¡Escándalo y terror! Padres de Valeria Afanador acusados sin pruebas: ¿Víctimas o verdugos? “Cuando el silencio se convierte en amenaza”
El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años que fue encontrada muerta dentro del gimnasio del colegio donde estudiaba en Cajicá, ha generado una conmoción profunda en la comunidad y un clamor urgente por justicia.
Más de dos meses después de la tragedia, la familia de Valeria sigue sin respuestas claras y enfrenta una situación que va más allá del dolor personal: amenazas, rumores y una investigación que parece estancada.
El 12 de agosto, Valeria desapareció durante su jornada académica y posteriormente fue hallada sin vida en el gimnasio campestre Los Laureles, lugar que debía ser seguro para ella.
Desde entonces, sus familiares, amigos y vecinos han recorrido las calles de Cajicá en la llamada “marcha de los 1000 colores”, un emotivo evento en el que se recordaba la alegría y personalidad de la niña a través de carteles, globos y pancartas.
Esta movilización no solo es un homenaje, sino también una exigencia clara a la Fiscalía General de la Nación para que avance en la investigación y entregue resultados concretos .
Manuel Afanador, padre de Valeria, expresó públicamente su frustración por la falta de avances en el caso.
Según sus declaraciones, a pesar del tiempo transcurrido, las autoridades no han realizado ni un solo interrogatorio ni tienen indicios claros sobre responsables o sospechosos.
“Han pasado más de dos meses desde la muerte de mi hija y la Fiscalía no tiene un solo indicio, un solo implicado, un solo sospechoso”, denunció con evidente desesperación durante la marcha.
Esta ausencia de acción ha incrementado la incertidumbre y el dolor de la familia, que siente que la justicia no está cumpliendo con su deber.
Pero la tragedia no termina ahí.
Los padres de Valeria han tenido que enfrentar una situación aún más angustiante: la propagación de rumores malintencionados que los señalan como presuntos responsables de la muerte de su propia hija.
A través de las redes sociales, se han viralizado acusaciones sin fundamento que han generado un clima de inseguridad y miedo para la familia.
Manuel Afanador confesó que están siendo amenazados y que esta desinformación ha hecho que su vida se desmorone, sumando un sufrimiento adicional a su pérdida.
“Nosotros tenemos miedo porque hay desinformación en redes sociales donde nos señalan como responsables”, afirmó con tristeza.
Este fenómeno de acusaciones infundadas y amenazas no solo afecta a la familia, sino que también refleja un problema mayor en la gestión de casos sensibles por parte de las autoridades.
La falta de comunicación clara y de resultados concretos ha dejado un vacío que la desinformación ha llenado con especulaciones dañinas.
La comunidad exige no solo justicia para Valeria, sino también protección para sus padres, quienes ahora deben lidiar con el doble peso del duelo y la estigmatización pública.
En medio de esta crisis, la Fiscalía General de la Nación se encuentra bajo presión para acelerar la investigación y brindar claridad sobre lo ocurrido.
Sin embargo, hasta el momento, no se han divulgado avances significativos ni se ha identificado a ningún sospechoso, lo que alimenta la incertidumbre y el descontento social.
La familia, apoyada por la comunidad, continúa demandando que este caso no quede en el olvido y que se haga justicia para Valeria .
Este caso pone en evidencia la fragilidad del sistema ante situaciones de alto impacto emocional y social, y cómo la falta de respuestas puede abrir la puerta a la especulación y al daño colateral.
La historia de Valeria Afanador es un llamado urgente a las autoridades para que actúen con diligencia y transparencia, y a la sociedad para que evite el juicio prematuro y la propagación de rumores que solo agravan el dolor de quienes ya sufren una pérdida irreparable.
Mientras tanto, la familia de Valeria sigue adelante, enfrentando no solo el vacío dejado por la ausencia de su hija, sino también la pesada carga de ser señalados injustamente.
En un escenario donde la verdad parece diluirse entre el silencio institucional y la presión social, la búsqueda de justicia se convierte en una batalla que trasciende lo legal para tocar lo humano y lo ético.
