¿Pacto de impunidad? Los oscuros secretos que salieron a la luz tras la infame burla del creador de contenido
El panorama de la comunicación digital en Colombia ha alcanzado un punto de degradación ética que obliga a una profunda reflexión estructural sobre el papel de las redes sociales, el mesianismo político y la complicidad de los medios corporativos en la deshumanización del debate público.
La tragedia humanitaria derivada del doble terremoto que sacudió a la hermana República de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio —con magnitudes devastadoras de 7.2 y 7.5 grados que han dejado hasta el momento un saldo preliminar de más de 17 personas fallecidas y miles de damnificados— no solo ha movilizado los esfuerzos de los equipos de rescate internacionales, sino que también ha levantado las costras más putrefactas del oportunismo de la extrema derecha colombiana y de la fauna de creadores de contenido que orbitan alrededor del proyecto político del presidente electo, Abelardo de la Espriella.
En este contexto de dolor y emergencia binacional, resulta imperativo ejercer un riguroso análisis periodístico frente a los acontecimientos que se registran hoy, 13 de julio de 2026.
Mientras el gobierno nacional encabezado por el presidente Gustavo Petro activaba de manera inmediata los protocolos de asistencia humanitaria a través de la Cancillería y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, enviando al equipo de búsqueda y rescate élite Usar Col 1, los sectores tradicionales del establecimiento político y mediático optaron por instrumentalizar el desastre natural para desatar una nueva oleada de ataques sistemáticos contra la administración de izquierda, evidenciando un desprecio absoluto por la dignidad humana y los derechos fundamentales de las víctimas.
El primer frente de esta embestida provino, de manera predecible, de los micrófonos de la prensa corporativa y, específicamente, de la revista Semana, una publicación que durante la pasada contienda presidencial abandonó cualquier pretensión de equilibrio informativo para actuar abiertamente como el órgano de difusión oficial de la campaña de Abelardo de la Espriella.
La periodista Juanita Gómez, una de las figuras más visibles de dicha plataforma, lideró la ofensiva digital al contabilizar públicamente las horas que el mandatario colombiano tardaba en emitir un pronunciamiento explícito en sus cuentas personales, ignorando de forma deliberada que las acciones operativas de auxilio ya se encontraban en pleno despliegue en la zona fronteriza.
La narrativa pretendía dibujar un escenario de supuesta indolencia presidencial, tratando de posicionar la idea de que el Ejecutivo solo guardaba afinidad ideológica con los regímenes históricos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y que carecía de solidaridad con el pueblo venezolano en desgracia.
La respuesta institucional del presidente Petro desarticuló la maniobra de desinformación al condicionar la efectividad del rescate no a la retórica de las redes, sino a las realidades geopolíticas que asfixian a la nación vecina.
A través de un mensaje directo, el jefe de Estado colombiano no solo ratificó el envío de personal técnico a pesar de las severas dificultades operativas para el aterrizaje de aeronaves en las zonas afectadas, sino que elevó una solicitud formal al mandatario estadounidense, Donald Trump, exigiendo el levantamiento inmediato de las sanciones económicas y del bloqueo financiero que pesan sobre Caracas.
La tesis presidencial es tan clara como irrebatible desde la perspectiva del derecho internacional humanitario: la confluencia de un desastre natural de magnitudes catastróficas con una política de asfixia económica coordinada desde el exterior solo se traduce en un incremento exponencial y evitable de la pérdida de vidas humanas.
Ante esta contundencia argumentativa y la confirmación por parte de Telesur sobre la activación del plan solidario de Colombia, los opinadores de la derecha radical guardaron un silencio sepulcral, incapaces de procesar que la diplomacia de los hechos superaba con creces a la política del espectáculo.
De manera simultánea, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, intentó montar su propio tinglado mediático al denunciar de forma airada que el cuerpo de bomberos de su ciudad se encontraba retenido en un aeropuerto venezolano debido a las trabas burocráticas impuestas por las autoridades de ambos países.
Con su habitual tono de indignación calculada, Gutiérrez tildó de “soberbios y arrogantes” a los funcionarios públicos y reclamó que una emergencia humanitaria no requería de invitaciones formales, pretendiendo con ello saltarse los canales oficiales de la Cancillería y la soberanía del Estado receptor.
Este afán de protagonismo y desobediencia institucional recibió una contundente respuesta por parte del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, quien públicamente instó al mandatario local a detener su conducta “carroñera” y a respetar los procedimientos de coordinación técnica que exige el manejo de crisis transfronterizas.
