El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentaron un balance de la estrategia nacional que registra un duro golpe logístico y financiero al Cártel de Sinaloa, además de la detención de 85 funcionarios públicos.

CIUDAD DE MÉXICO. — En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, el Gobierno de México presentó un informe de alto impacto que detalla el progresivo debilitamiento de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Durante el balance oficial, se confirmó la neutralización de 14 objetivos prioritarios y mandos clave dentro de la organización criminal, en medio de la guerra interna que sostienen contra la facción de “Los Mayos”.

El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, precisó que estas capturas y bajas operativas cubren el periodo de noviembre de 2024 a mayo de 2026, logradas gracias a un despliegue histórico de 13,344 elementos del Ejército, la Marina y la National Guard, concentrados principalmente en el estado de Sinaloa.

Cae el círculo de seguridad y logística de Iván Archivaldo

La mayor concentración de detenciones se registró en la capital, Culiacán, extendiéndose a municipios como Escuinapa, Guamúchil, Mocorito, Badiraguato, Navolato y la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora. El desglose oficial identifica a los 14 mandos relevantes —todos pertenecientes de forma exclusiva a la facción de los hijos del capo— con roles específicos en tecnología, suministro, pilotaje y seguridad:

Kevin Alonso (alias “200”): Capturado el 19 de febrero de 2025, identificado como jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán y miembro de su círculo de protección más íntimo.

José Ángel (alias “Güerito Canobio”): Detenido en la misma fecha, señalado como uno de los principales operadores logísticos y financieros de la facción.

Omar (alias “El Pelón” o “El 8”): Coordinador operativo de la facción en Sonora, arrestado en Culiacán el 14 de noviembre de 2024.

Juan Carlos (alias “Chavo Félix”): Operador de laboratorios clandestinos de metanfetamina con vínculos familiares en el entorno de Ismael “El Mayo” Zambada; ya fue extraditado a EE. UU.

Mauro Alejandro (alias “Jando”): Piloto de confianza de Iván Archivaldo, arrestado el 8 de febrero de 2025 y presuntamente vinculado al traslado forzado de “El Mayo” Zambada hacia territorio estadounidense.

Jorge Humberto (alias “Perris” o “El 27”): Jefe de seguridad de la facción y sucesor de “El Nini”. Es el único de la lista reportado como abatido tras batirse a tiros con las fuerzas federales en Navolato el 23 de mayo de 2025.

Emilio (alias “Tico”): Encargado de la adquisición de drones y tecnología avanzada, capturado el 18 de junio de 2025.

Isaí (alias “Chinacate”): Detenido recientemente (26 de mayo de 2026) en Nogales, Sonora. Identificado como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán y coordinador logístico con fines de extradición.

A la par de estas detenciones, las operaciones en Sinaloa han permitido el aseguramiento de 2,500 presuntos generadores de violencia, 5,500 armas de fuego, más de un millón de cartuchos, 68 toneladas de droga y la destrucción de 2,000 laboratorios clandestinos.

Golpe financiero e impacto en la tasa de homicidios

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que la estrategia federal coordinada ha logrado una reducción preliminar del 49% en el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, pasando de un promedio de 87 casos diarios a poco más de 44. Específicamente en el estado de Sinaloa, la disminución de homicidios se tasa en un 45%.

En el terreno económico, las acciones conjuntas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda permitieron la inclusión de más de 100 personas y empresas a las listas de bloqueo financiero, logrando congelar un estimado superior a los 4,500 millones de pesos pertenecientes a las estructuras delictivas.

“Operación Enjambre”: 85 funcionarios públicos bajo arresto

El reporte federal puso especial énfasis en el combate a la narcopolítica a través de la denominada “Operación Enjambre”. Durante sus 20 meses de aplicación, las autoridades federales han arrestado a 85 funcionarios y exfuncionarios públicos de diversos partidos políticos por presuntos vínculos con el crimen organizado, incluyendo a seis presidentes municipales en funciones al momento de su captura.

Recientemente, un juez federal vinculó a proceso con prisión preventiva a cinco políticos del estado de Morelos acusados de delincuencia organizada y delitos contra la salud vinculados al Cártel de Sinaloa. Entre los procesados destacan Agustín Toledano Amaro (alcalde de Atlatlahucan) e Irvin Sánchez Zavala (exalcalde de Yecapixtla), mientras que el actual alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, permanece prófugo de la justicia junto a sus principales directores municipales.

Comparecencias ante la FGR: Sinaloa y Chihuahua

El terreno político continúa bajo una fuerte sacudida jurídica. En Culiacán, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el subfiscal con licencia Dámaso Castro Saavedra y el senador Enrique Inzunsa, comparecieron de manera discreta ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) para responder a interrogatorios sobre presuntos nexos operativos con “Los Chapitos”. Respecto a las versiones sobre una supuesta “ficha roja” de Interpol contra Rocha Moya, García Harfuch aclaró que el político no cuenta con tal alerta internacional, justificando así que no fuera detenido durante su comparecencia voluntaria.

Simultáneamente, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y su exfiscal César Jáuregui, se presentaron ante las oficinas centrales de la FGR en la Ciudad de México. Campos acudió bajo la figura de testigo en una investigación federal relacionada con la presencia de agentes de la CIA no acreditados en territorio chihuahuense durante un operativo fallido donde fallecieron dos oficiales estadounidenses. La mandataria estatal objetó la legalidad del citatorio acusando una persecución política, una versión que fue desmentida por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que el caso es estrictamente de soberanía nacional e investigación judicial.