MÁS REGISTROS EN EL CASO PLUS ULTRA: LA POLICÍA IRRUMPE EN LA EMPRESA DE LAS HIJAS DE ZAPATERO Y EN SOCIEDADES VINCULADAS A EMPRESARIOS VENEZOLANOS

\🚨⚖️ La investigación sobre el caso Plus Ultra acaba de entrar en una fase explosiva 💥👁️.

Agentes de la UDEF registraron oficinas vinculadas al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, incluida la empresa de sus hijas en pleno centro de Madrid 🏢📂.

Documentación, ordenadores y dispositivos electrónicos fueron incautados mientras la Audiencia Nacional estrecha el cerco sobre una supuesta red de tráfico de influencias y cobro de comisiones ilegales 🌍💰.

La aparición de empresarios venezolanos y sociedades conectadas con contratos de PDVSA añade ahora una dimensión internacional que dispara la tensión política y judicial 🔥⛓️.

La investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra dio este martes un nuevo salto de enorme impacto político y mediático tras la batería de registros ordenados por la Audiencia Nacional contra el entorno empresarial de José Luis Rodríguez Zapatero.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron el despacho profesional del expresidente en la calle Ferraz de Madrid, además de varias sociedades mercantiles relacionadas con la causa, entre ellas la empresa de sus hijas, What The Fav S.

L.

La operación comenzó a primera hora de la mañana y se prolongó durante varias horas bajo máxima discreción.

Según fuentes próximas a la investigación, los agentes se llevaron abundante documentación física y dispositivos electrónicos cuyo contenido será ahora analizado por los especialistas de la Policía Nacional.

El objetivo es rastrear posibles contratos ficticios, transferencias sospechosas y presuntos pagos encubiertos relacionados con el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia.

La empresa What The Fav, dedicada al ámbito de la comunicación y el marketing digital y administrada por las hijas del expresidente, aparece en el sumario como una de las sociedades bajo análisis por los investigadores.

Según el auto judicial, la compañía habría recibido importantes transferencias procedentes de mercantiles investigadas por la supuesta red de tráfico de influencias.

Paralelamente, la UDEF actuó también sobre otras firmas vinculadas al caso, entre ellas Inteligencia Prospectiva S.L.

, una sociedad relacionada con empresarios venezolanos afincados en Madrid.

Los investigadores consideran que varias de estas compañías podrían haber servido para canalizar fondos procedentes de contratos vinculados a PDVSA y otras operaciones empresariales desarrolladas entre España, Venezuela y Panamá.

Parte de esas transferencias, según las pesquisas, habrían terminado llegando al entorno empresarial próximo al expresidente socialista.

La investigación sitúa en el centro de la trama a un grupo de sociedades consideradas por el juez como “instrumentales” y carentes de actividad económica real.

El magistrado José Luis Calama sostiene en su resolución que existía “una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias”, supuestamente encabezada por Zapatero.

El expresidente deberá comparecer ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio en calidad de investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

La imputación representa un hecho sin precedentes en la democracia española, al tratarse de la primera vez que un antiguo jefe del Ejecutivo es investigado formalmente en una causa de corrupción de esta magnitud.

Durante las últimas horas, el entorno político reaccionó con enorme tensión.

Mientras el PSOE cerró filas en defensa de Zapatero y pidió respeto a la presunción de inocencia, partidos de la oposición reclamaron explicaciones inmediatas y exigieron conocer el alcance real de las operaciones financieras investigadas.

Uno de los puntos que más interés ha despertado entre los investigadores es la posible conexión internacional de la trama.

La Audiencia Nacional analiza movimientos económicos que habrían transitado por sociedades domiciliadas fuera de España, incluyendo estructuras empresariales radicadas en Dubái y Panamá.

Parte de esos fondos, según el sumario, habrían sido justificados mediante supuestos contratos de consultoría y asesoramiento considerados ahora ficticios por la instrucción judicial.

Además del despacho de Ferraz y de la empresa de sus hijas, los registros alcanzaron otras mercantiles como Softgestor e Inteligencia Prospectiva, donde los agentes solicitaron acceso a servidores, correos electrónicos y archivos contables.

Fuentes judiciales señalan que el análisis de esa documentación podría resultar decisivo para determinar si existió una red organizada destinada a ocultar el origen y destino real de determinados pagos.

Por el momento no se han producido detenciones relacionadas con los empresarios venezolanos investigados, aunque la Policía mantiene abiertas distintas líneas de análisis financiero y cooperación internacional.

Mientras tanto, la causa continúa creciendo y amenaza con convertirse en uno de los mayores terremotos políticos y judiciales de los últimos años en España.