🛑 ¡CAYÓ EL APÓSTOL! Corte Suprema ratifica condena contra Santiago Uribe

⚖️ Una de las decisiones judiciales más trascendentales de los últimos años acaba de sacudir el panorama político colombiano.

Tras décadas de investigaciones, testimonios y recursos legales, la Corte Suprema tomó una determinación definitiva que reabre el debate sobre uno de los capítulos más controvertidos de la historia reciente del país.

Los detalles del fallo y sus implicaciones siguen generando fuertes reacciones.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, al confirmar la sentencia de 28 años y 3 meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado dentro del caso relacionado con la estructura paramilitar conocida como “Los 12 Apóstoles”.

La decisión judicial pone fin a uno de los procesos más prolongados y controvertidos de la justicia colombiana y marca un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad y reparación para las víctimas.

El alto tribunal ratificó la sentencia emitida previamente por el Tribunal Superior de Antioquia, que había concluido que Santiago Uribe desempeñó un papel determinante en la creación, financiación y dirección de la organización ilegal que operó en el norte de Antioquia durante la década de los noventa.

La Corte consideró acreditada su responsabilidad penal en hechos relacionados con el funcionamiento de este grupo armado y en particular con el asesinato de Camilo Barrientos, conductor de un vehículo de transporte público en la región.

La decisión judicial fue conocida el 4 de junio de 2026 y representa el cierre de un largo recorrido procesal que se extendió por más de tres décadas desde las primeras denuncias sobre las actividades de “Los 12 Apóstoles”.

A lo largo de los años, el caso atravesó múltiples etapas judiciales, incluyendo investigaciones, absoluciones, apelaciones y revisiones que finalmente desembocaron en el pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema.

Según las conclusiones judiciales, la estructura ilegal operó principalmente en municipios como Yarumal y Campamento, en Antioquia.

Diversas investigaciones sostuvieron que el grupo desarrolló acciones de persecución y homicidio contra personas señaladas de manera arbitraria como delincuentes, colaboradores de grupos insurgentes o individuos considerados indeseables por quienes promovían las denominadas prácticas de “limpieza social”.

Uno de los elementos centrales del proceso fueron los testimonios de antiguos integrantes y de exfuncionarios de la fuerza pública que describieron la manera en que operaba la organización.

Entre ellos se destacó el testimonio del exmayor de la Policía Juan Carlos Meneses, cuyas declaraciones fueron consideradas dentro del conjunto probatorio analizado por los tribunales.

La sentencia también aborda la relación entre las operaciones del grupo y la Hacienda La Carolina, propiedad vinculada a Santiago Uribe, lugar que según distintas versiones habría servido como punto de encuentro y coordinación de actividades relacionadas con la organización ilegal.

Los magistrados concluyeron que el conjunto de las pruebas permitía establecer una participación activa del condenado en la estructura criminal.

Tras conocerse la decisión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó públicamente manifestando el profundo impacto que el fallo tiene para su familia.

“Tema devastador para mi familia”, expresó al referirse a la determinación de la Corte.

La defensa de Santiago Uribe ha sostenido durante años que su cliente es inocente y ha cuestionado la credibilidad de algunos testimonios utilizados durante el proceso.

Sin embargo, el máximo tribunal concluyó que las pruebas analizadas de manera integral respaldaban la condena.

La confirmación de la sentencia ha generado diversas reacciones en sectores políticos, jurídicos y de derechos humanos.

Para organizaciones de víctimas, la decisión representa un avance significativo en el reconocimiento de hechos ocurridos durante los años más intensos de la violencia paramilitar en Colombia.

Para otros sectores, el fallo constituye un mensaje contundente sobre la capacidad de las instituciones judiciales para investigar y sancionar delitos graves sin importar la posición social o política de los involucrados.

El caso de “Los 12 Apóstoles” ha sido considerado durante años como uno de los expedientes más emblemáticos relacionados con el fenómeno paramilitar en Antioquia.

Las investigaciones atribuyeron a esa estructura numerosos hechos violentos ocurridos entre finales de los años ochenta y principios de los noventa, en un contexto marcado por la expansión de organizaciones armadas ilegales y la compleja situación de orden público que vivía el país.

Con esta decisión, la Corte Suprema cierra una etapa judicial fundamental y deja en firme una de las condenas más relevantes emitidas en casos relacionados con estructuras paramilitares.

Más allá de las controversias políticas que rodean el proceso, el fallo consolida una decisión que, para las víctimas y sus familias, representa el reconocimiento judicial de hechos que durante décadas permanecieron en disputa.

La sentencia se convierte así en un referente dentro de la jurisprudencia colombiana sobre graves violaciones a los derechos humanos y reafirma el papel de la justicia en el esclarecimiento de episodios que marcaron profundamente la historia reciente del país.