ENTRE LA LIBERACIÓN DE SANCIONES Y LA PRESIÓN MILITAR: EL TIEMPO SE ACORTA PARA LA ÚLTIMA INTERINA DEL CHAVISMO

El 21 de mayo de 2026, en una reunión cerrada en el Departamento de Estado de Washington, el secretario de Estado Marco Rubio no solo extendió su mano para estrechar la de Delcy Rodríguez.

Le señaló con un dedo firme la puerta de salida que solo se abre una vez.

«Coopera, o el cerco se cierra», le advirtió en voz baja, según fuentes que participaron en las conversaciones.

Rubio, el hombre que había liderado la operación que capturó a Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero, sabía que el reloj corría.

Las sanciones que aún mantenían atado el sistema financiero venezolano no eran solo números en una hoja contable.

Eran la cadena que mantenía a Delcy Rodríguez, la interina de setenta y nueve años, prisionera en su propio palacio de la capital.

Y mientras el mundo observaba, el desespero financiero de la número dos del régimen chavismo comenzó a agrietarse como un cristal bajo una bota.

Todo empezó con una llamada inesperada.

Delcy Rodríguez, quien desde el 3 de enero había asumido el poder interino tras la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores, no esperaba que el secretario de Estado le recordara que las concesiones de abril —la eliminación de su nombre de la lista de sancionados del Departamento del Tesoro— eran solo el primer paso.

 

Esa mañana del 1 de abril, el Departamento del Tesoro había borrado su entrada en la SDN List.

Por primera vez en meses, Delcy podía viajar sin miedo, hablar con inversores estadounidenses y respirar.

Pero Rubio no había terminado.

En las conversaciones que se mantuvieron hasta el 28 de enero, y que se reanudaron con fuerza tras la visita de la interina a La Haya en mayo, le dejó claro: quítate todas las sanciones, devuelve el control total del petróleo a las empresas norteamericanas y acepta observación estadounidense en los ingresos petroleros.

De lo contrario, el ultimátum llegaba con fecha de caducidad: julio de 2026.

Delcy Rodríguez, que había lanzado una marcha nacional contra las sanciones y pedido cinco mil millones de dólares al FMI, ahora se encontraba atrapada entre la espada y la pared.

Sus anuncios de aumento salarial —un 66,6 por ciento en 2026 para obreros y pensionistas— sonaban huecos cuando las reservas internacionales estaban en niveles críticos y el sistema financiero aún era un laberinto de licencias restrictivas.

El gobierno interino, que controlaba PDVSA bajo supervisión parcial, tenía que pagar deudas millonarias antes del cierre del año: cuatro mil millones solo en vencimientos pendientes.

Sin el flujo libre de dólares que traían las empresas estadounidenses, la economía colapsaba.

Y Delcy, fiel a su estilo, respondía con frases diplomáticas pero firmes: «Una Venezuela libre de sanciones es el único camino para la inversión».

Pero el ultimátum de Rubio era más claro que nunca: o abres las puertas de par en par al capital norteamericano o el cerco se cierra con operaciones militares o sanciones totales.

Imagina la tensión en el Palacio de Miraflores, donde Delcy Rodríguez ocupa el despacho que alguna vez fue de Maduro.

La habitación está iluminada por pantallas que muestran gráficos de reservas petroleras decrecientes.

A su alrededor, ministros que aún le guardan lealtad lejanos y consejeros que susurran en las sombras.

El desespero financiero es palpable.

Aunque las licencias de OFAC de abril permitieron que bancos estadounidenses operaran con instituciones venezolanas, el ritmo es lento.

Las empresas como Chevron y Exxon, que Rubio presionaba para que volvieran, dudan porque no quieren romper la línea roja de la administración Trump.

Cada día que pasa sin un acuerdo completo es un día más de presión.

Delcy, que en abril de 2026 había marchado bajo carteles que pedían «Venezuela libre de sanciones», ahora sabe que la paciencia de Washington se agota.

La carta que Rubio envió en mayo, filtrada por fuentes cercanas, deja sin lugar a dudas: «Si no entregas el control efectivo del sector energético a aliados de Estados Unidos en los próximos sesenta días, preparémonos para el peor escenario».

El cerco no es solo económico.

Se extiende hacia el exterior.

Países como Colombia y Brasil, donde Delcy buscó apoyo, ahora miran a Washington con cautela.

La visita a La Haya para el caso del Esequibo fue un intento de ganar tiempo, pero Rubio la vio como una maniobra de distracción.

Mientras tanto, en Miami, el exilio venezolano agita banderas y exige una transición sin remanentes chavistas.

La oposición, liderada por María Corina Machado, ya no habla de elecciones libres.

Habla de «sanciones inteligentes» que obliguen al régimen interino a abrirse.

Y Delcy, que en sus declaraciones públicas insiste en «cooperación institucional», sabe que cada plazo cumplido por Rubio es un día menos para negociar.

El desespero financiero se vuelve visible en cada decisión.

Las reservas de dólares son escasas.

El sistema cambiario sigue siendo controlado por la CBUC, pero con licencias limitadas.

El aumento de salarios anunciado para el primero de mayo fue un gesto populista, pero no resolvió el problema de la deuda externa.

