Un bloque de veinte exmagistrados de las Altas Cortes advirtió que la nacionalidad estadounidense de Abelardo de la Espriella genera una incompatibilidad legal y ética absoluta para ejercer la presidencia de Colombia debido al juramento obligatorio de abjuración y lealtad hacia Washington

El tablero político colombiano se encuentra convulsionado por una revelación jurídica de proporciones sísmicas que amenaza con descarrilar las aspiraciones presidenciales del polémico abogado y candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella.

Un bloque de veinte exmagistrados de las Altas Cortes y reconocidos juristas constitucionalistas, liderado indirectamente por el análisis del periodista Daniel Coronell, encendió las alarmas nacionales al emitir un extenso concepto en el que sostienen que la ciudadanía estadounidense de De la Espriella genera una incompatibilidad ética y legal absoluta con el ejercicio de la jefatura de Estado en Colombia.

Aunque el artículo 191 de la Carta Política de 1991 estipula formalmente de manera hermética que para ser presidente solo se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años, el debate de fondo no radica en la simple tenencia de múltiples pasaportes, sino en las implicaciones jurídicas de fondo, de soberanía nacional y seguridad nacional derivadas de la naturalización norteamericana.

A diferencia de su nacionalidad italiana, la cual comparte con el actual mandatario progresista Gustavo Petro por derecho de sangre y que no demanda ningún tipo de sumisión política, el proceso migratorio para convertirse en ciudadano estadounidense exige obligatoriamente un solemne juramento público donde la persona declara bajo gravedad de juramento que renuncia y abjura absoluta y completamente a toda lealtad y fidelidad a cualquier estado o soberanía extranjera, comprometiéndose además a portar armas en nombre de Washington si la legislación norteamericana así lo demandase.

Los firmantes de la misiva argumentan que un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella sumergiría al país en un irresoluble conflicto de intereses que rozaría la traición a la patria debido a la contradicción radical entre las obligaciones exigidas por la Casa Blanca y el mandato constitucional colombiano, el cual exige al presidente de la República actuar como comandante supremo de las Fuerzas Militares y dirigir las relaciones internacionales bajo el principio inquebrantable de la conveniencia nacional.

La jurisprudencia histórica de la Corte Constitucional, plasmada en providencias como la sentencia C-601 de 2015 que prohíbe el ingreso de ciudadanos con doble nacionalidad a la carrera diplomática, respalda la tesis de que un gobernante no puede estar sujeto de forma simultánea a dos ordenamientos jurídicos disímiles cuando la independencia del Estado está en juego.

La opinión pública colombiana ha comenzado a cuestionar con severidad la viabilidad ética de un candidato presidencial cuyos defensores y aliados internacionales, entre los que destaca el senador estadounidense Marco Rubio y los promotores de proyectos legislativos restrictivos impulsados por figuras norteamericanas como el empresario conservador Bernie Moreno —quien busca abolir definitivamente la doble nacionalidad bajo la premisa de que ser estadounidense es un todo o nada—, presionan por una agenda que subordina la autonomía colombiana a los designios de Washington, dejando en evidencia el riesgo de que el Palacio de San Carlos termine amarrado o supeditado a los intereses geoestratégicos de una potencia extranjera frente a potenciales disputas regionales o comerciales.

Esta tormenta legal coincide de manera crítica con graves tensiones diplomáticas surgidas en territorio estadounidense durante la agenda oficial del presidente Gustavo Petro ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde Colombia ejerce la presidencia del Consejo de Seguridad.

En un hecho sin precedentes, funcionarios del Departamento de Estado, bajo la influencia directa del ala más radical de la oposición republicana y sectores afines a la campaña de De la Espriella, operaron activamente para sabotear una relevante reunión bilateral privada y un posterior acto público denominado Dignidad y Democracia que el jefe de Estado colombiano tenía previsto sostener con el influyente alcalde de Nueva York, un reconocido líder de corte progresista global popularmente apodado Soran o Mandami dentro de las bases de izquierda.

Argumentando supuestas restricciones derivadas del visado oficial del mandatario colombiano y alegando la inclusión de Petro en listas de restricción financiera heredadas de la administración de Donald Trump, las agencias estadounidenses llegaron a plantear veladas advertencias de arresto y detención contra el presidente de la República si decidía seguir adelante con la agenda neoyorquina fuera del recinto de las Naciones Unidas.

Ante el riesgo inminente de un atropello a la inmunidad diplomática y una agresión institucional orquestada para beneficiar la narrativa de la derecha en Bogotá, el Ejecutivo colombiano optó por recortar de forma drástica el itinerario del viaje y cancelar las actividades programadas con la alcaldía de la gran manzana.

La instrumentalización política de la justicia estadounidense, aplaudida por los sectores más recalcitrantes de la campaña opositora, ratifica las preocupaciones expresadas por el cuerpo de juristas sobre el peligro de que una figura con lealtades juradas a Washington termine gobernando en el palacio presidencial, desatando un debate que obligará a la Corte Constitucional a pronunciarse sobre el alcance real de la soberanía nacional en la elección del futuro gobernante de los colombianos.