ESCÁNDALO SANITARIO EN BUENOS AIRES: MUERTES, DESVÍO DE ANESTÉSICOS Y SOSPECHAS DE UNA RED CLANDESTINA

🔥⚖️💉 Una trama oscura sacude al sistema de salud argentino y expone fallas estructurales que nadie quiso ver 💉⚖️🔥😨🕯️ Dos muertes, médicos implicados y el robo sistemático de fármacos abren una crisis que trasciende lo judicial 🌑⛓️.

Lo que comenzó como un caso aislado hoy revela posibles redes clandestinas dentro de hospitales ⚡👁️.

“No es una fiesta, es una ruleta rusa farmacológica…”, advierten voces cercanas al caso, mientras crece la presión por respuestas urgentes 🌪️💔.

La muerte del anestesiólogo Alejandro Salazar, de 31 años, hallado sin vida el 20 de febrero de 2026 en su departamento de Palermo, marcó el inicio de una investigación que hoy sacude al sistema sanitario argentino.

La autopsia confirmó una sobredosis de propofol y fentanilo, dos potentes anestésicos de uso hospitalario restringido.

El detalle que encendió todas las alarmas fue la escena: una vía intravenosa conectada a su cuerpo y múltiples ampollas a su alrededor.

A partir de ese momento, la justicia comenzó a reconstruir un entramado que, lejos de ser un hecho aislado, apunta a una posible red de desvío y consumo ilegal de medicamentos dentro de instituciones médicas.

El foco se trasladó rápidamente al Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se detectó la sustracción sistemática de fármacos durante al menos tres años.

La médica residente Delfina Fini Lanusse, de 29 años, y el anestesista Hernán Boberi, con casi dos décadas en la institución, fueron procesados por administración fraudulenta.

Según consta en la investigación, ambos admitieron haber consumido propofol fuera del ámbito hospitalario.

“No fue un consumo puntual”, sostienen fuentes judiciales, que sitúan el inicio de las maniobras en 2023.

Aunque ninguno permanece detenido, ambos fueron inhabilitados para ejercer y tienen prohibido salir del país.

El caso dio un giro aún más inquietante cuando se analizaron las cámaras de seguridad del edificio donde murió Salazar.

Las imágenes muestran que al menos cuatro personas, entre ellas dos médicas residentes, ingresaron al departamento después de su fallecimiento.

Testigos aseguran que una manipuló el teléfono del médico y otra se retiró con una tablet.

“Esa conducta encaja de lleno en la figura de encubrimiento”, señalan fuentes del expediente.

El 9 de abril, una de las médicas fue formalmente imputada.

La última comunicación registrada en el celular de Salazar fue una llamada a una de ellas, apenas horas antes de su muerte.

Ese dato, considerado clave, refuerza las sospechas de un vínculo directo entre el entorno profesional y los hechos.

Mientras la causa avanzaba, un segundo hallazgo agravó el escenario.

El 3 de abril, el enfermero Eduardo Ventancurt, de 44 años, fue encontrado muerto en su vivienda, también en Palermo.

En el lugar había más de 50 ampollas de sustancias hospitalarias, entre ellas propofol y fentanilo, además de jeringas y guantes.

Aunque la autopsia determinó una patología cardíaca como causa de muerte, la presencia de estos elementos abrió nuevas líneas de investigación.

El rastro del fentanilo condujo a un laboratorio, lo que puso bajo la lupa la cadena de distribución de estos medicamentos.

“Si un frasco termina en un departamento sin explicación, el sistema tiene un agujero enorme”, advierten especialistas.

En paralelo, comenzaron a surgir versiones sobre reuniones clandestinas entre profesionales de la salud, donde se consumían estos anestésicos de forma recreativa.

Según reconstrucciones periodísticas, los participantes se administraban las sustancias con equipos médicos y designaban a alguien para asistir en caso de apnea.

“No es una fiesta, es una ruleta rusa farmacológica”, describen fuentes cercanas al caso.

Sin embargo, estas prácticas aún no forman parte de una causa judicial específica.

La investigación está fragmentada en tres expedientes: uno por la muerte de Salazar, otro por el desvío de fármacos y un tercero por el fallecimiento de Ventancurt.

Esta división genera preocupación entre juristas, que advierten sobre el riesgo de perder una visión integral.

“Esto debería investigarse como una posible asociación ilícita”, sostienen.

El trasfondo revela problemas estructurales: falta de controles, debilidades en la trazabilidad de medicamentos y una cultura de silencio dentro del sistema sanitario.

“Alguien lo sabía o debería haberlo sabido”, afirman fuentes críticas con la gestión institucional.

En medio de la crisis, surgió el testimonio de una médica residente que alertó a sus superiores sobre el estado de una compañera.

Su intervención fue clave para iniciar la investigación.

“Sin ese aviso, quizás nada habría salido a la luz”, reconocen.

El impacto del caso ya se siente en hospitales, donde se empiezan a implementar controles más estrictos para el retiro de medicamentos.

Sin embargo, el debate sigue abierto: cómo equilibrar la seguridad con la operatividad en situaciones de emergencia.

Más allá de las responsabilidades individuales, el caso expone una crisis de confianza.

“Cuando ingresamos a un hospital, confiamos en un pacto fundamental: no causar daño”, reflexionan voces del ámbito médico.

Hoy, ese pacto está en cuestión.