¡Qué boleta! Abelardo De La Espriella se le burla en la cara a Catherine Juvinao y desata un escándalo político
El panorama político colombiano se encuentra sumido en una profunda controversia que pone al descubierto las contradicciones más agudas del gobierno entrante.
A fecha de 10 de julio de 2026, el proceso de configuración del gabinete ministerial de Abelardo de la Espriella ha dejado de ser una simple transición administrativa para transformarse en la confirmación de un desencanto absoluto para sus electores.

Durante meses, la retórica del mandatario electo se cimentó sobre la promesa inquebrantable de una renovación estructural y un cambio generacional profundo, asegurando que su administración estaría integrada por los denominados “nunca”, aquellos sectores que supuestamente jamás habían tenido acceso a las mieles del poder central.
Sin embargo, las designaciones oficiales de las últimas horas demuestran todo lo contrario, evidenciando un retorno descarado a las castas tradicionales y a las élites económicas de siempre, una realidad que los medios alternativos venían advirtiendo sistemáticamente frente a la complacencia y el silencio calculador de las cadenas de comunicación hegemónicas.
El episodio más llamativo y que ha generado intensas interacciones en las plataformas digitales involucra de manera directa a la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao, perteneciente a la colectividad de la Alianza Verde.
La congresista, quien en las últimas semanas causó revuelo al manifestar su intención de apartarse de su partido para fundar un nuevo movimiento político junto a figuras como la senadora Angélica Lozano y el concejal Julián Sastoque, ha quedado en una posición de absoluta vulnerabilidad política.

A través de constantes y sutiles mensajes en sus redes sociales, Juvinao había comenzado a realizar evidentes acercamientos hacia la administración abelardista, intentando tender puentes con el nuevo poder ejecutivo.
La sorpresa entre la ciudadanía es mayúscula al recordar que Juvinao edificó su capital político y obtuvo su curul en el Congreso gracias al voto de las bases progresistas, participando activamente en la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño.
Tras alcanzar una posición de privilegio en el legislativo, con ingresos superiores a los cincuenta millones de pesos, la opinión popular denuncia que la congresista olvidó sus promesas a los bogotanos y sus orígenes políticos, decidiendo acomodarse a las dinámicas del establecimiento y buscar alianzas con los mismos sectores que antes cuestionaba.
El revés definitivo para las aspiraciones de Juvinao se concretó con el anuncio del Ministerio de Hacienda.
La representante había manifestado públicamente su ferviente deseo de que una figura como Carolina Soto asumiera las riendas de las finanzas públicas, argumentando que su designación representaría no solo un hito de liderazgo femenino, sino una garantía de responsabilidad técnica frente a una supuesta crisis fiscal heredada del gobierno saliente.
La respuesta de Abelardo de la Espriella fue un portazo contundente en la cara de la congresista verde: ignoró por completo sus sugerencias y procedió a nombrar a un hombre que encarna la quintaesencia del poder tradicional en Colombia.

Este desplante ha provocado burlas generalizadas y agudas críticas en los círculos políticos independientes, donde figuras como el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, señalaron la ironía de la situación, enfatizando cómo la supuesta búsqueda de paridad y el discurso feminista de Juvinao fueron completamente desoídos por un mandatario electo cuyos antecedentes discursivos han sido frecuentemente tachados de machistas, misóginos y acosadores por la prensa alternativa.
La confirmación de Miguel Gómez Martínez como el nuevo ministro de Hacienda, validada directamente a través de los micrófonos de Caracol Radio, sepulta definitivamente cualquier narrativa de renovación generacional.
Gómez Martínez no solo es el hermano del actual senador Enrique Gómez Martínez —líder del Movimiento Salvación Nacional y uno de los primeros barones políticos en ofrecer su respaldo irrestricto a la candidatura de de la Espriella—, sino que representa el linaje de una de las familias más influyentes y tradicionales de la historia política de Colombia.
El nuevo jefe de las finanzas públicas es nieto del expresidente Laureano Gómez, cuyo mandato histórico estuvo marcado por el autoritarismo, el sectarismo y profundas fracturas institucionales; es también sobrino del líder histórico conservador Álvaro Gómez Hurtado e hijo de Enrique Gómez Hurtado.
Esta designación deja en claro que el acceso al poder no recae en caras nuevas, sino en los herederos de las mismas familias que han concentrado las decisiones del Estado de generación en generación.
La trayectoria profesional de Miguel Gómez Martínez demuestra un compromiso histórico con la defensa de los grandes conglomerados económicos y el capital transnacional, distanciándose por completo de las necesidades de las clases trabajadoras.
A lo largo de su carrera, ha transitado por los cargos más apetecidos de la estructura pública y gremial:
Representante a la Cámara por el Partido de la U. Candidato al Senado por el Partido Conservador.
Vicecontralor General de la República. Presidente de Bancoldex y de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores).
Presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda). Director de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), una organización dedicada prioritariamente a salvaguardar los intereses de los inversionistas extranjeros y las corporaciones estadounidenses en el territorio nacional.
Resulta evidente que poner la política económica del país en manos de un tecnócrata que ha dirigido los principales gremios financieros del país responde al interés de blindar los beneficios del gran capital interno y extranjero, trasladando las cargas fiscales de manera directa al aparato productivo interno y a los sectores populares.
La respuesta de los círculos informativos tradicionales ante este nombramiento ha sido tan particular como reveladora.
Lejos de manifestar indignación o preocupación ante el retorno de las viejas élites y el incumplimiento de las promesas de austeridad y cambio, periodistas alineadas con el establecimiento, como María Andrea Nieto, centraron sus críticas en un aspecto meramente formal.

