Luis Eduardo Poletti Vega, titular de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México, acumuló señalamientos por presuntas irregularidades durante su etapa en la Fiscalía General de la República entre 2009 y 2019

Luis Eduardo Poletti Vega, actual titular de una unidad especializada en la investigación de personas desaparecidas en la Ciudad de México, ha sido objeto de atención pública debido a su trayectoria dentro del sistema de procuración de justicia en México, así como por diversas controversias relacionadas con su desempeño en cargos anteriores y actuales dentro de instituciones federales y locales.

Su carrera en el ámbito de la justicia comenzó en 2009, cuando se incorporó a la entonces Fiscalía General de la República.

Desde el inicio, fue asignado a áreas vinculadas con la investigación de delitos de alta gravedad, específicamente en la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, instancia creada para atender uno de los crímenes más graves reconocidos por la legislación mexicana y por tratados internacionales: la tortura.

Este delito es considerado imprescriptible en el país, lo que implica la obligación permanente del Estado de investigar y sancionar a los responsables.

Durante su gestión en dicha unidad, que se extendió por aproximadamente una década, distintas organizaciones de derechos humanos documentaron presuntas irregularidades en la atención de denuncias.

Entre los señalamientos más recurrentes se encuentran supuestas negativas sistemáticas para recibir denuncias relacionadas con actos de tortura, lo que habría afectado el acceso a la justicia de múltiples víctimas y sus familias.

Estos señalamientos derivaron en la presentación de diversos recursos legales, incluidos juicios de amparo promovidos por personas que afirmaron haber sido afectadas por la falta de investigación adecuada de sus casos.

Poletti Vega permaneció en ese cargo hasta finales de 2019, cuando concluyó su periodo en la institución federal.

Posteriormente, fue incorporado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde fue designado como titular de una unidad especializada en la investigación de delitos relacionados con desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas.

Este cargo implica la responsabilidad directa de coordinar las acciones iniciales de búsqueda, así como la conducción de investigaciones en casos de personas no localizadas en la capital del país.

Su nombramiento en esta posición generó cuestionamientos debido a su historial previo dentro de la Fiscalía General de la República, así como a la existencia de antecedentes administrativos y judiciales relacionados con su gestión anterior.

No obstante, fue designado para encabezar una de las áreas consideradas más sensibles dentro del sistema de justicia capitalino.

En el ámbito patrimonial, la evolución de sus ingresos también ha sido objeto de análisis público.

En su declaración correspondiente a 2024, reportó ingresos anuales cercanos a 1,860,000 pesos.

De esa cantidad, aproximadamente 860,000 pesos provinieron de su salario como servidor público, mientras que el resto fue declarado como ingresos derivados de una actividad comercial relacionada con una librería especializada en temas jurídicos.

Dicho negocio, identificado como “La Librería del Abogado”, mostró un crecimiento significativo en sus ingresos en los últimos años.

De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, en 2020 los ingresos reportados fueron de aproximadamente 2,000 pesos, cifra que aumentó a 300,000 pesos en 2021, posteriormente a 400,000 pesos en 2022, y alcanzó cerca de 1,000,000 de pesos en 2023.

Este incremento sostenido ha sido documentado como parte de sus registros patrimoniales oficiales.

Además de esta actividad comercial, Poletti Vega ha declarado la propiedad de tres inmuebles adquiridos en distintos periodos, uno de ellos por vía hereditaria.

Estos datos forman parte de su información patrimonial pública, sujeta a los mecanismos de transparencia aplicables a los servidores públicos en México.

En cuanto a su formación académica, existen registros que presentan información distinta sobre su origen universitario, señalando en algunos casos a la Universidad Latina y en otros a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Esta discrepancia no ha sido aclarada oficialmente por las autoridades correspondientes.

En 2026, su gestión dentro de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas se vio vinculada a un caso que generó atención pública.

Una familia denunció la desaparición de una joven de 21 años en la Ciudad de México y acusó presuntas irregularidades en la atención inicial del caso.

Entre los señalamientos se incluyó la supuesta instrucción de esperar un periodo de 72 horas para iniciar formalmente la búsqueda, así como presuntas solicitudes de dinero para agilizar el acceso a herramientas de investigación, como el análisis de cámaras de videovigilancia.

De acuerdo con testimonios familiares, la falta de intervención inmediata llevó a que los propios allegados de la víctima realizaran labores de búsqueda por su cuenta, incluyendo la identificación de posibles ubicaciones relacionadas con el caso.

Estas acciones derivaron en una creciente presión pública sobre la actuación de la fiscalía.

Ante esta situación, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la separación temporal de algunos servidores públicos involucrados en el caso, específicamente personal operativo y agentes ministeriales.

Sin embargo, la permanencia de Poletti Vega en su cargo fue mantenida mientras se desarrollaban las investigaciones internas correspondientes.

Durante conferencias públicas relacionadas con el caso, el funcionario fue presentado junto a la titular de la institución, en un contexto de explicaciones oficiales sobre las acciones emprendidas.

Las autoridades señalaron que se realizaban investigaciones internas de fondo, sin precisar plazos ni resultados concretos sobre posibles responsabilidades directas del titular del área.

El caso ha sido analizado en el contexto general del sistema de búsqueda de personas desaparecidas en México, donde se registran más de 133,000 personas no localizadas según datos oficiales recientes.

Organismos nacionales e internacionales han señalado un incremento sostenido en los casos, así como altos niveles de impunidad en las investigaciones relacionadas con desapariciones forzadas.

Diversos informes indican que una parte significativa de las búsquedas de personas desaparecidas en el país ha sido realizada por colectivos de familiares, quienes en muchos casos han localizado fosas clandestinas y sitios de interés sin apoyo directo de las autoridades.

Asimismo, se han documentado riesgos y agresiones contra integrantes de estos colectivos.

En este contexto, la figura de Luis Eduardo Poletti Vega ha sido vinculada a debates sobre la eficacia institucional en la atención de casos de desaparición, así como sobre los mecanismos de selección, evaluación y supervisión de funcionarios encargados de áreas sensibles dentro del sistema de justicia.

La situación actual mantiene abierta la discusión sobre los procesos de designación en fiscalías especializadas y sobre la responsabilidad institucional en la atención de uno de los problemas más complejos del país.