Informe de la UCO sitúa a Coldo como intermediario clave ante Armengol en gestiones empresariales durante la pandemia

Un nuevo informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco sobre una serie de comunicaciones que vinculan al exasesor ministerial Koldo García con gestiones empresariales ante el Gobierno balear presidido entonces por Francina Armengol.

El documento, remitido a instancias judiciales, describe un entramado de contactos y mensajes que, según los investigadores, reflejarían una relación de confianza entre ambos en pleno contexto de la crisis sanitaria de 2020.

De acuerdo con el informe, Koldo García habría actuado como “valedor” de intereses empresariales vinculados a Víctor de Aldama, facilitando interlocución con el Ejecutivo balear en un momento crítico marcado por la urgencia en la adquisición de material sanitario.

En ese contexto, los mensajes analizados muestran un tono de cercanía que, según la UCO, va más allá de una relación institucional habitual.

Uno de los intercambios más relevantes data del 1 de noviembre de 2020.

En esa conversación, Armengol comunica a Koldo García: “Me acaba de llamar Salvador Illa.

Esta semana me contesta a nuestra propuesta.

Le he visto más predispuesto.

Tendremos que seguir insistiendo”.

La referencia apunta a Salvador Illa, entonces titular de Sanidad, en un momento en el que las administraciones buscaban asegurar suministros sanitarios en plena pandemia.

Ese mismo día, horas después, Koldo responde de forma directa: “Llámame cuando puedas, por favor”.

Para los investigadores, este tipo de intercambios evidencian una comunicación fluida y constante entre ambos, en asuntos que, según el informe, podrían estar relacionados con operaciones empresariales concretas.

La documentación también recoge mensajes de otros actores vinculados al entorno empresarial investigado.

El 3 de noviembre de 2020, Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama, escribe a un colaborador: “Han cerrado hoy con la Policía Nacional presumiblemente la relación de los TES y Baleares esta semana darán el okay.

Las cosas van saliendo”.

Este mensaje es interpretado por la UCO como un indicio de que determinadas gestiones avanzaban de forma coordinada entre distintos niveles institucionales.

Otro de los mensajes clave se sitúa el 15 de junio de 2020, cuando Armengol habría contactado directamente con Koldo García solicitando interlocución con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

“Necesito hablar con el ministro, ¿me puedes ayudar?”, habría escrito.

La respuesta, según el informe, fue inmediata: una invitación a establecer contacto telefónico para canalizar la solicitud.

Estas revelaciones contrastan con la declaración que la actual presidenta del Congreso remitió por escrito al Tribunal Supremo en calidad de testigo dentro del procedimiento judicial.

En dicho testimonio, Armengol aseguró que “nunca habló con Koldo ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra” y que “nunca mantuvo ninguna conversación con el exministro sobre la contratación de material sanitario”.

Asimismo, precisó que sus comunicaciones con Ábalos se limitaron a cuestiones relativas al cierre de puertos y aeropuertos durante la emergencia sanitaria.

El informe de la UCO, que ya obra en poder del magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, introduce así elementos que podrían entrar en contradicción con esa versión.

Los investigadores sostienen que el análisis cruzado de mensajes permite reconstruir una secuencia de hechos en la que las gestiones empresariales y las comunicaciones políticas aparecen estrechamente vinculadas.

En el núcleo de la investigación se encuentra la posible intermediación de Koldo García en operaciones que implicaban a empresas privadas interesadas en contratos relacionados con la pandemia.

La figura de Víctor de Aldama emerge como uno de los principales beneficiarios de estas gestiones, en un entramado donde la rapidez y el acceso a contactos institucionales resultaban determinantes.

El contexto de excepcionalidad vivido durante 2020, con administraciones públicas sometidas a una presión sin precedentes, es un elemento que los investigadores consideran clave para entender la dinámica de los hechos.

Sin embargo, subrayan que esa misma urgencia no excluye la necesidad de transparencia y control en los procesos de contratación.

A medida que avanza la investigación, el contraste entre los mensajes analizados y las declaraciones judiciales adquiere un peso creciente.

La eventual existencia de contradicciones podría tener implicaciones legales relevantes, especialmente en el ámbito del testimonio prestado ante instancias judiciales.

Por ahora, el contenido del informe refuerza la línea de investigación sobre posibles irregularidades en la gestión de contratos durante la pandemia, al tiempo que sitúa a varios actores políticos y empresariales en el centro de un caso que continúa desarrollándose en los tribunales.