La maquinaria pesada destinada a las obras de perforación y resignificación del Valle de los Caídos (oficialmente Valle de Cuelgamuros) ha sufrido graves daños materiales tras un acto de sabotaje nocturno en la explanada de la basílica

El Valle de Cuelgamuros ha vuelto a convertirse en el epicentro de una severa confrontación civil e institucional tras registrarse un ataque contra el despliegue técnico de las obras impulsadas por el Ejecutivo central.
A primera hora de la mañana, el personal técnico asignado al proyecto de reforma y resignificación del complejo monumental constató la inutilización completa de los vehículos de perforación situados en la explanada exterior de la basílica.
Los daños, calificados preliminarmente como sabotaje deliberado, incluyeron la rotura de sistemas mecánicos esenciales y la proliferación de consignas e insultos explícitos orientados hacia la figura del presidente Pedro Sánchez, evidenciando el clima de polarización social que suscita la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en este emplazamiento.
Ante la gravedad de los acontecimientos, la comunidad de monjes benedictinos que ejerce la custodia del recinto sagrado emitió una declaración oficial de urgencia.
En el documento, la orden religiosa condenó de forma explícita y sin ambages el uso de la violencia o el vandalismo como vía de expresión política, rechazando cualquier agravio infligido a los representantes de las instituciones públicas o a los trabajadores civiles.
No obstante, la dirección de la abadía aprovechó la resolución para manifestar su disconformidad con el proceder del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, asegurando que las perforaciones se iniciaron de manera sorpresiva sin mediar comunicación formal ni acreditarse el cumplimiento riguroso de las autorizaciones urbanísticas y ambientales vigentes.

La paralización forzosa de los trabajos técnicos coincide cronológicamente con el balance del reciente viaje apostólico de Su Santidad el Papa León XIV a España, un evento eclesiástico que ha servido de catalizador para las demandas de diversos colectivos católicos y asociaciones de memoria histórica de corte conservador.
Estos sectores civiles han expresado públicamente su descontento ante la neutralidad institucional mantenida por la Santa Sede durante las audiencias oficiales, reprochando al Pontífice la ausencia de un pronunciamiento explícito que respaldara la continuidad de la cruz monumental y la presencia benedictina frente a los planes de patrimonialización laica dictaminados por el Consejo de Ministros.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han asumido la investigación del incidente, procediendo al análisis de las cámaras de seguridad perimetrales y a la recogida de muestras biológicas en la zona afectada para identificar a los autores materiales del sabotaje.
Por su parte, portavoces de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid han ratificado el compromiso de la administración estatal de reanudar las labores de acondicionamiento en cuanto se restituyan las garantías técnicas de seguridad, anticipando que el proyecto de resignificación continuará ejecutándose según los plazos jurídicos previstos para el presente ejercicio.
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