La Guardia Civil PLANTA CARA a la etarra Mertxe Aizpurúa: “Ella señalaba a quien disparar”

🚨 La tensión política volvió a estallar en el Congreso tras unas declaraciones que han provocado una contundente reacción dentro de la Guardia Civil.

Un cruce de acusaciones, mensajes muy duros y un debate que vuelve a situar en el centro de la polémica la relación entre política, justicia y fuerzas de seguridad.

Lo ocurrido ha generado una ola de respuestas que ya sacude el panorama nacional.

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La polémica política e institucional volvió a intensificarse esta semana después de que la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, cuestionara durante una sesión parlamentaria la actuación de determinados órganos del Estado en el contexto de las investigaciones que afectan al entorno político nacional.

Sus declaraciones provocaron una rápida y contundente respuesta de JUCIL, una de las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que acusó a la dirigente abertzale de desacreditar el trabajo de las fuerzas de seguridad y de la judicatura.

Durante su intervención en el Congreso, Aizpurua afirmó que existe una operación destinada a desestabilizar al Gobierno y sostuvo que “la Guardia Civil, la Policía y la Judicatura fabrican informes y sumarios para operaciones políticas”.

Sus palabras generaron una inmediata controversia tanto dentro como fuera de la Cámara, al poner en cuestión la imparcialidad de instituciones clave del Estado.

La portavoz de EH Bildu realizó estas declaraciones en un discurso en el que también reclamó al Ejecutivo que esclarezca cualquier posible caso de corrupción y depure responsabilidades cuando corresponda.

Sin embargo, la referencia directa a los cuerpos policiales y al poder judicial fue interpretada por numerosos sectores como un ataque frontal a la credibilidad de dichas instituciones.

La reacción más contundente llegó desde JUCIL.

La organización emitió varios mensajes en los que defendió la profesionalidad de los agentes y rechazó de manera categórica las acusaciones formuladas desde la tribuna parlamentaria.

“No vamos a aceptar lecciones de quienes jamás han condenado con claridad el terrorismo ni de quienes cuestionan el trabajo ejemplar de nuestros compañeros”, señalaron representantes de la asociación.

La respuesta de los guardias civiles fue especialmente dura al recordar el pasado político y periodístico de Aizpurua.

Diversos dirigentes de la organización manifestaron que las declaraciones de la portavoz de Bildu resultan especialmente ofensivas para quienes han dedicado su carrera a combatir el terrorismo y a proteger el Estado de derecho.

“Recordar es un deber”, subrayaron en algunos de sus comunicados difundidos a través de redes sociales.

El enfrentamiento verbal se produce en un momento especialmente sensible para las instituciones, marcado por investigaciones judiciales de gran repercusión pública y por un clima político cada vez más polarizado.

Desde la Guardia Civil insisten en que los agentes desarrollan su trabajo bajo la dirección de jueces y fiscales, respetando estrictamente la legalidad vigente y actuando con independencia de cualquier interés partidista.

La controversia también ha reabierto el debate sobre el papel de las fuerzas de seguridad en las investigaciones que afectan a responsables políticos.

Mientras algunos sectores consideran legítimo cuestionar determinadas actuaciones cuando existen dudas sobre procedimientos concretos, otros sostienen que generalizar acusaciones contra cuerpos enteros supone erosionar la confianza ciudadana en instituciones fundamentales para el funcionamiento democrático.

En este contexto, la intervención de Aizpurua y la posterior respuesta de JUCIL han vuelto a evidenciar la profunda fractura política existente en España.

Lo que comenzó como una crítica parlamentaria terminó convirtiéndose en un enfrentamiento de gran repercusión pública, con mensajes cada vez más duros y con acusaciones cruzadas que han ocupado buena parte del debate político de los últimos días.

Desde EH Bildu no se han retractado de las declaraciones realizadas en el Congreso, mientras que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil mantienen su defensa cerrada de la labor desarrollada por los agentes.

La disputa refleja la tensión creciente entre diferentes actores políticos e institucionales en un momento especialmente complejo para la vida pública española.

La polémica, lejos de apagarse, continúa alimentando un intenso debate sobre la independencia de las instituciones, el respeto a las fuerzas de seguridad y los límites de la crítica política en un escenario cada vez más marcado por la confrontación.