El Informe de la Infamia: Radiografía del “Pacto de la Picota” y la Trama Criminal que Habría Financiado el Poder

Colombia atraviesa uno de los capítulos más convulsos de su vida republicana. Mientras el calendario electoral avanza inexorablemente hacia mayo de 2026, los fantasmas de la campaña de 2022 han regresado con una fuerza devastadora. Un informe secreto de la Fiscalía General de la Nación, cuya existencia ha sido revelada recientemente por unidades investigativas de élite, documenta minuciosamente cómo se habría maquinado el polémico “Pacto de la Picota”.

Este no es solo un relato de pasillos; es la crónica de una presunta obstrucción a la justicia y una financiación ilegal de dimensiones épicas que involucra a narcotraficantes, disidentes de las FARC y la cúpula más cercana al actual presidente Gustavo Petro.

I. Las 76 Citas con el Crimen: Operación Cárceles El documento revela una hoja de ruta aterradora que comenzó un año antes de que los colombianos acudieran a las urnas.

Según el reporte, se registraron 76 reuniones simultáneas en centros penitenciarios de alta seguridad entre mayo de 2021 y junio de 2022.

Las visitas no fueron esporádicas ni casuales; se concentraron en los patios de extraditables de las cárceles de La Picota (Bogotá), Cómbita (Boyacá) y La Paz de Itagüí (Antioquia).

En estos recintos, delegados del petrismo —incluyendo nombres como Juan Fernando Petro, hermano del presidente; Iván Cepeda, hoy candidato presidencial; y el excomisionado de paz Danilo Rueda— se habrían sentado a negociar con la población carcelaria de mayor perfil delictivo.

La oferta, según el informe, era clara y seductora: beneficios jurídicos, control territorial y, lo más grave, la promesa de frenar las extradiciones a Estados Unidos a cambio de una movilización masiva de votos en las regiones bajo control criminal.

II. El “Garante” y la Conexión Córdoba Uno de los puntos determinantes del informe señala la captura y posterior extradición de Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de la fallecida exsenadora Piedad Córdoba, como el “termómetro” del pacto.

Córdoba fue bautizado por los capos como “El Garante”. Su destino judicial era la prueba de fuego: si el gobierno de Petro lograba impedir su envío a una corte en Texas, los demás criminales confiarían en la viabilidad del acuerdo.

Irónicamente, el flujo de información no se detuvo con las extradiciones. Alias “Pipe Tuluá”, un narcotraficante enviado a EE.UU.

Que hoy enfrenta cargos en Texas, ha comenzado a “cantar”. Sus declaraciones ante la justicia americana son la pieza que faltaba en este rompecabezas.

Pipe Tuluá asegura que el apoyo no fue solo político, sino financiero, inyectando billones de pesos para garantizar que el “gobierno amigo” llegara a la Casa de Nariño.

III. Los Números del Escándalo: 65,000 Millones de Razones Mientras que los defensores del gobierno sostienen que no se entregó “ni un solo peso”, el informe secreto de la Fiscalía presenta una contabilidad distinta y demoledora.

La financiación ilegal comprobada se desglosa de la siguiente manera: El Pacto de la Picota: Se estima que se recaudaron 65,000 millones de pesos provenientes directamente de jefes del narcotráfico que buscaban comprar su permanencia en suelo colombiano.

La Segunda Marquetalia: El documento adiciona 20 millones de dólares (aproximadamente 88,000 millones de pesos) que habrían sido entregados por la agrupación criminal de Iván Márquez para blindar el proceso electoral en zonas rurales.

La Gestión Benedetti: Resalta la figura de Armando Benedetti, actual ministro del Interior, quien habría gestionado otros 15,000 millones de pesos para logística y compra de votos en la costa Atlántica.

La estructura para mover estos dineros incluyó, presuntamente, transferencias desde el exterior, con recursos provenientes de países afines al Foro de Sao Paulo, como Venezuela y Honduras, canalizados a través de intermediarios financieros.

IV. La Confesión del Heredero: Nicolás Petro Rompe el Silencio Si las pruebas documentales no fueran suficientes, el testimonio de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente, ha terminado de hundir la narrativa de la “campaña limpia”.

En un proceso judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, Nicolás admitió que su padre estaba al tanto de la financiación irregular.

“Él lo sabía perfectamente. En los carros, cuando nos transportábamos para los eventos, hablábamos de la financiación de los líderes.

Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía”, confesó Nicolás en noviembre de 2025. El hijo del presidente reveló que Gustavo Petro nunca se interesó por saber si esos dineros —provenientes de megacontratistas como Euclides Torres o exnarcos como el “Hombre Malboro”— estaban siendo reportados a los organismos de control.

Simplemente “sacaba pecho” por el éxito de las manifestaciones en el Atlántico. V. La Mirada del “Imperio”: Vigilancia desde Washington

Este escándalo ha escalado a nivel internacional. El reciente abrazo entre Donald Trump y Gustavo Petro no ha logrado disipar las dudas del Capitolio en Washington.

El senador Bernie Moreno ha sido enfático en que Estados Unidos está “muy vigilante” sobre el proceso electoral de 2026.

La preocupación de la comunidad internacional es lógica: si el actual gobierno llegó al poder con el apoyo de estructuras criminales, ¿qué garantías hay para una elección libre cuando hoy el Estado está al servicio de ese mismo proyecto?

La inclusión de Petro en listas de sospecha por nexos con el narcotráfico y la falta de visa vigente para muchos de sus colaboradores son señales de una ruptura institucional que ya no se puede tapar con retórica.

Conclusión: ¿Petro 2.0 o Justicia? Colombia se encuentra ante un abismo ético. El abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, ha calificado este episodio como “la mayor defraudación a la democracia en la historia del país”.

La sociedad civil exige una fiscalía que no sea “de bolsillo” y que rinda cuentas ante los tratados internacionales.

El “Pacto de la Picota” no fue un error de estrategia; fue, presuntamente, una alianza criminal para asaltar el poder.

Con Iván Cepeda como el heredero designado y el aparato estatal aceitado con billones de dudosa procedencia, el 31 de mayo no será solo una elección, sino una batalla por recuperar la dignidad nacional.

La historia nos enseña que los elefantes en los salones presidenciales tarde o temprano terminan por derribar las paredes, y en Colombia, el elefante del narcotráfico ya no cabe en el Palacio de Nariño.