🛑 ¡CAYÓ EL APÓSTOL! Corte Suprema ratifica condena contra Santiago Uribe

🚨 Una de las decisiones judiciales más impactantes de los últimos años acaba de sacudir la política colombiana.

Un fallo histórico reabre heridas del conflicto armado, pone bajo los reflectores a uno de los apellidos más poderosos del país y vuelve a encender el debate sobre verdad, justicia y memoria.

Lo que ocurrió este 4 de junio podría marcar un antes y un después en la historia reciente de Colombia.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó de manera definitiva la condena de 28 años y tres meses de prisión contra Santiago Uribe Vélez, ganadero antioqueño y hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, al considerarlo responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado dentro del proceso relacionado con el grupo paramilitar conocido como “Los Doce Apóstoles”.

La decisión, emitida por la Sala Penal del alto tribunal, ratifica la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Antioquia en noviembre de 2025 y pone fin a uno de los procesos judiciales más extensos y controvertidos de la historia reciente del país.

Con el fallo ya no existe posibilidad de nuevos recursos ordinarios, lo que convierte la condena en una decisión definitiva.

El caso se remonta a los años noventa, cuando comenzó a investigarse la actuación de una estructura armada ilegal que operó principalmente en los municipios de Yarumal, Campamento y otras zonas del norte de Antioquia.

Según las investigaciones judiciales, “Los Doce Apóstoles” ejecutaron una campaña sistemática de asesinatos selectivos bajo el argumento de combatir la delincuencia y a presuntos colaboradores de grupos guerrilleros.

La Corte concluyó que Santiago Uribe participó en la conformación y dirección de esa organización, señalada durante años por organismos judiciales y de derechos humanos como responsable de múltiples crímenes cometidos en la región.

Uno de los hechos centrales del proceso fue el asesinato de Camilo Barrientos, conductor de un bus escalera en Yarumal, ocurrido en 1994.

De acuerdo con la sentencia, ese homicidio formó parte del patrón criminal atribuido al grupo paramilitar y constituyó una de las pruebas determinantes para establecer la responsabilidad penal del condenado.

Durante el proceso tuvieron especial relevancia varios testimonios, entre ellos el del exmayor de la Policía Nacional Juan Carlos Meneses, quien durante años sostuvo que existían vínculos entre miembros de la organización y sectores de poder local en Antioquia.

Sus declaraciones, junto con otros elementos probatorios recopilados por la Fiscalía y analizados por los tribunales, fueron consideradas suficientes para sustentar la condena.

La decisión judicial también revive uno de los capítulos más sensibles del conflicto armado colombiano.

Diversas investigaciones han atribuido a “Los Doce Apóstoles” cientos de homicidios, desapariciones y actos de violencia contra personas catalogadas como “indeseables” o sospechosas de colaborar con grupos insurgentes.

Aunque las cifras varían según las fuentes judiciales e históricas, el caso se convirtió en un símbolo de las denuncias sobre la expansión del paramilitarismo en Antioquia durante la década de los noventa.

Tras conocerse la decisión de la Corte Suprema, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó públicamente expresando el impacto que el fallo causó en su entorno familiar.

“Tema devastador para mi familia”, escribió al referirse a la confirmación de la condena contra su hermano.

Por su parte, la defensa de Santiago Uribe insistió en que la sentencia es injusta y reiteró que, a su juicio, existieron errores en la valoración de las pruebas y de los testimonios utilizados durante el proceso.

Los abogados sostienen que el condenado no tuvo participación en los hechos que le fueron atribuidos y han cuestionado durante años la credibilidad de algunos testigos clave.

Sin embargo, la Corte Suprema rechazó esos argumentos y respaldó las conclusiones alcanzadas por las instancias anteriores.

En su análisis, el tribunal determinó que las pruebas debían evaluarse de manera integral y no de forma aislada, concluyendo que existía certeza suficiente sobre la responsabilidad penal del acusado.

Más allá de las consecuencias jurídicas, la decisión tiene una profunda dimensión histórica y política.

Para organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, el fallo representa un reconocimiento tardío de hechos denunciados durante décadas y una señal de que los procesos relacionados con graves violaciones de derechos humanos pueden avanzar incluso después de largos años de investigación.

Treinta años después de los hechos que dieron origen al expediente, la condena definitiva contra Santiago Uribe Vélez se convierte en uno de los pronunciamientos más significativos de la justicia colombiana en materia de paramilitarismo.

El fallo no solo cierra un largo capítulo judicial, sino que vuelve a poner sobre la mesa el debate nacional sobre verdad, memoria, responsabilidad y reparación para las víctimas del conflicto armado.