminal conocida como ‘Los Despiadados de Ancón’.

Esta mafia se dedicaba a extorsionar a transportistas y colectiveros en Lima Norte, generando un clima de miedo e inseguridad entre los trabajadores del sector.

La red de extorsionadores había estado operando desde el año 2023, logrando recaudar alrededor de seis millones de soles a través de cobros ilícitos.

A pesar de las evidencias contundentes presentadas por la fiscalía, que incluían testimonios y grabaciones, el juez Osco González decidió liberar a estos individuos, permitiéndoles regresar a las calles.

Esto ha suscitado una ola de indignación y cuestionamientos sobre la eficacia del sistema judicial en la lucha contra la criminalidad organizada.

La historia de este caso comenzó el 18 de abril, cuando agentes de la SUAT y la DBAC iniciaron la búsqueda de Ángel Rosales Guzmán, uno de los líderes de la organización.

Conocido como ‘Negroángel’, Rosales era temido por los transportistas de las rutas Lima-Chancay, Guaral y Barranca.

Según las investigaciones, su papel era el de amenazar a los conductores para que pagaran puntualmente los cupos extorsivos, que se cobraban de manera diaria y semanal.

La zona de operación de esta organización se ubicaba en el paradero Fundición, en Puente Piedra, un lugar donde no había presencia policial ni supervisión de la Autoridad de Transporte Urbano.

Este vacío de autoridad permitió que las extorsiones prosperaran sin obstáculos.

A 21 horas de distancia, en la cárcel de Juliaca, se encontraba Lucio Moreno Jaque, el verdadero cabecilla de la red, quien había mantenido el control absoluto de esta actividad delictiva durante más de diez años.

Las autoridades estiman que la organización logró amasar una fortuna considerable a través de sus actividades ilícitas.

Sin embargo, a pesar de la amplia documentación y las pruebas recabadas por la fiscalía, el juez Osco González decidió que no era suficiente para mantener a los acusados en prisión.

La decisión fue recibida con incredulidad por parte de la fiscalía y la policía, quienes habían trabajado arduamente durante casi dos años y medio para desmantelar esta red criminal.

Las declaraciones juradas de algunos transportistas, que afirmaban no haber sido extorsionados por ‘Negroángel’, fueron presentadas como prueba de inocencia.

Sin embargo, se descubrió que estas declaraciones habían sido firmadas bajo coacción, lo que añade una capa más de complejidad a la situación.

A pesar de las pruebas de intimidación y coerción, el juez decidió liberar a los once acusados, lo que ha llevado a cuestionar la integridad del sistema judicial y su capacidad para lidiar con la criminalidad organizada.

La fiscalía ha apelado la decisión del juez, y se espera que en los próximos días el poder judicial tome una resolución definitiva sobre el caso.

Mientras tanto, los extorsionadores liberados están sujetos a ciertas restricciones, como la prohibición de salir del país y la obligación de no acercarse a los paraderos de transporte involucrados en la investigación.

Sin embargo, muchos se preguntan si estas medidas son suficientes para garantizar la seguridad de los transportistas y la comunidad en general.

La liberación de estos once extorsionadores ha puesto de manifiesto las deficiencias en el sistema judicial peruano y ha generado un debate sobre la necesidad de reformas que fortalezcan la lucha contra la extorsión y otros delitos graves.

La sociedad espera que las autoridades tomen medidas efectivas para asegurar que la justicia prevalezca y que los responsables de delitos tan graves enfrenten las consecuencias de sus acciones.

La situación actual plantea un desafío significativo para las fuerzas del orden y la fiscalía, quienes deben continuar su labor en un contexto donde la impunidad parece prevalecer.

La lucha contra la extorsión y la criminalidad organizada es una tarea compleja, pero esencial para el bienestar de la sociedad peruana.