El debate adquiere un matiz aún más oscuro al revelarse las dinámicas de reparto burocrático que se configuran de cara a la próxima posesión de Abelardo de la Espriella.
Carrillo recordó que el sector político de Federico Gutiérrez ya ha sido ampliamente favorecido en la distribución anticipada de las entidades estatales, señalando de manera directa que la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quedaría bajo el control de la hermana del alcalde de Medellín, mientras que la propia UNGRD se perfila como uno de los botines más codiciados por la maquinaria entrante.
La advertencia del exdirector de la unidad es una alerta temprana sobre el inminente riesgo de saqueo de los fondos destinados a la mitigación de desastres, evocando las prácticas de corrupción estructural que caracterizaron la gestión de Iván Duque y aclarando que los desfalcos en dicha entidad no nacieron en el actual periodo presidencial, sino que constituyen una práctica endémica de las élites que hoy se preparan para retornar al palacio de gobierno.
Sin embargo, el componente más alarmante y sintomático del ecosistema abelardista se manifestó en el terreno de las plataformas digitales a través de la viralización de un video protagonizado por el influenciador y abogado Nicolás Calderón, conocido en redes sociales bajo el alias de “el abogado degenerado”.
Este personaje, quien construyó su base de seguidores respondiendo de forma grosera y desobligante las inquietudes del público, y que durante la campaña presidencial manifestó su adhesión fervorosa a la propuesta de extrema derecha de De la Espriella, emitió una serie de declaraciones xenófobas y de una crueldad inaudita que provocaron el rechazo de la comunidad internacional.
Ante el reclamo de sus propios seguidores venezolanos por su silencio frente a la catástrofe, Calderón sugirió, entre insultos y risas, que los damnificados debían extraer los restos humanos de entre los escombros de los edificios colapsados para consumirlos como alimento, refiriéndose a la población del hermano país bajo el apelativo de “cucarachas mutantes” que logran sobrevivir a dictaduras y terremotos.
La sanción social contra este creador de contenido no se hizo esperar, forzándolo a retirar el material audiovisual ante la masiva pérdida de patrocinadores y la indignación generalizada.
En un giro predecible dentro de la fenomenología del oportunismo digital, Calderón apareció pocas horas después coordinando un centro de acopio improvisado en las inmediaciones del estadio Olaya Herrera, pretendiendo borrar su discurso de odio mediante el envío de tres camiones con suministros hacia la frontera con el apoyo de distribuidores locales.
Este ejercicio de lavado de imagen mediante la caridad tardía demuestra que, para este sector de la militancia digital, los derechos humanos y la solidaridad no son principios éticos, sino activos cosméticos que se activan únicamente cuando el flujo de caja y la monetización de sus perfiles se ven amenazados por el repudio colectivo.
A esta tendencia de explotación mediática del dolor ajeno se sumó Luis Fernando Villa Álvarez, conocido globalmente en la plataforma de streaming Kick como “Westcol”.
El streamer antioqueño, quien en el pasado ha abierto sus espacios de difusión tanto al expresidente Álvaro Uribe Vélez como al propio Abelardo de la Espriella, utilizó sus redes para anunciar una supuesta búsqueda de vuelos privados con el fin de viajar a territorio venezolano y transmitir en vivo desde el epicentro de la tragedia, argumentando un repentino interés en la donación de suministros.
La audiencia independiente tardó pocos minutos en rescatar los registros históricos de las transmisiones de Westcol, donde de manera sistemática se ha expresado de los ciudadanos venezolanos con términos profundamente despectivos, asociándolos de forma generalizada con la delincuencia común y mofándose de las carencias económicas de la población fronteriza.
La pretensión de convertir un desastre natural en un escenario para generar contenido digital y elevar las métricas de plataformas extranjeras confirma que la extrema derecha y sus bases juveniles ven a Venezuela exclusivamente como un fetiche metodológico útil para el escarnio o para el lucro individual.
Ante este panorama de degradación discursiva, el periodismo alternativo y la ciudadanía consciente tienen la obligación histórica de imponer una sanción social drástica a través del apagón digital de estos personajes, dejando de consumir un contenido que dinamita las bases de la empatía continental.
La verdadera Colombia no se ve reflejada en la miseria moral de los influenciadores del abelardismo ni en el cálculo político de la prensa tradicional.
La solidaridad real viaja en los equipos técnicos que hoy desafían el bloqueo para salvar vidas bajo el marco de la hermandad histórica de la Gran Colombia, una realidad que la infamia de las redes sociales no podrá sepultar.
