Italia y Dinamarca PLANTAN CARA a Sánchez sobre inmigración: “NO a los ilegales”
🇪🇺 La política migratoria europea vuelve a estar en el centro del debate.
Una iniciativa impulsada por Giorgia Meloni y Mette Frederiksen abre un nuevo frente político en Bruselas y plantea medidas que podrían cambiar la gestión de los retornos.
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Italia y Dinamarca han vuelto a situar la política migratoria en el centro de la agenda europea con una posición conjunta a favor de acelerar los retornos y explorar centros de retorno en terceros países.
La iniciativa está encabezada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y se produce en un momento de intenso debate en la Unión Europea sobre el control de las fronteras y la aplicación de las órdenes de retorno.
La cuestión no parte únicamente de una declaración bilateral.
El 19 de junio de 2026, Meloni y Frederiksen promovieron, junto con otros 17 líderes europeos, una carta dirigida a las instituciones comunitarias para reclamar una aplicación rápida de las nuevas normas sobre retornos y respaldar la posibilidad de establecer centros en terceros países.
En el documento se menciona expresamente la cooperación entre Italia y Albania como uno de los modelos que ya se encuentran en marcha.
La posición de Roma y Copenhague se ha endurecido además en el contexto de las últimas discusiones sobre inmigración irregular.
Ambas dirigentes defienden una política más estricta y consideran prioritario aumentar la capacidad de los Estados para ejecutar las decisiones de retorno cuando una persona no tiene derecho legal a permanecer en territorio europeo.
Frederiksen lo resumió con una frase especialmente contundente: «Debemos recuperar el control de las fronteras de Europa».
La dirigente danesa sostiene que la llegada irregular tiene consecuencias importantes para las sociedades europeas y defiende que los países deben disponer de nuevas herramientas para gestionar los retornos.
Meloni, por su parte, ha presentado la posibilidad de establecer centros de retorno fuera de la Unión Europea como una de las principales novedades del nuevo marco comunitario.
Tras la aprobación europea de las nuevas reglas, la primera ministra italiana calificó la posibilidad de crear estos centros en terceros países como una medida histórica y vinculó la iniciativa con el modelo desarrollado por su Gobierno en Albania.
El cambio no es menor.
El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron en junio un acuerdo provisional sobre nuevas normas destinadas a facilitar y acelerar los procedimientos de retorno de ciudadanos de terceros países que no tienen derecho a permanecer en la Unión.
El acuerdo contempla también herramientas para establecer centros de retorno fuera de la UE, siempre dentro del marco jurídico europeo y con respeto a los derechos fundamentales.
La propuesta italiana y danesa, por tanto, no significa que todos los países europeos hayan adoptado automáticamente el denominado «modelo de Albania».
Se trata de una opción que los Estados miembros pueden explorar dentro del nuevo marco comunitario.
De hecho, España no figuró entre los 19 países que suscribieron la carta de junio, según la información disponible sobre aquella iniciativa.
En paralelo, el debate político se ha intensificado después de las recientes tensiones migratorias en Ceuta.
Las posiciones sobre cómo debe responder Europa ante las llegadas irregulares han generado diferencias entre gobiernos, especialmente en torno al control fronterizo, las devoluciones y la cooperación con países terceros.
Uno de los puntos más controvertidos es precisamente la relación entre inmigración irregular y seguridad.
Las declaraciones difundidas recientemente atribuyen a Meloni y Frederiksen una relación directa entre determinados problemas sociales y la inmigración irregular.
Sin embargo, esas afirmaciones deben entenderse como una posición política de ambas dirigentes y no como una conclusión estadística universalmente demostrada.
No existe base suficiente para afirmar de manera general que la inmigración irregular provoque por sí misma un aumento de la delincuencia en todos los países europeos.
También permanece abierto el debate jurídico sobre cómo funcionarían los centros de retorno y qué garantías deberían aplicarse a las personas trasladadas a ellos.
El nuevo marco europeo establece expresamente que cualquier mecanismo de este tipo debe respetar los derechos fundamentales, por lo que su aplicación concreta dependerá de acuerdos internacionales, legislación europea y decisiones de los tribunales competentes.
Así, más que un enfrentamiento directo entre Italia y Dinamarca contra Pedro Sánchez, lo que se observa es una división política dentro de Europa sobre la estrategia migratoria.
Meloni y Frederiksen forman parte de un grupo de gobiernos que reclama medidas más contundentes y una utilización rápida de las nuevas herramientas comunitarias, mientras otros países mantienen posiciones diferentes sobre su alcance y aplicación.
La cuestión promete seguir generando tensión en Bruselas: Europa ya dispone de un nuevo marco para acelerar los retornos, pero todavía queda por determinar hasta dónde llegará en la práctica la utilización de centros situados fuera de la Unión y qué países estarán dispuestos a participar en ellos.
Descargo de responsabilidad: Este contenido puede haber sido creado por IA con fines de entretenimiento.
Cualquier parecido con personas, eventos o lugares reales es pura coincidencia.
