INVESTIGAN UNA COMIDA OFICIAL DE 410 EUROS CON Óscar Puente CARGADA A FONDOS MUNICIPALES

🔥💶🍽️ Una factura, un informe desfavorable y muchas preguntas sin responder 🍽️💶🔥
Un almuerzo institucional ha desatado la controversia en un municipio andaluz, donde documentos oficiales han puesto en duda la legalidad de ciertos gastos públicos 😨📄. Lo que parecía una visita protocolaria más se ha convertido en un foco de debate político y administrativo ⚖️🔥. “No se ajusta a la normativa vigente”, advierten los informes técnicos, mientras crece la presión por esclarecer lo ocurrido 👁️⚡.

El alcalde de Álora, Francisco Martínez Subires, se encuentra en el centro de la polémica tras conocerse que un almuerzo mantenido con el ministro Óscar Puente en abril de 2025 fue cargado a las arcas municipales, pese a contar con un informe desfavorable del interventor.

Según la documentación revisada, el encuentro tuvo lugar durante una visita institucional del ministro al municipio malagueño, considerado uno de los bastiones socialistas en Andalucía. Tras una jornada de actividades oficiales, los asistentes —entre ellos el regidor y una tercera persona— acudieron a comer a un conocido complejo turístico en la zona natural de El Chorro.

La factura ascendió a 410,40 euros. Sin embargo, lo que ha generado mayor controversia no es solo la cuantía, sino el procedimiento seguido para justificar el gasto. De acuerdo con el interventor municipal, la cuenta fue incluida dentro de un conjunto de gastos protocolarios que alcanzaban un total de 2.499 euros, todos ellos presentados por el alcalde.

El informe técnico es claro: la justificación presentada “no cumple con lo dispuesto” en la normativa vigente. En concreto, se hace referencia al artículo 7 del Real Decreto de 2012 y a los criterios establecidos por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que exigen una memoria detallada para este tipo de gastos.

Dicha memoria debe especificar aspectos clave como el motivo de la reunión, su finalidad, el contenido tratado, el lugar de celebración y la identificación de los asistentes. Sin embargo, según el interventor, estos requisitos no fueron debidamente acreditados en la documentación presentada.

“Los justificantes no se ajustan a los criterios exigidos”, señala el informe, que concluye con una fiscalización desfavorable de la cuenta justificativa.

Otro punto que ha levantado sospechas es la ausencia de un ticket desglosado que detalle los productos consumidos durante el almuerzo. Este hecho resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que, según la carta del establecimiento, el plato más caro ronda los 28 euros, lo que ha llevado a cuestionar cómo tres comensales pudieron alcanzar una factura superior a los 400 euros.

Fuentes conocedoras del procedimiento administrativo recuerdan que, en visitas oficiales, los ministros cuentan con anticipos de caja destinados precisamente a cubrir gastos como comidas o desplazamientos. En este caso, según la información disponible, no se habría utilizado ese mecanismo, trasladando el coste directamente a las cuentas municipales.

El lugar elegido para el almuerzo tampoco ha pasado desapercibido. Se trata de un complejo turístico ubicado en una antigua fábrica de harina del siglo XIX, completamente rehabilitada y convertida en un espacio de alto valor paisajístico, con vistas al lago y servicios propios de un hotel moderno.

Más allá del entorno, el foco sigue puesto en la legalidad del gasto. La intervención municipal ha dejado constancia de sus objeciones, lo que podría derivar en futuras revisiones o incluso en responsabilidades administrativas si se concluye que se vulneraron las normas.

Hasta el momento, no consta una respuesta pública detallada por parte del alcalde sobre las observaciones del interventor. Tampoco se ha aclarado por qué no se aportó una justificación más completa del gasto ni el desglose de la factura.

El caso ha reabierto el debate sobre el uso de fondos públicos en actos protocolarios y la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en las administraciones locales. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo en Álora, donde una comida institucional ha pasado de ser un gesto habitual a convertirse en objeto de escrutinio público.