Negligencia Criminal: Uscátegui Revela que el Gobierno Ignoró Advertencias sobre el Mal Estado del Hércules Accidentado

La tragedia aérea ocurrida en Puerto Leguísamo, donde un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se precipitó a tierra cobrando la vida de 69 soldados, ha dejado de ser un simple accidente para convertirse en un escándalo de negligencia estatal y falta de gestión administrativa.

En una revelación que ha sacudido los cimientos del Ministerio de Defensa, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, presentó pruebas documentales que demuestran que el gobierno de Gustavo Petro conocía de antemano el estado crítico de la aeronave y no tomó medidas para evitar el desastre.

Una Crónica de un Siniestro Anunciado

Durante una intervención pública y ante diversos medios de comunicación, Uscátegui mostró una fotografía fechada el 17 de junio de 2024. En ella, se observa el avión con matrícula 1016 —el mismo que se accidentó este fin de semana— en un estado de evidente deterioro. El congresista afirmó que esta imagen fue presentada directamente al entonces ministro de Defensa, Iván Velázquez, durante un debate de moción de censura.

“Desde junio del 2024 se le reportó al ministro que este era el estado de la aeronave”, señaló Uscátegui. En aquel momento, el propio Velázquez habría reconocido que el avión presentaba fallas por corrosión en una de sus hélices y en las bases del motor. A pesar de esta advertencia explícita y técnica, la aeronave continuó operando en condiciones que hoy son cuestionadas por expertos en seguridad aérea.

El “Canibalismo” de Piezas y el Recorte Presupuestal

Uno de los puntos más alarmantes de la denuncia es la práctica denominada “canibalismo de piezas”. Según el representante, debido a la falta de presupuesto y repuestos, la Fuerza Aérea se ha visto obligada a quitar componentes de aviones en tierra para instalárselos a los pocos que aún pueden volar. En el caso de la flota Hércules, Colombia contaba originalmente con seis aeronaves; sin embargo, bajo la actual administración, esa cifra se redujo drásticamente hasta quedar solo una operativa: la 1016.

Esta crisis de operatividad tiene una raíz económica clara. Uscátegui denunció un recorte del 30% en el presupuesto de inversión y mantenimiento de la FAC. Mientras la institución solicitaba cerca de 800.000 millones de pesos para garantizar la seguridad de su flota en 2025, el gobierno nacional solo asignó aproximadamente 554.000 millones. “No hay mantenimiento, no hay horas de vuelo suficientes para los pilotos, no hay combustible y los simuladores están fuera de servicio”, enfatizó el congresista.

Sobrepeso y Errores de Planeación

A la falta de mantenimiento se suman graves irregularidades en la planeación del vuelo fatídico. Informes preliminares sugieren que el avión transportaba a 114 soldados, excediendo el límite de 110 establecido para operaciones de orden público sin sillas, o de 88 en configuración administrativa. Además, se reportó la presencia de 11 tripulantes, cuando lo habitual para este tipo de misiones es un máximo de siete.

Este exceso de peso, combinado con la fatiga del material y la falta de fuerza en los motores previamente reportada, habría configurado la tormenta perfecta para el siniestro. Uscátegui lamentó que se esté operando “como si se estuviera moviendo ganado”, ignorando los protocolos básicos de seguridad que protegen la vida humana.

Responsabilidades ante la Procuraduría

Ante la gravedad de los hechos, el representante Uscátegui anunció la radicación de una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el exministro Iván Velázquez —actual embajador ante la Santa Sede— y el actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez. La acusación se basa en la presunta omisión de sus deberes como servidores públicos al ignorar alertas tempranas y permitir el desmantelamiento presupuestal de la fuerza pública.

“Estamos llamados a responder por nuestras acciones y nuestras omisiones”, declaró Uscátegui, subrayando que la tasa de accidentalidad aérea bajo el gobierno actual es históricamente superior, con más de 12 accidentes y 100 víctimas fatales en tres años.

Un País Desprotegido

La consecuencia inmediata de esta tragedia es que, según el conocimiento del legislador, Colombia se ha quedado sin aviones Hércules operativos. Esta aeronave es fundamental para el transporte de tropas, ayuda humanitaria y logística en las zonas más apartadas del país. La pérdida de la última unidad funcional deja un vacío estratégico en la seguridad nacional que el gobierno aún no ha explicado cómo planea llenar.

Mientras las familias de los 69 soldados fallecidos exigen justicia, el país observa con preocupación cómo la falta de gestión administrativa y los recortes en áreas críticas pueden tener costos humanos irreparables. La investigación de la Procuraduría y los informes técnicos que puedan aportar agencias internacionales serán vitales para determinar si esta tragedia fue, en efecto, un desastre prevenible que el poder prefirió ignorar.