En cuestión de días, Malí volvió a colocarse en el centro de una de las crisis más complejas y violentas del mundo.

Una ofensiva coordinada, rápida y sorprendentemente eficaz sacudió al país de norte a sur: bases militares superadas, ciudades estratégicas comprometidas y un nivel de sincronización insurgente que dejó en evidencia la fragilidad del Estado.

Lo que ocurrió no fue un ataque aislado, sino una demostración de fuerza que marca un antes y un después en el conflicto del Sahel.

Entre el 25 y el 27 de abril de 2026, múltiples puntos del país fueron atacados casi al mismo tiempo.

En Kati, a pocos kilómetros de la capital Bamako, un atentado golpeó directamente el corazón del poder militar.

En ese mismo episodio murió el ministro de Defensa, en lo que muchos analistas interpretan como un intento deliberado de “decapitar” la estructura de mando del gobierno.

Al mismo tiempo, en el norte, ciudades clave como Kidal, Gao y Tombuctú volvieron a convertirse en escenarios de combates intensos.

Las imágenes difundidas mostraban posiciones militares abandonadas, arsenales capturados y una retirada desordenada de las fuerzas estatales.

En el centro del país, localidades como Mopti también registraron enfrentamientos, ampliando el alcance geográfico de la ofensiva.

Detrás de estos ataques se encuentra JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin), una coalición afiliada a Al Qaeda, que actuó en coordinación táctica con facciones tuareg.

Esta alianza puntual refleja la complejidad del conflicto: insurgencias islamistas, movimientos separatistas y tensiones étnicas convergen en un mismo escenario.

Pero para entender cómo Malí llegó a este punto, hay que retroceder más de una década.

El origen moderno de la crisis se remonta a la caída de Muamar el Gadafi en 2011.

El colapso de Libia liberó armas y combatientes que se desplazaron hacia el sur, alimentando rebeliones en todo el Sahel.

En 2012, insurgentes tuareg lanzaron una ofensiva en el norte de Malí, inicialmente aliándose con grupos yihadistas antes de ser desplazados por estos.

La intervención de Francia en 2013, mediante la Operación Serval, logró frenar el avance insurgente en ese momento.

Sin embargo, la posterior operación Barkhane, diseñada para estabilizar la región a largo plazo, no consiguió erradicar la amenaza.

Con el paso de los años, los grupos armados se reorganizaron, se unificaron y expandieron su influencia.

A partir de 2020, una nueva variable cambió el equilibrio: los golpes de Estado.

Gobiernos militares tomaron el poder en Malí, Burkina Faso y Níger, expulsando a fuerzas occidentales y acercándose a Rusia, que comenzó a apoyar a las juntas mediante estructuras como el Africa Corps.

Este giro geopolítico alteró las alianzas, pero no logró mejorar la seguridad.

Por el contrario, la violencia se intensificó.

Masacres, ejecuciones y desplazamientos masivos se volvieron parte del día a día.

Según múltiples informes, tanto insurgentes como fuerzas estatales han cometido abusos graves contra civiles, generando un círculo vicioso de violencia y desconfianza.

Hoy, el conflicto en el Sahel ha alcanzado un nivel crítico.

Los insurgentes no necesitan conquistar ciudades como Bamako para debilitar al Estado.

Su estrategia se basa en el desgaste: ataques coordinados, control de rutas, aislamiento de centros urbanos y expansión progresiva en zonas rurales.

Es una guerra de erosión constante.

El riesgo, además, ya no se limita a Malí.