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Durante una entrevista radial, Eduardo García, obispo de San Justo y referente de la Pastoral Judicial, expresó una mirada crítica sobre el enfoque adoptado frente al régimen penal juvenil y pidió que el debate no se limite únicamente al castigo.
El religioso sostuvo que cualquier modificación vinculada con adolescentes en conflicto con la ley debería considerar, además de la respuesta judicial, las condiciones sociales en las que viven los menores y las posibilidades reales de prevención.
Según explicó, la Pastoral Judicial reúne a personas de distintos ámbitos para analizar cuestiones relacionadas con la niñez, la justicia y la vulnerabilidad social.
García afirmó que, desde su experiencia de trabajo en barrios y en contacto con operadores judiciales, los delitos graves cometidos por menores representan una parte reducida de los casos que llegan al sistema.
A partir de esa observación, planteó que una intervención temprana del Estado puede resultar más útil que una estrategia basada exclusivamente en el endurecimiento de las penas.
También advirtió que la privación de la libertad debería utilizarse con prudencia, especialmente cuando se trata de adolescentes que atraviesan situaciones de pobreza, abandono escolar o falta de contención familiar.
El obispo señaló que muchas trayectorias delictivas no pueden explicarse de manera aislada, sino que deben analizarse junto con factores como la falta de oportunidades, la ausencia de espacios educativos y la presencia de economías ilegales en determinados territorios.
Durante la conversación, insistió en que las políticas públicas deberían prestar mayor atención a las causas estructurales que pueden favorecer la exclusión de los jóvenes.
En ese sentido, mencionó la necesidad de fortalecer escuelas, clubes y espacios comunitarios que permitan ofrecer alternativas antes de que un adolescente quede vinculado de manera permanente con circuitos delictivos.
García consideró que una política de seguridad eficaz necesita combinar prevención, intervención social y una respuesta judicial proporcional, en lugar de concentrarse únicamente en la sanción.
La entrevista también abordó la preocupación social por los robos y otros delitos que afectan la vida cotidiana de los barrios.
Uno de los participantes señaló que muchas personas sienten temor o cansancio frente a hechos repetidos de inseguridad.
Ante ese planteo, el obispo reconoció la existencia del problema y aclaró que no pretendía minimizar el impacto que el delito puede tener sobre trabajadores, familias o personas de bajos ingresos.
Sin embargo, sostuvo que detener a un grupo de jóvenes sin modificar las condiciones que favorecen la aparición de nuevos casos difícilmente resolvería el problema a largo plazo.
El religioso también cuestionó el funcionamiento de los sistemas penitenciarios cuando no cuentan con programas efectivos de educación, formación laboral y reinserción.
Afirmó que un adolescente que permanece durante años en una institución cerrada sin acompañamiento adecuado puede salir con menos herramientas para integrarse a la sociedad que cuando ingresó.
Por ese motivo, destacó la importancia de que cualquier medida de encierro esté acompañada por programas orientados a la educación, la salud, el tratamiento de consumos problemáticos y la capacitación para el trabajo.
El intercambio también reconoció que la preocupación de la población por la inseguridad es real y que las respuestas estatales deben contemplar tanto la protección de las víctimas como los derechos de los adolescentes involucrados.
García evitó presentar el debate como una oposición simple entre castigo y permisividad, y defendió la necesidad de combinar responsabilidad individual con políticas de prevención.
En ese marco, insistió en que la presencia estatal no debería limitarse a la policía o al sistema penal, sino incluir educación, salud, asistencia social y espacios de participación comunitaria.
El religioso afirmó que muchos jóvenes necesitan referentes adultos, oportunidades concretas y entornos donde puedan desarrollar capacidades antes de que aparezca una situación judicial.
También consideró que la discusión pública debería evitar generalizaciones que identifiquen automáticamente a los adolescentes pobres con el delito.
A su juicio, ese tipo de asociación puede dificultar la elaboración de políticas más precisas y aumentar la estigmatización de sectores que ya enfrentan múltiples dificultades.
La conversación dejó en evidencia que el régimen penal juvenil continúa generando posiciones diferentes sobre la responsabilidad, la función de las penas y el alcance de la intervención estatal.
García defendió una perspectiva centrada en la prevención y la reinserción, mientras que los entrevistadores incorporaron preguntas relacionadas con la demanda social de seguridad y con la necesidad de responder a delitos que afectan directamente a los vecinos.
Ese intercambio permitió mostrar que ambas preocupaciones pueden coexistir y que el desafío consiste en diseñar políticas que protejan a la sociedad sin abandonar el objetivo de recuperar a los jóvenes.
Al finalizar la conversación, García volvió a destacar la importancia de colocar a la persona en el centro de las decisiones públicas y de evaluar los efectos concretos de cualquier reforma sobre los sectores más vulnerables.
La entrevista no resolvió el debate sobre el régimen penal juvenil, pero sí expuso una posición que propone combinar seguridad, prevención, justicia y reinserción como partes de una misma discusión pública.