Delcy Rodríguez, que durante años había sido la mano derecha de Maduro, ahora se encuentra sola en la cima.

Sus aliados antiguos, como los colectivos armados que controló, están fragmentados.

Sin dinero fresco, no puede mantener la lealtad de las fuerzas de seguridad.

Y Rubio lo sabe.

En las reuniones del Senado, el secretario de Estado dejó claro que la intervención militar no es descartada: «Estamos preparados para usarla si la cooperación falla», repitió.

Esa frase, pronunciada el 28 de enero y reafirmada en mayo, es el ultimátum real.

No con misiles directamente, pero con el cerco financiero que asfixia.

Mientras Delcy Rodríguez viaja a La Haya en mayo para resolver disputas territoriales, el gobierno interino intenta ganar tiempo.

Pero cada conversación con intermediarios estadounidenses revela la misma presión.

«Libera el petróleo, acepta supervisión, o el cerco se cierra», le dicen.

El resultado es un desespero que se refleja en las calles.

En Caracas, la gente que sobrevivió a los años de sanciones ve cómo el gobierno interino sube salarios pero no logra estabilizar precios.

El FMI, al que Delcy pidió cinco mil millones, ahora exige garantías de transparencia que el régimen nunca dio.

Y Rubio, desde Washington, no pierde el tiempo.

Las conversaciones que duraron tres veces por semana desde enero ahora son diarias.

El embajador estadounidense en Colombia, colocado en la frontera con Cúcuta, vigila cada movimiento del gobierno interino.

El cerco se cierra porque Delcy Rodríguez no puede pagar la cuenta.

Las licencias de abril fueron un respiro, sí, pero insuficiente.

El sistema financiero venezolano sigue vulnerable.

Las deudas de PDVSA acumulan intereses.

Los inversores extranjeros, que Rubio presiona para que regresen, exigen seguridad jurídica que solo existe si el gobierno acepta un control estadounidense parcial.

Delcy, que en abril lanzó una campaña nacional contra las sanciones, ahora se encuentra en una posición incómoda.

Sus propias palabras en redes sociales —«avancemos hacia una Venezuela libre de sanciones»— suenan vacías cuando el ultimátum de Rubio es inequívoco.

El secretario de Estado, que habló con María Corina Machado y con Delcy Rodríguez, dejó claro que el tiempo para negociar se acorta.

Julio de 2026 es la fecha límite mencionada en las conversaciones filtradas.

Imagina la escena en una sala de conferencias en Caracas.

Delcy Rodríguez, sentada frente a un mapa de Venezuela, escucha por teléfono las advertencias de Rubio.

El desespero financiero la obliga a considerar opciones que antes rechazaba.

¿Aceptar que empresas estadounidenses gestionen el 50 por ciento de PDVSA?

¿Permitir inspecciones en instalaciones petroleras?

¿O resignar y buscar refugio en un tercer país?

El miedo a la misma suerte que Maduro —que ahora está en una prisión federal de Nueva York— la persigue.

Rubio no es blando.

En su discurso ante el Senado, dejó la puerta abierta a la fuerza: «No queremos intervenir, pero estamos preparados».

Esa frase resuena como un tambor en el gobierno interino.

El cerco no solo aprieta económicamente.

Se extiende políticamente.

En Miami, el exilio venezolano que celebró la captura de Maduro ahora exige que Delcy caiga.

Los colectivos en las calles, que una vez fueron armas de control, ahora son solo sombras.

Sin dinero, sin lealtad, la interina se encuentra aislada.

Países latinoamericanos observan.

Brasil y Colombia, que antes apoyaron la transición, ahora presionan por elecciones libres y sanciones totales.

Y Rubio, con su experiencia en casos como el de Alex Saab, sabe cómo romper a un régimen desde dentro.

El desespero financiero de Delcy Rodríguez es el punto de quiebre.

Aunque levantó salarios y marchó contra las sanciones, las reservas siguen bajas.

El sistema bancario, aunque con licencias nuevas, sigue siendo un freno.

Cada día que pasa sin acuerdo completo es un día más de presión.

Rubio, que habló con Delcy tres veces por semana desde enero, ahora acelera.

Las conversaciones en mayo revelan que el ultimátum es final: o cooperas plenamente o el cerco se cierra con sanciones adicionales o, en último caso, fuerza.

Mientras el mundo espera, el gobierno interino intenta negociar.

Delcy Rodríguez envía señales de apertura: reuniones con embajadores, ofertas de diálogo con la oposición.

Pero el mensaje de Rubio es claro.

El cerco se cierra porque Delcy Rodríguez no puede sostener el peso económico del chavismo sin las cadenas de las sanciones.

Y mientras el tiempo se agota, la interina de setenta y nueve años se encuentra en el centro de una tormenta que podría terminar en su caída o en un acuerdo que devuelva Venezuela al mundo occidental.

La historia se escribe en las sombras de Washington y Caracas.

Rubio no negocia con debilidad.

Delcy Rodríguez no puede negociar con desesperación.

Y el cerco, implacable, avanza hacia su cierre.

El 3 de enero cayó Maduro.

Ahora, con Delcy Rodríguez atrapada en su propio ultimátum, el chavismo entero se desmorona.

El tiempo es el verdugo.

Y el mundo, especialmente Estados Unidos, ya ha decidido su sentencia.