Nieto expresó públicamente su rechazo a que fuera el propio Miguel Gómez Martínez quien saliera a confirmar su designación ante los medios de comunicación, acusando el hecho como un irrespeto a la “dignidad presidencial” y un síntoma de despelote institucional, exigiendo que dichos anuncios fueran potestad exclusiva del mandatario electo.
Esta postura de la prensa tradicional evidencia un esfuerzo coordinado por maquillar la realidad y desviar la discusión de fondo, prefiriendo debatir sobre protocolos comunicativos antes que cuestionar la alarmante falta de coherencia de un proyecto que prometió barrer con la clase política tradicional y terminó cooptado por ella.
Como respuesta a la filtración del nombramiento, el equipo de de la Espriella difundió un video publicitario elaborado con tecnologías de inteligencia artificial para oficializar la designación de Gómez Martínez.
La pieza audiovisual intenta construir una imagen mitificada del nuevo ministro, presentándolo como una eminencia impoluta, un experto en manejo de crisis y el defensor definitivo del dinero de los trabajadores colombianos.
Este formato de propaganda digital, sustentado en avatares y animaciones computarizadas ante la aparente incapacidad de convocar a ciudadanos reales para respaldar sus propuestas, contrasta con los errores logísticos del pasado.
La ciudadanía recuerda con sarcasmo el video de presentación del futuro ministro del Interior, Rodrigo Lara, en el cual las imágenes de fondo no correspondían al Capitolio Nacional ni al centro histórico de Bogotá, sino a la fachada de la Casa Blanca en Washington, dejando al descubierto una sumisión ideológica y una injerencia extranjera que los sectores progresistas consideran alarmante.
La conformación del resto del gabinete abelardista refuerza de manera contundente este patrón de continuidad y dependencia de las viejas estructuras del Centro Democrático.
Diversas fuentes confirman que el expresidente Iván Duque Márquez está siendo proyectado para ocupar la embajada de Colombia ante los Estados Unidos, una posición clave para coordinar las agendas internacionales del nuevo gobierno con las directrices de la administración de Donald Trump.
Asimismo, la senadora Paloma Valencia, quien lleva años vinculada al legislativo y viviendo de los recursos del Estado, se perfila como la futura ministra de Minas y Energía.
Este mapa de poder demuestra que el cambio generacional publicitado en campaña no fue más que un eslogan populista y desinformador diseñado para engañar al electorado y desplazar el proyecto progresista liderado en el congreso por Iván Cepeda.
Las proyecciones económicas bajo la dirección de la dupla conformada por Abelardo de la Espriella y Miguel Gómez Martínez apuntan hacia un escenario de profunda regresión fiscal.
El nuevo gobierno ya prepara el terreno para la radicación de una ambiciosa reforma tributaria y la posible declaración de un estado de emergencia económica.
Los ejes principales de esta iniciativa pretenden eliminar de forma generalizada diversos beneficios fiscales que el nuevo ministro considera ineficientes para las arcas del Estado.
Bajo la narrativa de la disciplina financiera y la prosperidad de los mercados, analistas independientes infieren que la reforma se traducirá en una sustancial reducción de impuestos para las grandes corporaciones y las fortunas más ricas del país, compensando dicho vacío fiscal mediante un incremento de las cargas impositivas sobre la canasta básica y los ingresos de la clase media trabajadora.
Para legitimar este viraje económico, la administración entrante ha comenzado a edificar una matriz de opinión destinada a sembrar la idea de que el país se encuentra en una quiebra absoluta debido a una supuesta malversación de fondos y corrupción por parte del gobierno saliente de Gustavo Petro.
Sin embargo, los antecedentes históricos demuestran que esta animadversión y el diseño de estrategias de desprestigio por parte de Miguel Gómez Martínez no constituyen ninguna novedad.
Hace exactamente quince años, el hoy designado ministro de Hacienda fue uno de los principales promotores y rostros visibles de la campaña de revocatoria del mandato contra Gustavo Petro cuando este se desempeñaba como alcalde mayor de Bogotá, utilizando formatos públicos para instar a la ciudadanía a firmar los formularios de destitución.
Los nietos de Laureano Gómez han necesitado aliarse con las facciones más oscuras de la política tradicional para retornar al poder, demostrando que detrás de los discursos grandilocuentes de refundación de la patria se esconde únicamente el regreso de un modelo económico excluyente, un desgobierno que los medios alternativos y los sectores sociales organizados se comprometen a fiscalizar minuciosamente desde el primer día de su ejecución, manteniendo la lupa sobre cada decisión que amenace la estabilidad y los derechos del pueblo colombiano.