La controversia política en Colombia se intensifica tras las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto vínculo entre decisiones judiciales y el futuro del contrato de expedición de pasaportes

En medio de un clima político cada vez más polarizado en Colombia, el debate sobre la transparencia electoral, la contratación pública y el futuro del sistema de pasaportes ha escalado hasta convertirse en un nuevo foco de confrontación entre el presidente Gustavo Petro, sectores de control institucional y algunos de los aspirantes a la Presidencia.

El centro de la controversia gira en torno a dos procesos judiciales que se tramitan ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los cuales podrían incidir en la continuidad del nuevo modelo de expedición de pasaportes impulsado por el Gobierno.

Dicho modelo busca trasladar parte del proceso a la Imprenta Nacional de Colombia con apoyo técnico internacional, incluyendo la Casa de la Moneda de Portugal, en reemplazo del esquema anterior operado durante años por la empresa Thomas Greg & Sons.

Según el propio presidente Petro, estas acciones judiciales no serían meramente técnicas o administrativas, sino que tendrían implicaciones políticas de mayor alcance.

En declaraciones recientes, el mandatario sugirió que detrás de los intentos de frenar el nuevo contrato existirían intereses económicos y políticos más amplios.

En uno de sus mensajes más polémicos afirmó:

“Ya saben que si anulan el contrato de pasaportes, no es más que el pago para hacer un fraude electoral en presidenciales”.

Estas afirmaciones, que no han sido respaldadas por pruebas judiciales públicas, han generado una fuerte reacción en distintos sectores políticos y jurídicos del país, que consideran que se trata de acusaciones de alta sensibilidad en pleno ambiente preelectoral.

El debate se intensifica debido a que ambos procesos judiciales incluyen solicitudes de medidas cautelares, mecanismos legales que podrían suspender temporalmente la ejecución del nuevo esquema de pasaportes mientras se resuelve el fondo del asunto.

En términos prácticos, una decisión en ese sentido podría frenar el modelo actualmente en implementación.

Uno de los demandantes es el procurador general de la Nación, quien ha respaldado acciones jurídicas orientadas a cuestionar la legalidad del proceso contractual.

También se menciona la acción popular presentada por un ciudadano, a la cual la Procuraduría se habría vinculado posteriormente como coadyuvante.

Desde el Gobierno se insiste en que el nuevo sistema representa un avance en soberanía tecnológica y control estatal sobre datos sensibles.

En ese sentido, Petro ha defendido el modelo asegurando que el objetivo es reducir la dependencia de operadores privados.

En una intervención reciente señaló:

“Los hermanos Bautista, dueños de Thomas Greg, aún no devuelven el PIC, las claves para la información de los usuarios de pasaportes”.

Estas afirmaciones se inscriben en un contexto más amplio de desconfianza del Ejecutivo hacia el sistema actual de escrutinio electoral, administrado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y operado tecnológicamente por empresas privadas.

El presidente también ha cuestionado públicamente la falta de acceso al código fuente del software de escrutinio, afirmando que sin auditoría independiente no puede garantizarse plenamente la transparencia electoral.

En una de sus intervenciones sostuvo:

“Mientras eso no pase, mantengo mi duda. La evidencia o la exigencia que hago es garantizar la transparencia electoral”.

Además, recordó una decisión del Consejo de Estado de 2018 que habría advertido sobre vulnerabilidades en el sistema de escrutinio utilizado en elecciones anteriores, aunque la interpretación de ese fallo sigue siendo objeto de debate entre expertos.

En paralelo, las declaraciones del jefe de Estado sobre la posibilidad de fraude electoral han generado rechazo en sectores de oposición.

Uno de los más críticos ha sido el exgobernador y candidato presidencial Sergio Fajardo, quien respondió con contundencia:

“La definición de fraude para el presidente es la derrota de su candidato. Sus declaraciones son irresponsables”.

Petro replicó de inmediato, negando esa interpretación:

“Sergio, no se equivoque, mi definición de fraude no está ligada ni a la derrota ni al triunfo”.

El mandatario insistió en que su preocupación se basa en la necesidad de garantizar auditorías técnicas y control ciudadano del proceso electoral, incluyendo la participación de testigos y expertos en informática.

“Solicito a todas las campañas electorales organizar ya el cuidado ciudadano del voto”, afirmó, proponiendo la participación de hasta un millón de testigos electorales.

Fajardo, por su parte, ha sostenido que estas afirmaciones pueden generar desconfianza en el sistema democrático.

“Se siembra duda y división”, dijo, mientras defendía la institucionalidad electoral vigente.

El intercambio refleja un choque más profundo sobre la confianza en las instituciones, el rol de los organismos de control y el alcance de las reformas propuestas por el Gobierno.

Mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de cambios estructurales y mayor control estatal sobre procesos estratégicos, sus críticos advierten sobre el riesgo de politizar la justicia y los mecanismos electorales.

En este escenario, las decisiones que adopte el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en las próximas semanas podrían tener un impacto significativo no solo en el futuro del sistema de pasaportes, sino también en el ambiente político previo a las elecciones.

Con un país atento y un debate cada vez más encendido, la tensión entre denuncias, decisiones judiciales y campañas presidenciales continúa escalando, dejando abierta una pregunta central en el debate público colombiano: ¿dónde termina la sospecha legítima y dónde comienza la desestabilización política?