JUSTICIA BAJO SOSPECHA TRAS LA MUERTE DE UN NIÑO DE 4 AÑOS DEVUELTO A SU MADRE CON ANTECEDENTES DE VIOLENCIA

🔥⚖️🕯️ Un fallo judicial, múltiples advertencias ignoradas y un desenlace devastador que conmociona a toda Argentina 🕯️⚖️🔥
Un niño de apenas cuatro años murió tras ser revinculado con su madre biológica, pese a antecedentes graves y alertas reiteradas 🚨💔.

El caso reabre el debate sobre el sistema de protección infantil y la responsabilidad de quienes debían garantizar su seguridad ⚡👁️.

“Yo tenía un hijo, pero me lo sacaron”, dijo su padre entre lágrimas.

Hoy, el país exige respuestas.

La muerte de Ángel Nicolás López, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, ha sacudido profundamente a la sociedad argentina y puesto en el centro del debate el funcionamiento del sistema judicial de familia.

El pequeño falleció el 6 de abril de 2026 en el Hospital Regional, tras haber sido internado con un cuadro crítico derivado de traumatismos internos en el cráneo.

Ángel había sido separado de su padre, Luis López, y de Lorena Andrade —la mujer que lo crió desde bebé— por decisión judicial en noviembre de 2025, en el marco de un proceso de revinculación con su madre biológica, Mariel Altamirano.

La medida fue adoptada pese a que la mujer contaba con antecedentes documentados de violencia, incluyendo la pérdida previa de la custodia de otro hijo.

“Yo tenía un hijo, pero me lo sacaron”, expresó el padre en declaraciones públicas, visiblemente quebrado.

Lorena Andrade, por su parte, describió con dolor el desenlace: “Lo dejó en coma al nene, lo dejó tirado en el hospital y se fue a dormir a su casa”.

El informe preliminar de la autopsia reveló lesiones intracraneales compatibles con violencia severa.

Según el fiscal Facundo Oribones, las heridas se habrían producido como máximo diez días antes de la muerte.

Además, el parte médico de la ambulancia ya indicaba la existencia de un traumatismo previo incluso antes de que el niño ingresara al hospital.

Los especialistas no descartan que las lesiones correspondan al llamado síndrome del bebé sacudido, una forma de maltrato infantil que implica movimientos violentos capaces de provocar daño cerebral irreversible.

Este tipo de lesiones no suele dejar marcas externas visibles, pero genera consecuencias devastadoras.

La madre y su pareja, Michael González, fueron detenidos e imputados por presunto homicidio agravado por el vínculo.

Sin embargo, la indignación social no se limita a los presuntos responsables directos.

El foco también apunta al sistema judicial que permitió que Ángel regresara a un entorno considerado de riesgo.

El juez de familia que autorizó la revinculación, Pablo José Pérez, tomó la decisión a pesar de contar con informes de su propio equipo interdisciplinario que recomendaban que el niño permaneciera con su familia de crianza.

Incluso en una audiencia, el propio Ángel habría manifestado que su “centro de vida” estaba con Lorena Andrade.

A pesar de estas señales, el proceso avanzó.

En marzo de 2026, se dictó una restricción perimetral que impidió todo contacto del niño con su padre y su entorno protector.

Desde ese momento, quedó exclusivamente bajo el cuidado de su madre y la pareja de esta.

Las alertas no tardaron en aparecer.

Docentes del jardín de infantes reportaron cambios bruscos en su comportamiento apenas días después de la revinculación.

El niño se mostraba decaído, irritable y dejó de participar en actividades que antes disfrutaba.

Vecinos también declararon haberlo visto en condiciones de abandono, con signos visibles de descuido.

“El nene hablaba, el jardín escribió un informe, los vecinos veían lo que pasaba… y la justicia no hizo nada”, señaló una fuente cercana al caso.

Además, se investiga la actuación de profesionales que intervinieron en la evaluación del entorno familiar.

La psicóloga Jennifer Grisel Leiva y la asesora Verónica Roldán están bajo análisis por su posible participación en informes técnicos que habrían avalado la revinculación.

Según trascendidos, algunos de estos reportes podrían haber sido elaborados de manera genérica, sin un estudio profundo del caso.

La situación ha generado una ola de protestas en Comodoro Rivadavia y en distintas ciudades del país.

Ciudadanos autoconvocados marcharon con velas y fotografías del niño, exigiendo justicia y responsabilidades.

La presión social crece ante la falta de medidas contra los funcionarios que intervinieron en el proceso.

El caso también revive el recuerdo de otro episodio similar: el de Lucio Dupuy, un niño de 5 años asesinado en 2021 tras haber sido revinculado con su madre en circunstancias igualmente cuestionadas.

A pesar de la sanción de la llamada “Ley Lucio”, destinada a fortalecer la protección de menores, los hechos parecen repetirse.

“El problema no es solo un error, es un sistema que falla”, coinciden voces críticas.

Mientras tanto, el juez que tomó la decisión continúa en funciones, y las investigaciones sobre posibles responsabilidades institucionales avanzan lentamente.

La muerte de Ángel no solo deja una tragedia irreparable, sino también una pregunta abierta sobre la eficacia real de las herramientas legales destinadas a proteger a los más vulnerables.

Una pregunta que, por ahora, sigue sin respuesta.