IMPUTADAS las hijas de Zapatero por el Caso Plus Ultra
IMPUTADAS las hijas de Zapatero por el Caso Plus Ultra
🚨 La investigación sobre el caso Plus Ultra da un nuevo giro inesperado.
Una decisión judicial coloca en el centro de la atención a personas muy próximas a un expresidente del Gobierno y reabre el debate político en España.
Lo que acaba de ocurrir podría marcar un antes y un después en una de las causas más seguidas del país.
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La investigación judicial sobre el denominado caso Plus Ultra ha dado un nuevo paso con la decisión del magistrado José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, de citar en calidad de investigadas a Alba Rodríguez Espinosa y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como a Gertrudis Alcázar, histórica colaboradora y secretaria de confianza del exdirigente socialista.
La resolución supone una nueva etapa dentro de una causa que desde hace meses concentra una enorme atención mediática y política debido a las sospechas que rodean determinadas operaciones económicas relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
La decisión judicial llega después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara que las tres comparecieran como investigadas para garantizar plenamente sus derechos de defensa dentro del procedimiento.
El magistrado considera que la posición que ocupan las hijas de Zapatero dentro de la sociedad mercantil WhatTheFav S.
L.
justifica que sean llamadas a declarar con esa condición procesal.
Según consta en las actuaciones conocidas públicamente, ambas figuran como administradoras de la empresa, una circunstancia que, a juicio del instructor, impide tratarlas simplemente como testigos en una investigación que analiza movimientos económicos y relaciones societarias vinculadas al entorno investigado.
La causa examina la actividad de diversas empresas y personas que, según los investigadores, podrían haber participado en una estructura de relaciones económicas que actualmente se encuentra bajo escrutinio judicial.
No obstante, la existencia de una investigación no implica culpabilidad alguna y será el desarrollo del procedimiento el que determine si existen o no responsabilidades penales.
Durante su reciente comparecencia ante la Audiencia Nacional, José Luis Rodríguez Zapatero rechazó las acusaciones y defendió la legalidad de todas las actividades desarrolladas por él y por las personas de su entorno.
El expresidente sostuvo que nunca intervino de manera irregular en el rescate de Plus Ultra y negó haber utilizado su influencia para obtener beneficios económicos indebidos.
“Siempre he actuado con honradez y dentro de la legalidad”, ha mantenido públicamente Zapatero, quien insiste en que las actividades empresariales vinculadas a sus hijas respondían a trabajos profesionales reales relacionados con comunicación y consultoría.
Uno de los elementos que más atención ha generado en la investigación es la relación comercial existente entre WhatTheFav S.
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y otras sociedades que aparecen en el sumario.
Los investigadores intentan determinar si determinados pagos y contratos respondían a servicios efectivamente prestados o si pudieron tener otra finalidad.
Precisamente esa es una de las cuestiones que ahora deberá aclararse durante la fase de instrucción.
En cuanto a Gertrudis Alcázar, el auto judicial considera que su papel dentro del entorno profesional de Zapatero hace necesaria también su comparecencia como investigada.
Los informes policiales incorporados a la causa le atribuyen funciones de gestión documental y coordinación administrativa que, según los investigadores, podrían resultar relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
La decisión del juez ha provocado una inmediata reacción política.
Mientras sectores de la oposición consideran que la investigación debe continuar hasta aclarar completamente todas las circunstancias del caso, desde posiciones próximas al expresidente se insiste en que la citación como investigadas no supone una condena ni una prueba de culpabilidad, sino una garantía procesal para quienes aparecen mencionados en las diligencias.
Juristas consultados en distintos medios recuerdan que la condición de investigado en el ordenamiento jurídico español permite precisamente que una persona pueda conocer los hechos que se le atribuyen, acceder a las actuaciones y ejercer plenamente su derecho de defensa.
Por ello, la apertura de esta fase procesal no anticipa necesariamente cuál será el resultado final del procedimiento.
El caso Plus Ultra continúa así sumando nuevos capítulos en una investigación que permanece abierta y cuyo desenlace todavía está lejos de conocerse.
Por el momento, la Audiencia Nacional sigue recopilando documentación, declaraciones e informes con el objetivo de determinar si existieron irregularidades susceptibles de reproche penal o si, por el contrario, los hechos investigados terminan siendo archivados.
La evolución de las próximas diligencias será determinante para conocer el alcance real de una causa que ha adquirido una enorme relevancia pública y que mantiene bajo observación tanto a los investigadores como a los principales protagonistas de uno de los procesos judiciales más seguidos de la actualidad política española.
