El gobierno de Chihuahua inició una investigación interna tras un operativo contra narcolaboratorios en el que participaron agentes estadounidenses sin autorización federal

El gobierno del estado de Chihuahua se encuentra en el centro de una controversia nacional luego de que se diera a conocer un operativo de seguridad que derivó no solo en el desmantelamiento de varios laboratorios clandestinos vinculados al narcotráfico, sino también en una serie de investigaciones internas por presuntas irregularidades, incluyendo la participación de agentes extranjeros sin autorización oficial.

La gobernadora Maru Campos anunció la creación de una unidad especializada encargada de investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril, periodo en el que se llevó a cabo el operativo que resultó en la destrucción de al menos seis narcolaboratorios.

Este anuncio se dio después de una reunión privada sostenida en la Ciudad de México con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la que se abordaron los detalles del despliegue y sus implicaciones legales.

Uno de los aspectos más delicados del caso es la confirmación de que al menos dos agentes estadounidenses fallecieron en un accidente ocurrido tras el operativo en la Sierra Tarahumara, junto con dos elementos de la fiscalía estatal.

Este hecho evidenció la presencia de personal extranjero en territorio mexicano participando en acciones operativas, lo cual generó inconformidad en el gobierno federal debido a la falta de autorización previa.

De acuerdo con información oficial, ninguno de los agentes extranjeros contaba con acreditación formal para realizar actividades operativas en México.

Los registros migratorios indican que uno de ellos ingresó al país como visitante sin permiso para actividades remuneradas, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático.

Sin embargo, ambos carecían de autorización para participar en operativos de seguridad, lo que contraviene la legislación vigente en materia de soberanía nacional.

Tras estos acontecimientos, el gobierno federal solicitó a las autoridades de Chihuahua un informe detallado sobre las condiciones en las que se llevó a cabo la colaboración con agencias extranjeras, así como los procedimientos seguidos durante el operativo.

La presidenta de México también confirmó que se buscó comunicación directa con la gobernadora, quien posteriormente acudió a la reunión con el gabinete de seguridad federal.

Como resultado de este encuentro, se acordó establecer una agenda conjunta en materia de seguridad nacional y fortalecer los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

En este contexto, la gobernadora instruyó la conformación inmediata de un grupo especializado que concentrará todas las carpetas de investigación relacionadas con el caso.

La unidad estará encabezada por Wendy Paola Chávez Villanueva, actual titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.

Será esta instancia la encargada de informar sobre los avances de las investigaciones, ya que el gobierno estatal ha decidido no emitir más pronunciamientos públicos mientras se desarrollan las indagatorias.

Paralelamente, el caso ha generado reacciones en el ámbito legislativo.

En el Senado de la República se analiza la posibilidad de que la gobernadora comparezca para explicar los detalles del operativo y la participación de agentes extranjeros.

Legisladores han señalado que la legislación en materia de seguridad nacional es clara y no permite interpretaciones cuando se trata de la soberanía del país.

En contraste, en el Congreso del estado de Chihuahua, una propuesta para solicitar la comparecencia de la mandataria fue rechazada por la mayoría integrada por legisladores del PRI y del PAN, lo que provocó protestas por parte de diputados de Morena, quienes acusaron a la oposición de bloquear la rendición de cuentas.

El operativo en Chihuahua ha sido vinculado con una estrategia más amplia conocida como “Operación Enjambre”, la cual surgió en el Estado de México en 2024 tras el hallazgo de restos humanos en el municipio de Nicolás Romero.

Desde entonces, esta operación ha sido replicada en diversas entidades del país con el objetivo de investigar y sancionar a servidores públicos presuntamente ligados al crimen organizado.

Los resultados de esta estrategia han sido significativos.

Tan solo en el Estado de México se han obtenido 20 sentencias condenatorias que en conjunto superan los mil años de prisión.

Entre los casos más destacados se encuentran exfuncionarios municipales y elementos de seguridad pública acusados de delitos como homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.

Además, en Manzanillo, Colima, ocho policías municipales fueron detenidos y vinculados a proceso por presuntamente colaborar con un grupo delictivo al compartir información estratégica sobre operativos de seguridad.

Estos casos reflejan el alcance de la operación y su enfoque en combatir la corrupción dentro de las instituciones.

En el marco de estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha implementado nuevas medidas para fortalecer los controles internos de su personal.

A partir del 25 de abril, los agentes de investigación e inteligencia deberán someterse a evaluaciones periódicas de confianza, revisiones patrimoniales, certificaciones y pruebas de desempeño.

El incumplimiento de estos requisitos podrá derivar en la separación del cargo.

Asimismo, se ha puesto en marcha un proyecto para la creación de una escuela especializada en la formación de mandos en seguridad pública, con el objetivo de profesionalizar a los altos funcionarios del sector y mejorar la coordinación entre instituciones federales, estatales y municipales.

Mientras tanto, las investigaciones en Chihuahua continúan en curso, con el compromiso de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

El caso ha puesto sobre la mesa temas sensibles como la colaboración internacional en materia de seguridad, el respeto a la soberanía nacional y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión dentro de las instituciones públicas.