SEGOVIA ESTALLA CONTRA URIBE Y REABRE LA HERIDA MÁS POLÉMICA DE LA MINERÍA COLOMBIANA

⛏️🔥 La tensión explotó en Segovia cuando varios mineros enfrentaron cara a cara a Álvaro Uribe y lo acusaron públicamente de haber entregado la riqueza de la región a multinacionales extranjeras.

Gritos, señalamientos y reclamos históricos revivieron uno de los episodios más controversiales de la minería en Colombia.

Lo que ocurrió dejó al descubierto una herida social que sigue abierta después de más de dos décadas.

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La visita del expresidente Álvaro Uribe Vélez a Segovia terminó convertida en un momento de altísima tensión política y social luego de que varios líderes y habitantes de la región lo enfrentaran públicamente por el proceso de liquidación y privatización de la histórica Frontino Gold Mines, una de las empresas mineras más emblemáticas de Colombia.

Entre gritos, reclamos y acusaciones directas, la comunidad expresó el profundo resentimiento que todavía persiste en municipios como Segovia y Remedios por las decisiones tomadas entre 2004 y 2010 alrededor de la mina que durante décadas fue considerada el corazón económico de toda la región nordeste de Antioquia.

“Queremos que nos devuelva la empresa que usted nos quitó.

Usted nos robó la empresa.

Usted es un ladrón y se lo digo en la cara”, le gritó uno de los asistentes al exmandatario en medio de un ambiente cargado de indignación.

Otro manifestante lanzó una acusación aún más fuerte: “Usted para mí es un paraco y espero que no me perfile”.

Las escenas rápidamente se viralizaron en redes sociales y reactivaron uno de los debates más sensibles de la historia minera reciente del país.

Para muchos habitantes de Segovia, la liquidación de Frontino Gold Mines marcó el inicio de una crisis social, laboral y de seguridad que todavía golpea a la región.

Durante años, Frontino Gold Mines fue mucho más que una empresa minera.

Miles de familias dependían directa e indirectamente de la explotación aurífera y la actividad económica de municipios enteros giraba alrededor de la compañía.

Sin embargo, a comienzos de los años 2000 el gobierno impulsó un proceso de reestructuración y posterior liquidación argumentando problemas financieros, falta de inversión y necesidad de modernización tecnológica.

En 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe defendió públicamente la llegada de capital privado como una salida para salvar la mina.

Finalmente, en 2010 los activos terminaron en manos de inversionistas extranjeros vinculados inicialmente a Medoro Resources y posteriormente a Gran Colombia Gold, hoy conocida como Aris Mining.

Ahí nació gran parte del conflicto que todavía hoy divide a la región.

Sindicatos, organizaciones sociales y pequeños mineros denunciaron que el Estado entregó la riqueza minera a multinacionales extranjeras ignorando a las comunidades tradicionales y a los trabajadores históricos de la zona.

Con el paso de los años, las denuncias crecieron.

Líderes mineros afirmaron que la llegada de las multinacionales trajo persecución contra la minería artesanal, conflictos laborales y una creciente presión sobre pequeños explotadores tradicionales.

“Segovia es un pueblo ancestral y tradicional.

Llegó esta multinacional con su política de despojar a los mineros”, denunciaba uno de los líderes comunitarios durante las protestas mineras de 2018, cuando miles de personas salieron nuevamente a las calles para rechazar las condiciones impuestas por la compañía.

Las tensiones no se limitaron únicamente al terreno económico.

Varias organizaciones denunciaron durante años amenazas, persecuciones e incluso asesinatos contra líderes mineros y sindicalistas.

Uno de los casos más recordados fue el homicidio en 2015 de Fernando Augusto Silva, reconocido líder de mineros artesanales de la mina Providencia.

También existieron denuncias sobre presuntos vínculos de actores criminales y estructuras paramilitares alrededor del negocio minero en la región.

Algunos sindicatos señalaron supuestas relaciones entre terceros operadores mineros y estructuras armadas ilegales, acusaciones que durante años hicieron aún más explosivo el ambiente social en Segovia y Remedios.

A esto se sumaron reclamos laborales de extrabajadores y pensionados que aseguraban no haber recibido pagos completos de liquidaciones y prestaciones tras el proceso de cierre y transformación de la empresa.

“Queremos saber dónde están las platas”, reclamaban antiguos empleados desde 2012.

El rechazo acumulado terminó explotando nuevamente durante el reciente encuentro con Uribe.

Lo que ocurrió dejó claro que, para una parte importante de la población minera, el expresidente sigue siendo el principal responsable político de haber permitido la pérdida del control local sobre la principal riqueza de la región.

Mientras sectores cercanos al uribismo defienden la privatización argumentando que la mina atravesaba una crisis insostenible y necesitaba inversión internacional para sobrevivir, gran parte de la comunidad minera sostiene exactamente lo contrario: que la llegada de compañías extranjeras debilitó la economía local y destruyó el modelo tradicional de subsistencia minera.

Más de quince años después de la venta de los activos de Frontino Gold Mines, la herida continúa abierta.

En Segovia, el conflicto ya no se limita únicamente a un debate empresarial o jurídico.

Para miles de habitantes, se trata de una discusión sobre identidad, territorio, trabajo y memoria histórica.

Y las escenas vividas durante la visita de Álvaro Uribe demostraron que el resentimiento social acumulado en una de las regiones mineras más importantes de Colombia sigue más vivo que nunca.