POLETTI VEGA: AMPAROS, ACUSACIONES Y EL FUNCIONARIO QUE SIGUE AL FRENTE DE LA BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS EN CDMX

⚖️🚨📂 Un funcionario señalado por bloquear denuncias de tortura terminó al frente de una de las áreas más sensibles de la justicia mexicana 🔥🇲🇽.

Luis Eduardo Poletti Vega acumula años de cuestionamientos, amparos judiciales y señalamientos de organizaciones de derechos humanos 👁️📑.

A pesar de ello, no solo permaneció dentro del sistema, sino que fue promovido hasta dirigir investigaciones sobre desapariciones en Ciudad de México ⚠️🕯️.

El caso de Edit Guadalupe volvió a poner su nombre en el centro del escándalo y abrió una pregunta incómoda: ¿quién protege realmente a los altos mandos dentro de las fiscalías mexicanas? 💥⚖️

Luis Eduardo Poletti Vega llegó a ocupar uno de los cargos más delicados dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: dirigir la Fiscalía Especializada para la Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Sin embargo, antes de asumir esa responsabilidad, su trayectoria ya arrastraba años de cuestionamientos, amparos y señalamientos relacionados con presuntas omisiones en investigaciones de tortura.

Su historia dentro del aparato de justicia mexicano comenzó en 2009, cuando ingresó a la entonces Procuraduría General de la República, posteriormente convertida en la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante una década estuvo vinculado a la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, una de las áreas creadas para atender violaciones graves a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Diversas organizaciones civiles y de derechos humanos documentaron durante esos años presuntas negativas sistemáticas para recibir denuncias por tortura.

Entre los señalamientos aparecen referencias a víctimas y familiares que acudieron a presentar casos y aseguraron haber encontrado obstáculos burocráticos, retrasos o negativas para abrir investigaciones formales

Las acusaciones escalaron hasta instancias judiciales.

Existen juicios de amparo promovidos por personas que denunciaron que su derecho a una investigación efectiva habría sido vulnerado.

Aunque esos procedimientos no derivaron en sanciones penales contra Poletti Vega, sí dejaron un historial que, para distintos colectivos, debió haber sido revisado antes de cualquier ascenso dentro del sistema de procuración de justicia.

Pese a ello, al salir de la FGR en noviembre de 2019 no fue separado del servicio público ni enfrentó procesos administrativos conocidos públicamente.

Poco después fue incorporado a la Fiscalía capitalina y más tarde colocado al frente de la unidad encargada de investigar desapariciones forzadas y coordinar búsquedas de personas no localizadas en la Ciudad de México.

El nombramiento generó dudas entre organizaciones y especialistas debido al tipo de responsabilidad que implica el cargo.

La unidad que encabezó tiene la obligación de activar búsquedas inmediatas, coordinar protocolos de emergencia y atender a familias que reportan desapariciones, uno de los problemas más graves que enfrenta actualmente México.

La polémica volvió a estallar en abril de 2026 con el caso de Edit Guadalupe, una joven de 21 años reportada como desaparecida en la capital del país.

Según el testimonio de familiares, al acudir a denunciar los hechos encontraron demoras y supuestas exigencias económicas para agilizar diligencias relacionadas con cámaras de videovigilancia del sistema C5.

La familia aseguró que funcionarios les indicaron que debían esperar 72 horas antes de activar formalmente la búsqueda, una práctica ampliamente cuestionada porque contradice los protocolos nacionales e internacionales, los cuales establecen que la localización debe comenzar de inmediato desde el primer reporte.

“Nos dijeron que esperáramos, que seguramente se había ido por voluntad propia”, declaró uno de los familiares durante entrevistas posteriores.

La indignación pública creció cuando la propia familia terminó contratando investigadores privados y realizando bloqueos para exigir atención.

Fueron los familiares quienes identificaron el edificio donde la joven había sido vista por última vez.

Tras la difusión mediática del caso, el nombre de Luis Eduardo Poletti Vega quedó nuevamente bajo escrutinio debido a que era el responsable del área donde ocurrieron las presuntas omisiones.

La fiscal general capitalina, Bertha Alcalde Luján, anunció posteriormente la separación temporal de dos policías de investigación y un agente del Ministerio Público mientras avanzaban las investigaciones internas.

Sin embargo, Poletti Vega continuó apareciendo públicamente en conferencias oficiales junto a la titular de la Fiscalía.

Cuando periodistas cuestionaron directamente los antecedentes del funcionario, Alcalde Luján respondió que se realizaría “una investigación de fondo”, aunque sin precisar si existía algún procedimiento formal abierto específicamente contra él.

El caso puso nuevamente sobre la mesa las críticas hacia el sistema de procuración de justicia mexicano y los mecanismos de supervisión interna dentro de las fiscalías.

México cerró 2025 con más de 133 mil personas desaparecidas o no localizadas, según cifras oficiales.

Organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y Amnistía Internacional han advertido sobre la gravedad de la crisis y el alto nivel de impunidad en estos delitos.

Diversos informes sostienen que en muchos casos las primeras horas de búsqueda se pierden debido a prácticas burocráticas ilegales, como exigir esperar antes de iniciar investigaciones.

Colectivos de búsqueda también han denunciado durante años que son las propias familias quienes terminan realizando labores que corresponderían al Estado.

La discusión alrededor de Poletti Vega se ha convertido así en símbolo de un problema mayor: la permanencia de funcionarios cuestionados dentro de estructuras encargadas precisamente de investigar delitos graves y proteger derechos humanos.

Hasta ahora, no existe una resolución definitiva que establezca responsabilidades penales directas contra el funcionario.

Sin embargo, las preguntas continúan creciendo alrededor de quién autorizó su permanencia, qué controles internos fueron aplicados a su historial y por qué, pese a los señalamientos acumulados durante años, sigue ocupando espacios clave dentro del sistema de justicia capitalino.

En un país marcado por la crisis de desapariciones y la desconfianza hacia las instituciones, el caso de Luis Eduardo Poletti Vega se ha convertido en reflejo de una discusión mucho más profunda sobre impunidad, rendición de cuentas y la capacidad real del Estado mexicano para investigar a sus propios funcionarios.